EL TESTIMONIO DE SUS COMPAÑEROS APUNTALA LA CAUSA CONTRA EL CABO
03/04/2011 - Miguel Olarte/El Progreso (Lugo)
El sumario del caso Carioca, o al menos la parte que ya se conoce, es un buen ejemplo de cómo unos funcionarios públicos pueden protagonizar todo tipo de irregularidades ante la inacción de sus compañeros, ya sean subordinados o superiores. Sin embargo, una vez desencadenada la operación, todos ellos reconocen ante la jueza Pilar de Lara que hacía tiempo que había rumores y sospechas sobre las actividades presuntamente delictivas que se estaban produciendo, y de las que están acusado el cabo de la Guardia Civil A.L.T. y jefe directo en el equipo de Personas, el subteniente J.B.R.
Los testimonios prestados en el juzgado tanto por sus compañeros en este grupo de la Policía Judicial como por varios de sus superiores forman un catálogo de acusaciones, muchas veces veladas, sobre el incorrecto proceder de ambos imputados en su quehacer diario, en una situación que, por cotidiana, se tenía ya por asumida: la presunta connivencia de cabo y subteniente con varios dueños de prostíbulos, su particular proceder en todos los temas relacionados con prostitutas, su falta de diligencia en algunos asuntos y su exceso de celo en otros y sensación generalizada de que iban por libre.
No obstante, las sospechas no eran precisamente recientes, en especial en lo que se refiere al cabo. El servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil ya había investigado a A.L.T. en 2005, cuando recibió informaciones de que éste proporcionaba protección a varios burdeles en Lugo y de que se iba a reunir con una mujer procedente de las Islas Canarias, una tal Diosana, con el objetivo de facilitarle contactos con prostitutas de Lugo para que fueran a trabajar a las islas. Sin embargo, ninguno de esos extremos pudo ser corroborado con pruebas.
En ese mismo año, dos guardias civiles que trabajaban en la misma unidad que el cabo, y que pertenecían al servicio de Mujer y Menor, trasladaron al entonces capitán de la Policía Judicial, A.M.V.T., un escrito en el que daban cuenta de las «irregularidades» que habían detectado. La principal derivaba de una conversación que habían tenido con una abogada de Cáritas y con representantes de los servicios sociales del Concello en el que fueron informadas de que el cabo utilizaba los pisos de acogida municipales para alojar a prostitutas que tenía bajo su protección. Sin embargo, y según la denuncia de los servicios sociales, lo que hacía no era ayudarlas, sino presionarlas con los papeles de residencia y luego animarlas a trabajar en determinados clubes. Incluso pasó él mismo por los pisos a recoger a dos mujeres para llevarlas a un burdel.
Vía reglamentaria
La respuesta que recibieron las dos agentes por parte del capitán, ahora igualmente imputado, fue que debían presentar la queja en escritos individuales y por el conducto reglamentario, es decir, a través de su superior directo, el subteniente J.B.R. Ellas decidieron enviarlo directamente a Madrid, a Asuntos Internos, pero las cosas siguieron igual hasta la detención del cabo, en octubre de 2009.
A raíz de la operación Carioca, los compañeros de los dos guardias civiles son llamados a declarar, y es entonces cuando todos reconocen su extrañeza por la forma de trabajar del cabo y el subteniente y sus peculiares relaciones con los dueños del prostíbulos.
Unas relaciones, sin embargo, que ya se habían puesto en evidencia en varios casos que investigó este grupo de Policía Judicial. En uno de ellos, en 2009 y con las investigaciones de la operación Carioca ya iniciadas, se detectó la presencia de una menor ejerciendo la prostitución en el club Liverpool, tras pasar anteriormente por La Colina y el Queens. Al parecer, los dueños de estos locales recibieron cumplida información y trato de favor por parte de los dos guardias civiles. Uno de ellos incluso pudo evitar la detención. Al parecer, los propietarios no tuvieron problema en dejarla trabajar pese a que la edad en su pasaporte estaba falsificada simplemente con un bolígrafo azul.
No menos sospechas levantó entre los compañeros de estos agentes su desidia a la hora de tramitar una denuncia por una supuesta boda de conveniencia, en un caso en el que la prostituta que se casó llegó a reconocer no sólo que lo hizo sólo por los papeles, sino que se aprovechó de la minusvalía psíquica del marido para sacarle una cifra que podría superar los 60.000 euros.
Pero, más allá de casos puntuales, los testimonios de los compañeros del cabo y del subteniente inciden en su sorprendente modo de trabajar, en especial con todo lo relacionado con prostitutas: en esos casos, era el cabo quien se hacía cargo de todo prácticamente en solitario, sin rendir cuentas a nadie y en los horarios que consideraba oportunos, muchas veces por la noche. Sin embargo, sus superiores no consideraron que esas actuaciones fueran suficientes como para tomar medias de entidad. Hasta ahora.
