EL GOBIERNO ALEGA ANTE LA JUEZA QUE ALPUL DEFIENDE EL INTERÉS PARTICULAR
10/02/2011 - Xoán C. Vidal / El Progreso (Lugo)
El gobierno local acaba de presentar ante el juzgado de Instrucción Número 2 un escrito en el que asegura que la Asociación para la Legalidad del Plan Urbanístico de Lugo no defiende el interés general sino el particular. La misiva trata de justificar unas declaraciones del alcalde José López Orozco en las que acusaba a este colectivo de «escupir para arriba» y tratar de «esconder sus vergüenza», unas palabras que provocaron la presentación por parte de Alpul de una demanda por injurias y calumnias contra el regidor y la delegada de urbanismo, María Novo, que hizo suyas estas manifestaciones.
La presentación de este escrito coincide con la comparecencia de ambos miembros del gobierno hoy en el juzgado para testificar por esta demanda, una declaración que en el caso del alcalde está prevista para las 11.30 de la mañana, mientras que la edil de urbanismo lo hará media hora después.
El documento elaborado por el gobierno local, en el que se alude con ironía a una «pretendida asociación por la legalidad urbanística», incorpora las alegaciones y peticiones realizadas en el departamento de urbanismo del Concello por directivos de Alpul, en los que se solicitaba el cambio de calificación de terrenos en las parroquias de Bosende y Muxa, donde cuentan con propiedades.
Desde el gobierno local se defiende que esas modificaciones no eran técnicamente posibles por lo que fueron descartadas.
El rechazo a estas alegaciones provocó que estos propietarios se decidiesen a constituir Alpul, un colectivo en principio integrado por un reducido número de personas y al que posteriormente se sumaron otros vecinos que tampoco vieron cumplidas con el PXOM sus expectativas de mejora de calificación de sus terrenos, según la hipótesis del gobierno.
Denuncias
Desde finales del año 2009, coincidiendo con la última fase de tramitación del plan urbanístico, la asociación se prodigó en denunciar ante la fiscalía y los juzgados supuestas irregularidades en el PXOM, como tratos de favor a constructores y políticos. La insistencia de los promotores de la asociación acabó por convencer a la titular del juzgado de instrucción número 2, Natalia Paz Domínguez, la única jueza que todavía no cuenta con casos mediáticos, quien decidió abrir una investigación y citar como testigos a tres promotores y a las dos redactoras del plan de urbanismo. En el primer caso, la toma de declaraciones acabó siendo aplazada hasta el 8 de abril, mientras que tras la segunda citación, la jueza acordó llamar como imputada a la delegada de urbanismo para el 28 de abril, día en el que también prestará declaración un constructor que es cuñado de María Novo.
INVESTIGACIÓN. La asociación del Parque también está personada en el caso
* Alpul no es el único colectivo personado en el caso sobre las supuestas irregularidades en el PXOM, ya que la Asociación en Defensa del Parque Rosalía de Castro, creada a raíz de la urbanización de la finca de O Garañón, también acude a las declaraciones que se están sucediendo en el juzgado de Instrucción Número 2.
Posible caso mediático
* Por otra parte, la presencia de promotores y políticos en los juzgados lucenses puede convertir en mediático el caso que lleva Natalia Paz Domínguez, que dirige este juzgado desde diciembre de 2008. Esta jueza, que antes ejerció en Viveiro y Sabadell, acaba de ver rechazada su petición para pasar a ejercer en la sala de lo Contencioso Administrativo del TSXG.
IMPUTACIÓN
Novo dice que los hechos por los que la cita la jueza sucedieron antes de ser edil
La delegada de urbanismo, María Novo, se mostró ayer sorprendida por la decisión de la jueza de llamarla a declarar como imputada tras las denuncias de Alpul de presuntas irregularidades en el PXOM, una comunicación que ayer aún no se había recibido en el Concello. La edil dijo que las actuaciones que se investigan sucedieron cuando todavía no era edil.
La imputación de la delegada obedece a supuestas irregularidades urbanísticas denunciadas por Alpul como consecuencia de los cambios de calificación de suelo en el PXOM en el transcurso de las aprobaciones inicial y provisional. Novo tiene claro que está «acreditado» que ella no figuraba con este cargo cuando se produjo la toma de decisiones «de estos hechos que ahora se están cuestionando».
El PP, a través de su portavoz, Jaime Castiñeira, pidió que «se aclare canto antes calquera irregularidade que enturbie e empañe a imaxe pública de Lugo». Por su parte, Paz Abraira, del BNG, dijo que la imputación era «algo esperable despois das acusacións e declaracións feitas polas redactoras do plan, nas que trasladaron toda a responsabilidade de cambios e recalificacións de terrenos ás directrices do goberno local».
Sobre la declaración de las arquitectas ante la jueza no quiso hacer declaraciones ayer el que fuera edil de urbanismo, Francisco Fernández Liñares, a quien Alpul cita como favorecido con la recalificación de unos terrenos en A Ponte.
