EL CORONEL HERRERA DESCARGA TODA LA RESPONSABILIDAD DEL CASO CARIOCA EN SUS SUBORDINADOS
02/04/2011 - M.Olarte / J.M.Freire / El Progreso (Lugo)
El imputado de más alto rango en el caso Carioca, José Herrera García-Lora, ahora coronel y máximo responsable de la Guardia Civil en Lugo cuando sucedieron los hechos que se investigan, adujo en su declaración un desconocimiento total de lo que estaba pasando y descargó toda responsabilidad en sus subordinados. No obstante, reconoció que fue informado por medio de una nota procedente de Asuntos Internos de Madrid de que había sospechas sobre el cabo A.L.T., pero que tras realizar ciertas comprobaciones no halló nada y destruyó dicho documento.
La declaración de Herrera figura en la parte del sumario sobre la que ayer se levantó el secreto, y que no arroja grandes novedades sobre lo ya publicado durante todo este tiempo. Las investigaciones sitúan al citado cabo y al subinspector de Extranjería de la Policía Nacional E.A.C.P., además de al policía local R.V.R., en la cima de la trama por lo que respecta a las fuerzas del orden. También el funcionario de Extranjería y abogado G.P.D. y el funcionario de la subdelegación del Gobierno A.L.F. aparecen ampliamente citados en los casi 76.000 folios que componen el sumario.
Del lado de los proxenetas destacan las indagaciones sobre J.M.G.A., dueño del Queens y La Colina, y la mano derecha de éste J.M.P., y su novia, G.P., quienes serían los principales responsables de la introducción de mujeres, sobre todo brasileñas, para dedicarlas a la prostitución. Posteriormente, los focos se centraron sobre los propietarios del Liverpool, el Eclipse y el Eros. Todos ellos disfrutarían, según las indagaciones, de los favores de los agentes del orden imputados.
El grueso de las investigaciones, como ya se publicó, gira en torno a la entrada ilegal de las mujeres en España, su vida en los prostíbulos y los supuestos amaños con las fuerzas del orden para conseguir papeles de residencia y evitar detenciones y expulsiones, casi siempre a cuenta de favores sexuales. En ese sentido, y más allá del morbo de las declaraciones de las prostitutas sobre un sinfín de personas de todos los ámbitos sociales, lo conocido ayer no aporta grandes revelaciones.
Por lo que respecta al coronel Herrera, el imputado de mayor rango, su declaración ante la jueza Pilar de Lara se cimienta en su supuesto desconocimiento de lo que sucedía con el cabo A.L.T. y su superior en el grupo de Personas, J.B.R., pese a que dos compañeras de éstos habían presentado un informe por escrito ante sus superiores -el capitán de la brigada y el comandante, también imputados-. Sin embargo, reconoció que los hechos denunciados eran lo suficientemente graves como para haber tomado medidas drásticas.
No obstante, en otro punto de su declaración asegura que sí llegó a tener cierto conocimiento. Fue a través de una nota remitida por Asuntos Internos desde Madrid, que fueron los que recibieron finalmente la queja que las compañeras del cabo intentaron presentar ante su capitán. Sin embargo, Herrera asegura que la llegó una nota muy escueta, que anduvo haciendo preguntas al respecto un tiempo, que no sacó nada en claro y que acabó por destruir el documento.
El chófer
También fue interrogado, por otra parte, acerca de las declaraciones de varias prostitutas que lo reconocieron, algo que negó tajantemente; de hecho, afirmó que ni siquiera conocía la estrecha relación de su chófer personal durante cinco años con los dueños de los prostíbulos, pese a que solía salir con algunas noches en el coche oficial para realizar inspecciones, según sus palabras. Asimismo, rechazó todas las acusaciones sobre sus supuestas visitas a prostíbulos, sobre la entrega irregular de permisos de armas y sobre concesiones irregulares de obras.
Por otro lado, las actuaciones, y en especial las transcripciones de las grabaciones telefónicas, que fueron el instrumento principal de a investigación, dejan al descubierto el entramado de amistades tejido por el cabo A.L.T., que incluía a propietarios de clubes de alterne, a un incontable número de prostitutas y a sus colegas en cuestiones de extranjería en el Policía Nacional, en especial el subinspector E.A.C.P.