03/04/2011 - Miguel Olarte/El Progreso (Lugo)
El sumario del caso Carioca, o al menos la parte que ya se conoce, es un buen ejemplo de cómo unos funcionarios públicos pueden protagonizar todo tipo de irregularidades ante la inacción de sus compañeros, ya sean subordinados o superiores. Sin embargo, una vez desencadenada la operación, todos ellos reconocen ante la jueza Pilar de Lara que hacía tiempo que había rumores y sospechas sobre las actividades presuntamente delictivas que se estaban produciendo, y de las que están acusado el cabo de la Guardia Civil A.L.T. y jefe directo en el equipo de Personas, el subteniente J.B.R.
Los testimonios prestados en el juzgado tanto por sus compañeros en este grupo de la Policía Judicial como por varios de sus superiores forman un catálogo de acusaciones, muchas veces veladas, sobre el incorrecto proceder de ambos imputados en su quehacer diario, en una situación que, por cotidiana, se tenía ya por asumida: la presunta connivencia de cabo y subteniente con varios dueños de prostíbulos, su particular proceder en todos los temas relacionados con prostitutas, su falta de diligencia en algunos asuntos y su exceso de celo en otros y sensación generalizada de que iban por libre.
No obstante, las sospechas no eran precisamente recientes, en especial en lo que se refiere al cabo. El servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil ya había investigado a A.L.T. en 2005, cuando recibió informaciones de que éste proporcionaba protección a varios burdeles en Lugo y de que se iba a reunir con una mujer procedente de las Islas Canarias, una tal Diosana, con el objetivo de facilitarle contactos con prostitutas de Lugo para que fueran a trabajar a las islas. Sin embargo, ninguno de esos extremos pudo ser corroborado con pruebas.
En ese mismo año, dos guardias civiles que trabajaban en la misma unidad que el cabo, y que pertenecían al servicio de Mujer y Menor, trasladaron al entonces capitán de la Policía Judicial, A.M.V.T., un escrito en el que daban cuenta de las «irregularidades» que habían detectado. La principal derivaba de una conversación que habían tenido con una abogada de Cáritas y con representantes de los servicios sociales del Concello en el que fueron informadas de que el cabo utilizaba los pisos de acogida municipales para alojar a prostitutas que tenía bajo su protección. Sin embargo, y según la denuncia de los servicios sociales, lo que hacía no era ayudarlas, sino presionarlas con los papeles de residencia y luego animarlas a trabajar en determinados clubes. Incluso pasó él mismo por los pisos a recoger a dos mujeres para llevarlas a un burdel.
Vía reglamentaria
La respuesta que recibieron las dos agentes por parte del capitán, ahora igualmente imputado, fue que debían presentar la queja en escritos individuales y por el conducto reglamentario, es decir, a través de su superior directo, el subteniente J.B.R. Ellas decidieron enviarlo directamente a Madrid, a Asuntos Internos, pero las cosas siguieron igual hasta la detención del cabo, en octubre de 2009.
A raíz de la operación Carioca, los compañeros de los dos guardias civiles son llamados a declarar, y es entonces cuando todos reconocen su extrañeza por la forma de trabajar del cabo y el subteniente y sus peculiares relaciones con los dueños del prostíbulos.
Unas relaciones, sin embargo, que ya se habían puesto en evidencia en varios casos que investigó este grupo de Policía Judicial. En uno de ellos, en 2009 y con las investigaciones de la operación Carioca ya iniciadas, se detectó la presencia de una menor ejerciendo la prostitución en el club Liverpool, tras pasar anteriormente por La Colina y el Queens. Al parecer, los dueños de estos locales recibieron cumplida información y trato de favor por parte de los dos guardias civiles. Uno de ellos incluso pudo evitar la detención. Al parecer, los propietarios no tuvieron problema en dejarla trabajar pese a que la edad en su pasaporte estaba falsificada simplemente con un bolígrafo azul.
No menos sospechas levantó entre los compañeros de estos agentes su desidia a la hora de tramitar una denuncia por una supuesta boda de conveniencia, en un caso en el que la prostituta que se casó llegó a reconocer no sólo que lo hizo sólo por los papeles, sino que se aprovechó de la minusvalía psíquica del marido para sacarle una cifra que podría superar los 60.000 euros.
Pero, más allá de casos puntuales, los testimonios de los compañeros del cabo y del subteniente inciden en su sorprendente modo de trabajar, en especial con todo lo relacionado con prostitutas: en esos casos, era el cabo quien se hacía cargo de todo prácticamente en solitario, sin rendir cuentas a nadie y en los horarios que consideraba oportunos, muchas veces por la noche. Sin embargo, sus superiores no consideraron que esas actuaciones fueran suficientes como para tomar medias de entidad. Hasta ahora.
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