Varias causas xudiciais abertas e centos de imputados e testigos chamados a declarar. Esa é a realidade desde hai anos na cidade de Lugo. En todas elas un denominador común: políticos e empresarios baixo sospeita de supostos delitos de corrupción. Na convicción de loitar contra o silencio, contra a omertá declarada ao respecto por algúns partidos, Esquerda Unida alza a voz para loitar contra esa lacra social que é a corrupción.

martes, 20 de septiembre de 2011

PXOM

OROZCO NO DECLARA PORQUE SE SIENTE «MAL ATENDIDO» EN SU DERECHO A DEFENDERSE

Se negó esta mañana a prestar declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 a raíz de una nueva denuncia presentada contra él por la Asociación pola Legalidade do Plan Urbanístico de Lugo.


EFE 20/9/2011

El alcalde de Lugo, el socialista José López Orozco, se negó esta mañana a prestar declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 1, a raíz de una nueva denuncia presentada contra él por la asociación ALPUL, por considerar que ha sido «mal atendido desde el punto de vista de la aplicación de la justicia».

En esta ocasión, la llamada Asociación pola Legalidade do Plan Urbanístico de Lugo (ALPUL) considera que el regidor local pudo haber cometido un delito de prevaricación al otorgar pluses de productividad a tres funcionarios que estaban directamente relacionados con la elaboración del PXOM.

Fue el abogado que representa a López Orozco, Rafael Iruzubieta, quien explicó a los medios de comunicación que el regidor local había tomado la decisión de no declarar, porque no había podido ejercer «su derecho constitucional a aportar documentos para demostrar que no hay hechos que tengan la consideración de delito».

«Es una querella que no tiene, literalmente hablando, desde el punto de vista jurídico y de la más elemental lógica, ni pies ni cabeza. Es un ejemplo más del acoso y derribo que, utilizando inapropiadamente la vía penal, está llevando a cabo la asociación ALPUL contra el señor alcalde», afirmó el letrado.

«Se lo explico a la jueza en un escrito con cinco folios, al que acompaño de dos documentos explicativos de la situación, diciendo que ALPUL no puede ser parte en unas diligencias penales, porque no es perjudicado. Puede ejercitar la acción popular, pero para eso la ley establece que hay que constituir fianza, y no lo han hecho», insistió.

De acuerdo con su criterio, los documentos remitidos al Juzgado «justifican sobradamente la falta absoluta de delito, ni siquiera de inocencia, porque la inocencia presupone la existencia de unos hechos que pueden ser delictivos, pero aquí hay, y me atengo a lo que pone la señora jueza en mayúsculas, delitos sin especificar».

«No sabemos de lo que se nos acusa y en ese escrito ponemos orden y concierto», reiteró el letrado, pero la jueza «con un desprecio absoluto por las formas» se lo devolvió esta mañana al procurador «diciendo que no es el momento procesal adecuado».

«A santo de qué, el primer edil de Lugo puede someterse a un trato tan ilegal desde el punto de vista de su derecho de defensa y verse sometido a las preguntas del fiscal, de la jueza y de los señores de ALPUL, que no son nadie procesalmente hablando. Eso no lo puedo permitir», apostilló el letrado.

De hecho, el abogado recordó que el Concello de Lugo tiene unos 500 trabajadores públicos en nómina y tanto los representantes sindicales como el propio alcalde «firmaron un acta para darle el visto bueno a la forma de distribuir los complementos» y «ni un solo funcionario del Ayuntamiento ha presentado ningún recurso».

El letrado opina que «lo más lógico hubiese sido que la jueza, después de dar traslado al fiscal de la denuncia de unos espontáneos, que se lanzan a ese ruedo de la inquina, la desconsideración y el ataque sin sentido hacia el señor alcalde, hubiese decidido que se fuesen a casa con su querella bajo el brazo».

En la misma línea, aseguró que en el documento remitido a la jueza hay argumentos que «técnicamente, desde el punto de vista jurídico», justifican «sobradamente» que el alcalde de Lugo saliese del Juzgado con «con un auto de archivo».

«En la fase de instrucción todo ha acabado, porque aquí no cabe instruir más», concluyó Iruzubieta, y «lo lógico es el fiscal pida el archivo y, si no lo hace, ya se defenderá adecuadamente el señor alcalde» en la Audiencia Provincial.

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