Las irregularidades detalladas en el sumario incluyen desde el simple arreglo de papeles a las prostitutas que trabajaban para los proxenetas hasta la paralización de órdenes de expulsión, pasando por coacciones a testigos, presiones a mujeres, matrimonios de conveniencia, realización de contratos de trabajo ilegales o chivatazos a los dueños de los clubes. Todo ello, al parecer, a cambio de favores sexuales, ya que no parece que finalmente se haya localizado la pista del dinero, al menos en lo que se refiere a A.L.T.
Otro aspecto que queda perfectamente reflejado en la parte del sumario conocida ayer es el conflicto personal existente entre los propios guardias civiles, en especial entre el cabo y su superior y dos los guardias civiles que dieron comienzo a esta investigación, al menos uno de los cuales también tendría buenas relaciones en el mundo de la prostitución. De hecho, éste sería el protagonista de un supuesto vídeo sexual grabado en uno de los burdeles precintados que el cabo imputado estaba tratando de conseguir, aunque parece que al final no apareció.
Pero no eran las únicas rencillas: en las actuaciones aparece al menos otro guardia civil, J.L.R.F., que habría cobrado dinero por perjudicar al cabo A.L.T., y otro agente que traficaba con cocaína y que supuestamente era proveedor de uno de los proxenetas encarcelados.
EL COMIENZO. La denuncia por abuso sexual dio origen a todo
En diciembre de 2008, una mujer que había trabajado como prostituta en Las Sirenas acudió a la comandancia de la Guardia Civil para denunciar ante un agente conocido suyo que unos dos años antes el cabo A.L.T. había abusado sexualmente de ella.
Dicho abuso se habría cometido en el piso que compartía con otras prostitutas. Según el relato de la mujer, inmigrante ilegal y ahora testigo protegida, el agente le prometió papeles para que pudiera prolongar su estancia en el país. Después, con la pistola sobre la mesa, le propuso mantener relaciones. Pese a que reconoce que no hubo violencia física, ella accedió coaccionada por el miedo que le inspiraba y que él no usó preservativo pese a que ella se lo pidió. Al dia siguiente, el cabo le facilitó un documento que le permitía seguir en el país, si bien no sabe qué fue de él.
Esta declaración fue presentada ante el juzgado de Instrucción número 1 y fue la que abrió la espita para que se iniciara el que ya es uno de los sumarios más voluminosos de la historia en Galicia.
MEDIOS. Control de las filtraciones
El sumario del caso Carioca también revela la gran preocupación que la jueza instructora, Pilar de Lara, ha tenido a lo largo de estos dos años y medio por las informaciones que se publicaban en los medios. Las referencias a los periódicos y periodistas son variadas e incluso llega a citar al jefe de Servicios Internos, al que muestra su profundo malestar, para que declare sobre una filtración aparecida en una revista. Incluso incluye una carpeta específica con programas de televisión.
EN DETALLE
El guardia civil encarcelado recomendaba a las chicas a qué burdeles ir
Las grabaciones de las conversaciones telefónicas realizadas al cabo A.L.T., que pasó 14 meses en prisión provisional, revelan que este agente incluso llegaba a recomendar a algunas prostitutas en qué locales era mejor trabajar, e intercedía por ellas ante los propietarios para que les dieran trabajo. También es cierto que la mayoría de estas gestiones las realizaba a petición de las propias mujeres.
Es el caso de un grupo de ellas que fueron identificadas en una redada que realizó en el club Carús, cuyo propietario aportó también una de las principales declaraciones contra el cabo, del que se reconocía como enemigo porque consideraba que éste beneficiaba a otros prostíbulos porque él se negaba a pagarle.
Varias de las mujeres identificadas en esa redada acabaron después trabajando en el Queens y en el Eros tras pedir consejo al agente de la Guardia Civil ya que se habían quedado sin trabajo. Éste medió por ellas con los dueños. Mientras, otras de las afectadas por la redada tuvieron que sufrir la apertura de expedientes de expulsión.
