OROZCO, TRAS SER IMPUTADO POR PRESUNTA PREVARICACIÓN: 'ME SIENTO PERSEGUIDO'
Silvia Pena | Lugo
18/07/2011
El alcalde de Lugo, José López Orozco, compareció este lunes ante los medios de comunicación para cargar las tintas contra la Asociación por la Legalidad del Plan Urbanístico de Lugo (Alpul) que, tras interponer una denuncia contra el regidor, ha conseguido que la titular del Juzgado número uno de Lugo lo haya imputado por un presunto delito de prevaricación. "Me siento perseguido de una forma injusta, igual que pasa con otros compañeros y funcionarios", remarcaba el regidor.
La pasada semana, la juez Pilar de Lara Cifuentes, instructora también de la 'operación Carioca', decidió imputar al alcalde de la ciudad de las murallas al entender que podía haber cometido un delito. La denuncia se centra en las primas otorgadas el pasado mes de diciembre a tres de los funcionarios que participaron en trabajos relacionados con el PGOM, un texto que en aquel momento estaba pendiente de aprobación por parte de la Xunta. Alpul cree que Orozco favoreció a los funcionarios a través de los pluses de productividad.
Tras unos días de asueto, el regidor municipal compareció nada más incorporarse al Ayuntamiento para trasladar "la tranquilidad" del equipo de Gobierno, del que también forma parte el BNG, contrario al documento de ordenación territorial en el anterior mandato. López Orozco explicó que no tiene "nada que ocultar" y que el próximo 20 de septiembre darán "las explicaciones pertinentes" en sede judicial.
El alcalde no quiso aclarar cómo justificará ante la juez el motivo por el cual decidió primar a los tres funcionarios que intervinieron en las gestiones relacionadas con el plan, lo que motivó la denuncia, pero se preguntó si las personas, que durante meses "se dedicaron a cumplir su obligación", iban a "ser comprados" con "una pequeña cantidad que puede ofrecer el alcalde a través de la productividad".
Los pluses a los que se refiere la denuncia recayeron en el jefe de Urbanismo, el jefe de Arquitectura y el anterior secretario municipal. Estos recibieron 4.971, 3.971 y 9.471 euros respectivamente, en concepto de primas.
Desacuerdo con la decisión judicial
La comparecencia ante los medios de comunicación fue una de las más duras del alcalde de Lugo de los últimos meses. Así, López Orozco consideró que es víctima de "una persecución política contra mi persona" y no dudó en afirmar que al igual que los ciudadanos lo eligieron para ser alcalde, "serán ellos los que me echen de serlo", espetó.
En un discurso en el que se mostró firme y tranquilo pero indignado, el regidor municipal subrayó el respeto que le tiene "a las instituciones del país y a las personas que las representan". "Cuando no estamos de acuerdo con las sentencias, las recurrimos pero siempre se acatan", añadió Orozco, quien puso en tela de juicio que ese respeto exista con el Ayuntamiento de Lugo y la persona que lo representa.
Las palabras de rechazo del alcalde se dirigían tanto a la decisión de la juez por haber admitido a trámite la denuncia por presunta prevaricación como a la actitud que ha tenido Alpul a lo largo de estos últimos años. Con todo, López Orozco fue especialmente crítico con la asociación que ya le ha obligado a pasar por el juzgado anteriormente al denunciarle por un presunto delito de injurias que finalmente fue archivado.
El socialista se preguntó si existe toda la información y estudios jurídicos sobre "cuándo nace la asociación" y los fines que ésta persigue. Recriminó su actividad de "acusación continua cara el alcalde" y cuestionó "la obsesión contra el alcalde y el Gobierno". "¿Qué se está buscando?" preguntó López Orozco que a su vez recomendó "que se indague sobre estos temas".
Unas sospechas que vienen de atrás
Meses antes, cuando López Orozco declaró por un presunto delito de injurias, fueron los abogados del regidor los que apuntaron en esta dirección afirmando que Alpul realizó una campaña "injusta" para desprestigiar al alcalde a escasos meses de las elecciones. El letrado del mandatario, Rafael Iruzubieta, definía a la asociación como "un sindicato de intereses" y les acusaba de "defender intereses particulares" de los miembros de Alpul y de su propio abogado. Hablaban de una campaña "de acoso y derribo" motivada "por razones personales y quizás también políticas".