10/02/2011 - Xoán C. Vidal / El Progreso (Lugo)
El gobierno local acaba de presentar ante el juzgado de Instrucción Número 2 un escrito en el que asegura que la Asociación para la Legalidad del Plan Urbanístico de Lugo no defiende el interés general sino el particular. La misiva trata de justificar unas declaraciones del alcalde José López Orozco en las que acusaba a este colectivo de «escupir para arriba» y tratar de «esconder sus vergüenza», unas palabras que provocaron la presentación por parte de Alpul de una demanda por injurias y calumnias contra el regidor y la delegada de urbanismo, María Novo, que hizo suyas estas manifestaciones.
La presentación de este escrito coincide con la comparecencia de ambos miembros del gobierno hoy en el juzgado para testificar por esta demanda, una declaración que en el caso del alcalde está prevista para las 11.30 de la mañana, mientras que la edil de urbanismo lo hará media hora después.
El documento elaborado por el gobierno local, en el que se alude con ironía a una «pretendida asociación por la legalidad urbanística», incorpora las alegaciones y peticiones realizadas en el departamento de urbanismo del Concello por directivos de Alpul, en los que se solicitaba el cambio de calificación de terrenos en las parroquias de Bosende y Muxa, donde cuentan con propiedades.
Desde el gobierno local se defiende que esas modificaciones no eran técnicamente posibles por lo que fueron descartadas.
El rechazo a estas alegaciones provocó que estos propietarios se decidiesen a constituir Alpul, un colectivo en principio integrado por un reducido número de personas y al que posteriormente se sumaron otros vecinos que tampoco vieron cumplidas con el PXOM sus expectativas de mejora de calificación de sus terrenos, según la hipótesis del gobierno.
Denuncias
Desde finales del año 2009, coincidiendo con la última fase de tramitación del plan urbanístico, la asociación se prodigó en denunciar ante la fiscalía y los juzgados supuestas irregularidades en el PXOM, como tratos de favor a constructores y políticos. La insistencia de los promotores de la asociación acabó por convencer a la titular del juzgado de instrucción número 2, Natalia Paz Domínguez, la única jueza que todavía no cuenta con casos mediáticos, quien decidió abrir una investigación y citar como testigos a tres promotores y a las dos redactoras del plan de urbanismo. En el primer caso, la toma de declaraciones acabó siendo aplazada hasta el 8 de abril, mientras que tras la segunda citación, la jueza acordó llamar como imputada a la delegada de urbanismo para el 28 de abril, día en el que también prestará declaración un constructor que es cuñado de María Novo.
INVESTIGACIÓN. La asociación del Parque también está personada en el caso
* Alpul no es el único colectivo personado en el caso sobre las supuestas irregularidades en el PXOM, ya que la Asociación en Defensa del Parque Rosalía de Castro, creada a raíz de la urbanización de la finca de O Garañón, también acude a las declaraciones que se están sucediendo en el juzgado de Instrucción Número 2.
Posible caso mediático
* Por otra parte, la presencia de promotores y políticos en los juzgados lucenses puede convertir en mediático el caso que lleva Natalia Paz Domínguez, que dirige este juzgado desde diciembre de 2008. Esta jueza, que antes ejerció en Viveiro y Sabadell, acaba de ver rechazada su petición para pasar a ejercer en la sala de lo Contencioso Administrativo del TSXG.
IMPUTACIÓN
Novo dice que los hechos por los que la cita la jueza sucedieron antes de ser edil
La delegada de urbanismo, María Novo, se mostró ayer sorprendida por la decisión de la jueza de llamarla a declarar como imputada tras las denuncias de Alpul de presuntas irregularidades en el PXOM, una comunicación que ayer aún no se había recibido en el Concello. La edil dijo que las actuaciones que se investigan sucedieron cuando todavía no era edil.
La imputación de la delegada obedece a supuestas irregularidades urbanísticas denunciadas por Alpul como consecuencia de los cambios de calificación de suelo en el PXOM en el transcurso de las aprobaciones inicial y provisional. Novo tiene claro que está «acreditado» que ella no figuraba con este cargo cuando se produjo la toma de decisiones «de estos hechos que ahora se están cuestionando».
El PP, a través de su portavoz, Jaime Castiñeira, pidió que «se aclare canto antes calquera irregularidade que enturbie e empañe a imaxe pública de Lugo». Por su parte, Paz Abraira, del BNG, dijo que la imputación era «algo esperable despois das acusacións e declaracións feitas polas redactoras do plan, nas que trasladaron toda a responsabilidade de cambios e recalificacións de terrenos ás directrices do goberno local».
Sobre la declaración de las arquitectas ante la jueza no quiso hacer declaraciones ayer el que fuera edil de urbanismo, Francisco Fernández Liñares, a quien Alpul cita como favorecido con la recalificación de unos terrenos en A Ponte.
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