02/04/2011 - M.Olarte / J.M.Freire / El Progreso (Lugo)
El imputado de más alto rango en el caso Carioca, José Herrera García-Lora, ahora coronel y máximo responsable de la Guardia Civil en Lugo cuando sucedieron los hechos que se investigan, adujo en su declaración un desconocimiento total de lo que estaba pasando y descargó toda responsabilidad en sus subordinados. No obstante, reconoció que fue informado por medio de una nota procedente de Asuntos Internos de Madrid de que había sospechas sobre el cabo A.L.T., pero que tras realizar ciertas comprobaciones no halló nada y destruyó dicho documento.
La declaración de Herrera figura en la parte del sumario sobre la que ayer se levantó el secreto, y que no arroja grandes novedades sobre lo ya publicado durante todo este tiempo. Las investigaciones sitúan al citado cabo y al subinspector de Extranjería de la Policía Nacional E.A.C.P., además de al policía local R.V.R., en la cima de la trama por lo que respecta a las fuerzas del orden. También el funcionario de Extranjería y abogado G.P.D. y el funcionario de la subdelegación del Gobierno A.L.F. aparecen ampliamente citados en los casi 76.000 folios que componen el sumario.
Del lado de los proxenetas destacan las indagaciones sobre J.M.G.A., dueño del Queens y La Colina, y la mano derecha de éste J.M.P., y su novia, G.P., quienes serían los principales responsables de la introducción de mujeres, sobre todo brasileñas, para dedicarlas a la prostitución. Posteriormente, los focos se centraron sobre los propietarios del Liverpool, el Eclipse y el Eros. Todos ellos disfrutarían, según las indagaciones, de los favores de los agentes del orden imputados.
El grueso de las investigaciones, como ya se publicó, gira en torno a la entrada ilegal de las mujeres en España, su vida en los prostíbulos y los supuestos amaños con las fuerzas del orden para conseguir papeles de residencia y evitar detenciones y expulsiones, casi siempre a cuenta de favores sexuales. En ese sentido, y más allá del morbo de las declaraciones de las prostitutas sobre un sinfín de personas de todos los ámbitos sociales, lo conocido ayer no aporta grandes revelaciones.
Por lo que respecta al coronel Herrera, el imputado de mayor rango, su declaración ante la jueza Pilar de Lara se cimienta en su supuesto desconocimiento de lo que sucedía con el cabo A.L.T. y su superior en el grupo de Personas, J.B.R., pese a que dos compañeras de éstos habían presentado un informe por escrito ante sus superiores -el capitán de la brigada y el comandante, también imputados-. Sin embargo, reconoció que los hechos denunciados eran lo suficientemente graves como para haber tomado medidas drásticas.
No obstante, en otro punto de su declaración asegura que sí llegó a tener cierto conocimiento. Fue a través de una nota remitida por Asuntos Internos desde Madrid, que fueron los que recibieron finalmente la queja que las compañeras del cabo intentaron presentar ante su capitán. Sin embargo, Herrera asegura que la llegó una nota muy escueta, que anduvo haciendo preguntas al respecto un tiempo, que no sacó nada en claro y que acabó por destruir el documento.
El chófer
También fue interrogado, por otra parte, acerca de las declaraciones de varias prostitutas que lo reconocieron, algo que negó tajantemente; de hecho, afirmó que ni siquiera conocía la estrecha relación de su chófer personal durante cinco años con los dueños de los prostíbulos, pese a que solía salir con algunas noches en el coche oficial para realizar inspecciones, según sus palabras. Asimismo, rechazó todas las acusaciones sobre sus supuestas visitas a prostíbulos, sobre la entrega irregular de permisos de armas y sobre concesiones irregulares de obras.
Por otro lado, las actuaciones, y en especial las transcripciones de las grabaciones telefónicas, que fueron el instrumento principal de a investigación, dejan al descubierto el entramado de amistades tejido por el cabo A.L.T., que incluía a propietarios de clubes de alterne, a un incontable número de prostitutas y a sus colegas en cuestiones de extranjería en el Policía Nacional, en especial el subinspector E.A.C.P.