Una línea que el alcalde trazó sutilmente en la intervención de este lunes dejando entrever que, si no hay motivo para admitir a trámite la denuncia "¿qué se pretende", se preguntó el regidor. Así, recomendó que "antes de aceptar una denuncia se tomen las decisiones pertinentes y las soluciones que haya que adoptar", un mensaje que dirigía de manera indirecta a la instructora del caso, Pilar de Lara Cifuentes.
Lamentó la decisión porque, independientemente del proceso judicial abierto, "el daño está hecho". Según relató, este lunes por la mañana un vecino le había preguntado por lo sucedido y por el motivo de la imputación. "Estúdiense antes las cosas y dejemos de hacer juegos florales con estos asuntos que afectan a las instituciones", reclamó.
La asociación no entra a valorar las palabras del alcalde
Orozco llevó al terreno político la decisión tomada por parte del Juzgado y aclaró que va a seguir siendo socialista "hasta el día de mi muerte". "No tenemos que ser todos del mismo color político ni se puede acusar a nadie por sus ideas", zanjó. El desacuerdo con la imputación era evidente pero no llegó a precisar si detrás de la persecución que percibe cree que está la juez o si debe ser esta la que investigue la actuación de la asociación por la legalidad del Plan Urbanístico.
Preguntado si trasladará su queja ante el poder judicial, el alcalde de Lugo respondió que "todo se andará". "No es de recibo lo que está pasando con mi persona y con esta causa. Tengo que ser respetado como alcalde y esta institución como lo que es, por lo que se harán las reclamaciones oportunas", mantuvo.
Repitió en varias ocasiones que ni él, ni la institución que representa "están siendo respetados". "Me siento totalmente desprotegido de mis derechos como alcalde y como ciudadano", dijo.
Por su parte, el presidente de Alpul, José Cabanas, rechazó valorar las declaraciones del mandatario municipal señalando que no entrarán "en debates" y que será la Justicia "la que diga si tenemos o no la razón".
Silvia Pena | Lugo
18/07/2011
El alcalde de Lugo, José López Orozco, compareció este lunes ante los medios de comunicación para cargar las tintas contra la Asociación por la Legalidad del Plan Urbanístico de Lugo (Alpul) que, tras interponer una denuncia contra el regidor, ha conseguido que la titular del Juzgado número uno de Lugo lo haya imputado por un presunto delito de prevaricación. "Me siento perseguido de una forma injusta, igual que pasa con otros compañeros y funcionarios", remarcaba el regidor.
La pasada semana, la juez Pilar de Lara Cifuentes, instructora también de la 'operación Carioca', decidió imputar al alcalde de la ciudad de las murallas al entender que podía haber cometido un delito. La denuncia se centra en las primas otorgadas el pasado mes de diciembre a tres de los funcionarios que participaron en trabajos relacionados con el PGOM, un texto que en aquel momento estaba pendiente de aprobación por parte de la Xunta. Alpul cree que Orozco favoreció a los funcionarios a través de los pluses de productividad.
Tras unos días de asueto, el regidor municipal compareció nada más incorporarse al Ayuntamiento para trasladar "la tranquilidad" del equipo de Gobierno, del que también forma parte el BNG, contrario al documento de ordenación territorial en el anterior mandato. López Orozco explicó que no tiene "nada que ocultar" y que el próximo 20 de septiembre darán "las explicaciones pertinentes" en sede judicial.
El alcalde no quiso aclarar cómo justificará ante la juez el motivo por el cual decidió primar a los tres funcionarios que intervinieron en las gestiones relacionadas con el plan, lo que motivó la denuncia, pero se preguntó si las personas, que durante meses "se dedicaron a cumplir su obligación", iban a "ser comprados" con "una pequeña cantidad que puede ofrecer el alcalde a través de la productividad".
Los pluses a los que se refiere la denuncia recayeron en el jefe de Urbanismo, el jefe de Arquitectura y el anterior secretario municipal. Estos recibieron 4.971, 3.971 y 9.471 euros respectivamente, en concepto de primas.
