LAS RAZONES DEL RESPALDO A LAS JUEZAS
Estela San José y Pilar de Lara fueron objeto de múltiples ataques en los últimos meses
Xosé Carreira / la voz
21/10/2011
Las hemerotecas hablan por si solas. Basta un repaso, y no muy minucioso, para comprobar cuál fue la situación que tuvieron que afrontar en los últimos meses las dos juezas que tomaron la iniciativa de llevar a cabo en Lugo investigaciones de gran calado, supliendo a otras instituciones que optaron por una actividad más relajada.
Las juezas Estela San José y Pilar de Lara no solo fueron ninguneadas por mandos de los cuerpos y fuerzas de seguridad sino que tuvieron que afrontar ataques de todo tipo, incluso personal. Su vida privada fue aireada sin ningún tipo de reparos en diversos medios. Incluso se vieron involucrados en la campaña sus familiares más directos.
Pilar de Lara abrió diligencias a mandos de la Guardia Civil por obstrucción a la justicia
A Pilar de Lara no le quedó más remedio que abrir diligencias a la Guardia Civil por obstrucción a la justicia porque mandos de la institución supuestamente intentaron torpedearle algunas investigaciones de la operación Carioca. La jueza incluso comunicó la insólita situación al director de la Guardia Civil a través de una carta enviada en marzo de 2010. De Lara advirtió incluso de que el teniente coronel jefe de la Comandancia de Lugo tardó hasta tres meses en cumplimentar algunos oficios.
Los mandos policiales, aparentemente tampoco estuvieron colaboradores. A uno de de ellos, adscrito a la Brigada de Extranjería le pidieron que hiciera informes aún cuando estaba imputado. La jueza Estela San José tampoco llegó a disponer de la colaboración necesaria, tanto es así que tuvo que echar mano en algún momento de agentes ajenos a la policía y la Guardia Civil lucense.
Juzgados sin medios tan sencillos como un escáner de documentos
Los dos juezas trabajan con precariedad absoluta de medios en sus juzgados. Ni tan siquiera disponen de algo tan elemental como un escáner. En ocasiones deben llevar de sus casas lo que necesitan. En los despachos algunas sillas están rotas, según contaron algunos abogados. Las carencias también afecta a quienes trabajan para ellas. A los guardias de la Carioca les limitaron el saldo de sus móviles. Algunos seguimientos quedaron colgados porque se les acabó el crédito a los investigadores. La jueza reclamó que se solucionara esta situación.
Un sindicato policial llegó a denunciar ante el Consejo del Poder Judicial
Durante la fase más álgida de la Carioca, sindicados policiales fueron presionados para que actuaran contra la instructora. De hecho, trascendió que un colectivo al que pertenece un policía que figura imputado, tramitó una queja ante el Consejo del Poder Judicial. Pero acabó siendo archivada, lo cual dio al traste con la posibilidad de que quienes la plantearon pudieran airear los resultados a través de medios afines.
Inspecciones del Poder Judicial a ambos juzgados, ya que les tocó «por sorteo»
Con la campaña de ataques en marcha no faltaron inspecciones, cuando menos significativas, del Consejo del Poder Judicial a los juzgados de las dos juezas. Alguno de ellos había sido auditado cuatro años antes. Otros llevan casi décadas sin ningún tipo de inspección. Los inspectores no hallaron nada anómalo. Felicitaron a las juezas por su trabajo. Por cierto que para el Juzgado de Instrucción número 1, desbordado por el caso Carioca, tardaron meses en nombrar una jueza de apoyo.
Testigos y explotadas que quedaron sin amparo de los servicios sociales
Las investigaciones de las dos juezas motivaron situaciones sociales comprometidas. En la Carioca, numerosas mujeres quedaron desatendidas al ser cerrados los burdeles. En la operación Pollo, decenas de jóvenes marroquíes tuvieron que pasar semanas comiendo solo unos fideos. Las juezas pidieron que estas personas fueran atendidas desde diversos medios oficiales. No les hicieron caso. La situación llegó a ser tal que funcionarios tuvieron que movilizarse para conseguir comida para los afectados y también alojamiento para muchas mujeres. En ambos casos, los afectados y afectadas estaban arriesgando su vida por declarar en contra de quienes les explotaban.
Robos de profesionales en las gestorías y despachos de la Guardia Civil rotos a patadas
Por si todo fuera poco, resulta que fue robada valiosa documentación de gestorías y despachos con la finalidad de que no llegara a manos de las investigadores. En la misma comandancia, la puerta de la oficina de los guardias que trabajan para De Lara fue destrozada con una patada. Además, los coches de los investigadores y el de una jueza fueron dañados.
