Varias causas xudiciais abertas e centos de imputados e testigos chamados a declarar. Esa é a realidade desde hai anos na cidade de Lugo. En todas elas un denominador común: políticos e empresarios baixo sospeita de supostos delitos de corrupción. Na convicción de loitar contra o silencio, contra a omertá declarada ao respecto por algúns partidos, Esquerda Unida alza a voz para loitar contra esa lacra social que é a corrupción.

miércoles, 21 de diciembre de 2011

operación carioca

INTERIOR NIEGA EL PERMISO DE TRABAJO A 4 TESTIGOS CLAVES DE LA CARIOCA
A las afectadas les dejan residir en España, pero no las autorizan a ocupar un puesto


Xosé Carreira / La Voz
21/12/2011

Pueden residir, pero no pueden trabajar. Esta es la atípica situación que viven cuatro testigos protegidas de la operación Carioca. El «premio» que reciben por parte de Interior por su inestimable colaboración con la jueza Pilar de Lara Cifuentes, poniendo en peligro incluso su integridad, es que estén en el paro forzoso o que trabajen clandestinamente para poder sobrevivir. Si las descubren, posiblemente tendrán problemas graves.

Esta situación fue puesta de manifiesto a diversas autoridades por parte del abogado Gerardo Pardo de Vera Posada, colaborador de la ONG Aliad Ultreia, colectivo que presta atención a las mujeres que eran explotadas en los burdeles clausurados durante la operación Carioca y que se quedaron sin poder trabajar. Fue éste uno de los pocos colectivos que les brindó apoyo. Prácticamente ninguna mujer dispuso de respaldo institucional.

El 29 de junio de 2011 Interior concedió a cuatro testigos protegidas autorización de residencia en el territorio nacional, por circunstancias excepcionales. La decisión se ampara en el Real Decreto 2393/2004, basado en los derechos y libertades que tienen los extranjeros en España y su integración social. La decisión fue recurrida en su momento por el letrado que representa a Aliad.

La situación llegó a ser dramática para algunas de las mujeres. Varias de ellas llegaron a tener ofertas de trabajo por parte de empresarios que conocían su apurada situación. Sin embargo, el ofertante no se arriesgó a tramitar la contratación porque estaría incurriendo en una irregularidad que le acarrearía una grave sanción, al margen de las consecuencias que podría tener el hecho de que la empleada sufriese algún tipo de percance en el puesto de trabajo.

El letrado no comprende como es posible que se pueda estar dando esta situación. La dureza aplicada a las testigos protegidas que colaboraron en la operación que puso al descubierto la presunta existencia de una ayuda más que estimable de algunos miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad a los proxenetas que se ocupaban de los clubes de alterne investigados, contrasta con la que se aplicó, o se viene aplicando, a algunos imputado a los que les suelen ser atendidas diligentemente y de forma positiva sus peticiones.

Este es otro episodio más de las múltiples situaciones, cuando menos extrañas, que rodean esta operación que sigue coleando y que se encuentra en fase de investigación por el Juzgado de Instrucción número 1.

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