Desacuerdo con la decisión judicial
La comparecencia ante los medios de comunicación fue una de las más duras del alcalde de Lugo de los últimos meses. Así, López Orozco consideró que es víctima de "una persecución política contra mi persona" y no dudó en afirmar que al igual que los ciudadanos lo eligieron para ser alcalde, "serán ellos los que me echen de serlo", espetó.
En un discurso en el que se mostró firme y tranquilo pero indignado, el regidor municipal subrayó el respeto que le tiene "a las instituciones del país y a las personas que las representan". "Cuando no estamos de acuerdo con las sentencias, las recurrimos pero siempre se acatan", añadió Orozco, quien puso en tela de juicio que ese respeto exista con el Ayuntamiento de Lugo y la persona que lo representa.
Las palabras de rechazo del alcalde se dirigían tanto a la decisión de la juez por haber admitido a trámite la denuncia por presunta prevaricación como a la actitud que ha tenido Alpul a lo largo de estos últimos años. Con todo, López Orozco fue especialmente crítico con la asociación que ya le ha obligado a pasar por el juzgado anteriormente al denunciarle por un presunto delito de injurias que finalmente fue archivado.
El socialista se preguntó si existe toda la información y estudios jurídicos sobre "cuándo nace la asociación" y los fines que ésta persigue. Recriminó su actividad de "acusación continua cara el alcalde" y cuestionó "la obsesión contra el alcalde y el Gobierno". "¿Qué se está buscando?" preguntó López Orozco que a su vez recomendó "que se indague sobre estos temas".
Unas sospechas que vienen de atrás
Meses antes, cuando López Orozco declaró por un presunto delito de injurias, fueron los abogados del regidor los que apuntaron en esta dirección afirmando que Alpul realizó una campaña "injusta" para desprestigiar al alcalde a escasos meses de las elecciones. El letrado del mandatario, Rafael Iruzubieta, definía a la asociación como "un sindicato de intereses" y les acusaba de "defender intereses particulares" de los miembros de Alpul y de su propio abogado. Hablaban de una campaña "de acoso y derribo" motivada "por razones personales y quizás también políticas".
Una línea que el alcalde trazó sutilmente en la intervención de este lunes dejando entrever que, si no hay motivo para admitir a trámite la denuncia "¿qué se pretende", se preguntó el regidor. Así, recomendó que "antes de aceptar una denuncia se tomen las decisiones pertinentes y las soluciones que haya que adoptar", un mensaje que dirigía de manera indirecta a la instructora del caso, Pilar de Lara Cifuentes.
Lamentó la decisión porque, independientemente del proceso judicial abierto, "el daño está hecho". Según relató, este lunes por la mañana un vecino le había preguntado por lo sucedido y por el motivo de la imputación. "Estúdiense antes las cosas y dejemos de hacer juegos florales con estos asuntos que afectan a las instituciones", reclamó.
La asociación no entra a valorar las palabras del alcalde
Orozco llevó al terreno político la decisión tomada por parte del Juzgado y aclaró que va a seguir siendo socialista "hasta el día de mi muerte". "No tenemos que ser todos del mismo color político ni se puede acusar a nadie por sus ideas", zanjó. El desacuerdo con la imputación era evidente pero no llegó a precisar si detrás de la persecución que percibe cree que está la juez o si debe ser esta la que investigue la actuación de la asociación por la legalidad del Plan Urbanístico.
Preguntado si trasladará su queja ante el poder judicial, el alcalde de Lugo respondió que "todo se andará". "No es de recibo lo que está pasando con mi persona y con esta causa. Tengo que ser respetado como alcalde y esta institución como lo que es, por lo que se harán las reclamaciones oportunas", mantuvo.
Repitió en varias ocasiones que ni él, ni la institución que representa "están siendo respetados". "Me siento totalmente desprotegido de mis derechos como alcalde y como ciudadano", dijo.
Por su parte, el presidente de Alpul, José Cabanas, rechazó valorar las declaraciones del mandatario municipal señalando que no entrarán "en debates" y que será la Justicia "la que diga si tenemos o no la razón".
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