Estela San José y Pilar de Lara fueron objeto de múltiples ataques en los últimos meses
Xosé Carreira / la voz
21/10/2011
Las hemerotecas hablan por si solas. Basta un repaso, y no muy minucioso, para comprobar cuál fue la situación que tuvieron que afrontar en los últimos meses las dos juezas que tomaron la iniciativa de llevar a cabo en Lugo investigaciones de gran calado, supliendo a otras instituciones que optaron por una actividad más relajada.
Las juezas Estela San José y Pilar de Lara no solo fueron ninguneadas por mandos de los cuerpos y fuerzas de seguridad sino que tuvieron que afrontar ataques de todo tipo, incluso personal. Su vida privada fue aireada sin ningún tipo de reparos en diversos medios. Incluso se vieron involucrados en la campaña sus familiares más directos.
Pilar de Lara abrió diligencias a mandos de la Guardia Civil por obstrucción a la justicia
A Pilar de Lara no le quedó más remedio que abrir diligencias a la Guardia Civil por obstrucción a la justicia porque mandos de la institución supuestamente intentaron torpedearle algunas investigaciones de la operación Carioca. La jueza incluso comunicó la insólita situación al director de la Guardia Civil a través de una carta enviada en marzo de 2010. De Lara advirtió incluso de que el teniente coronel jefe de la Comandancia de Lugo tardó hasta tres meses en cumplimentar algunos oficios.
Los mandos policiales, aparentemente tampoco estuvieron colaboradores. A uno de de ellos, adscrito a la Brigada de Extranjería le pidieron que hiciera informes aún cuando estaba imputado. La jueza Estela San José tampoco llegó a disponer de la colaboración necesaria, tanto es así que tuvo que echar mano en algún momento de agentes ajenos a la policía y la Guardia Civil lucense.
Juzgados sin medios tan sencillos como un escáner de documentos
Los dos juezas trabajan con precariedad absoluta de medios en sus juzgados. Ni tan siquiera disponen de algo tan elemental como un escáner. En ocasiones deben llevar de sus casas lo que necesitan. En los despachos algunas sillas están rotas, según contaron algunos abogados. Las carencias también afecta a quienes trabajan para ellas. A los guardias de la Carioca les limitaron el saldo de sus móviles. Algunos seguimientos quedaron colgados porque se les acabó el crédito a los investigadores. La jueza reclamó que se solucionara esta situación.
Un sindicato policial llegó a denunciar ante el Consejo del Poder Judicial
Durante la fase más álgida de la Carioca, sindicados policiales fueron presionados para que actuaran contra la instructora. De hecho, trascendió que un colectivo al que pertenece un policía que figura imputado, tramitó una queja ante el Consejo del Poder Judicial. Pero acabó siendo archivada, lo cual dio al traste con la posibilidad de que quienes la plantearon pudieran airear los resultados a través de medios afines.
Inspecciones del Poder Judicial a ambos juzgados, ya que les tocó «por sorteo»
Con la campaña de ataques en marcha no faltaron inspecciones, cuando menos significativas, del Consejo del Poder Judicial a los juzgados de las dos juezas. Alguno de ellos había sido auditado cuatro años antes. Otros llevan casi décadas sin ningún tipo de inspección. Los inspectores no hallaron nada anómalo. Felicitaron a las juezas por su trabajo. Por cierto que para el Juzgado de Instrucción número 1, desbordado por el caso Carioca, tardaron meses en nombrar una jueza de apoyo.
Testigos y explotadas que quedaron sin amparo de los servicios sociales
Las investigaciones de las dos juezas motivaron situaciones sociales comprometidas. En la Carioca, numerosas mujeres quedaron desatendidas al ser cerrados los burdeles. En la operación Pollo, decenas de jóvenes marroquíes tuvieron que pasar semanas comiendo solo unos fideos. Las juezas pidieron que estas personas fueran atendidas desde diversos medios oficiales. No les hicieron caso. La situación llegó a ser tal que funcionarios tuvieron que movilizarse para conseguir comida para los afectados y también alojamiento para muchas mujeres. En ambos casos, los afectados y afectadas estaban arriesgando su vida por declarar en contra de quienes les explotaban.
Robos de profesionales en las gestorías y despachos de la Guardia Civil rotos a patadas
Por si todo fuera poco, resulta que fue robada valiosa documentación de gestorías y despachos con la finalidad de que no llegara a manos de las investigadores. En la misma comandancia, la puerta de la oficina de los guardias que trabajan para De Lara fue destrozada con una patada. Además, los coches de los investigadores y el de una jueza fueron dañados.
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