Varias causas xudiciais abertas e centos de imputados e testigos chamados a declarar. Esa é a realidade desde hai anos na cidade de Lugo. En todas elas un denominador común: políticos e empresarios baixo sospeita de supostos delitos de corrupción. Na convicción de loitar contra o silencio, contra a omertá declarada ao respecto por algúns partidos, Esquerda Unida alza a voz para loitar contra esa lacra social que é a corrupción.

miércoles, 5 de octubre de 2011

EL DIRECTOR XERAL DEL IGAPE SIGUE APARTADO DEL CARGO Y EL SUBDIRECTOR CESÓ

mario beramendi / la voz
5/10/2011

Los dos altos cargos del Igape imputados en el proceso abierto contra Jorge Dorribo, que permanecen en libertad con cargos desde finales del pasado mes de mayo, han seguido caminos distintos por su relación laboral con el organismo dependiente de la Consellería de Industria. El entonces director xeral del Igape, Joaquín Varela de Limia, permanece en situación de suspensión temporal hasta que concluya el proceso. En la actualidad Varela no desempeña ninguna función ni percibe su salario, que era uno de los más altos en la Administración pública gallega, superior incluso al del presidente Núñez Feijoo. Un caso distinto es el de Carlos Silva, que era subdirector de Información Especializada del organismo en aquel momento. Pertenece a la plantilla del Igape por contrato laboral y solicitó el cese de sus funciones como alto cargo cuando estalló el caso en mayo.

El pasado 19 de septiembre, el Diario Oficial de Galicia (DOG) hizo público que Francisco López Martínez era el nuevo responsable de Información Especializada del instituto, cargo en el que relevaba a Carlos Silva, quien permanece como personal del Igape. En todo este tiempo, el conselleiro Javier Guerra, máximo responsable del organismo, ha defendido la honorabilidad de Varela y de Silva y ha mostrado su convencimiento de que se demostrará su inocencia.

Controles muy estrictos

Guerra sostiene que el Igape está sujeto a controles muy estrictos, con más de cinco filtros, como para que responsables del organismo se vean involucrados en una trama para la concesión irregular de subvenciones. El pasado 27 de mayo, cuando la jueza Estela San José los puso en libertad -con cargos y sin la adopción de medidas cautelares-, el abogado responsable del Igape, Antonio Platas, aclaró que Joaquín Varela de Limia solo había declarado en base a unas sospechas sobre el funcionamiento y la tramitación de expedientes del Igape.

Habla el abogado de Silva

Las informaciones difundidas recientemente en distintos medios sobre un caso bajo secreto sumarial atribuyen a Carlos Silva, el otro imputado, el presunto cobro del 10 % del montante de las ayudas ilegales que, supuestamente, concedía el Igape. A raíz de una acusación tan grave, el abogado de Silva, José Luis Gutiérrez Aranguren, mostró ayer en nombre de su representado su «absoluto rechazo a la veracidad de esa información» e hizo pública su «más dura protesta por la circunstancia de que autodenominadas fuentes de la investigación difundan el contenido de unas actuaciones que se han declarado secretas para las partes».

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