Las irregularidades detalladas en el sumario incluyen desde el simple arreglo de papeles a las prostitutas que trabajaban para los proxenetas hasta la paralización de órdenes de expulsión, pasando por coacciones a testigos, presiones a mujeres, matrimonios de conveniencia, realización de contratos de trabajo ilegales o chivatazos a los dueños de los clubes. Todo ello, al parecer, a cambio de favores sexuales, ya que no parece que finalmente se haya localizado la pista del dinero, al menos en lo que se refiere a A.L.T.
Otro aspecto que queda perfectamente reflejado en la parte del sumario conocida ayer es el conflicto personal existente entre los propios guardias civiles, en especial entre el cabo y su superior y dos los guardias civiles que dieron comienzo a esta investigación, al menos uno de los cuales también tendría buenas relaciones en el mundo de la prostitución. De hecho, éste sería el protagonista de un supuesto vídeo sexual grabado en uno de los burdeles precintados que el cabo imputado estaba tratando de conseguir, aunque parece que al final no apareció.
Pero no eran las únicas rencillas: en las actuaciones aparece al menos otro guardia civil, J.L.R.F., que habría cobrado dinero por perjudicar al cabo A.L.T., y otro agente que traficaba con cocaína y que supuestamente era proveedor de uno de los proxenetas encarcelados.
EL COMIENZO. La denuncia por abuso sexual dio origen a todo
En diciembre de 2008, una mujer que había trabajado como prostituta en Las Sirenas acudió a la comandancia de la Guardia Civil para denunciar ante un agente conocido suyo que unos dos años antes el cabo A.L.T. había abusado sexualmente de ella.
Dicho abuso se habría cometido en el piso que compartía con otras prostitutas. Según el relato de la mujer, inmigrante ilegal y ahora testigo protegida, el agente le prometió papeles para que pudiera prolongar su estancia en el país. Después, con la pistola sobre la mesa, le propuso mantener relaciones. Pese a que reconoce que no hubo violencia física, ella accedió coaccionada por el miedo que le inspiraba y que él no usó preservativo pese a que ella se lo pidió. Al dia siguiente, el cabo le facilitó un documento que le permitía seguir en el país, si bien no sabe qué fue de él.
Esta declaración fue presentada ante el juzgado de Instrucción número 1 y fue la que abrió la espita para que se iniciara el que ya es uno de los sumarios más voluminosos de la historia en Galicia.
MEDIOS. Control de las filtraciones
El sumario del caso Carioca también revela la gran preocupación que la jueza instructora, Pilar de Lara, ha tenido a lo largo de estos dos años y medio por las informaciones que se publicaban en los medios. Las referencias a los periódicos y periodistas son variadas e incluso llega a citar al jefe de Servicios Internos, al que muestra su profundo malestar, para que declare sobre una filtración aparecida en una revista. Incluso incluye una carpeta específica con programas de televisión.
EN DETALLE
El guardia civil encarcelado recomendaba a las chicas a qué burdeles ir
Las grabaciones de las conversaciones telefónicas realizadas al cabo A.L.T., que pasó 14 meses en prisión provisional, revelan que este agente incluso llegaba a recomendar a algunas prostitutas en qué locales era mejor trabajar, e intercedía por ellas ante los propietarios para que les dieran trabajo. También es cierto que la mayoría de estas gestiones las realizaba a petición de las propias mujeres.
Es el caso de un grupo de ellas que fueron identificadas en una redada que realizó en el club Carús, cuyo propietario aportó también una de las principales declaraciones contra el cabo, del que se reconocía como enemigo porque consideraba que éste beneficiaba a otros prostíbulos porque él se negaba a pagarle.
Varias de las mujeres identificadas en esa redada acabaron después trabajando en el Queens y en el Eros tras pedir consejo al agente de la Guardia Civil ya que se habían quedado sin trabajo. Éste medió por ellas con los dueños. Mientras, otras de las afectadas por la redada tuvieron que sufrir la apertura de expedientes de expulsión.
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