LUGO ANTICORRUPCIÓN

DORRIBO CARGA CONTRA TODOS Y PROITEC APARECE COMO EJE DE LA TRAMA DE LAS SUBVENCIONES

06/03/2012 - J.M. Freire / M. Olarte / El Progreso (Lugo)

El sumario de la operación Campeón que fue facilitado ayer a las partes revela el funcionamiento de un entramado empresarial y de influencias enfocado a conseguir subvenciones, créditos y adjudicaciones de las administraciones, en especial la autonómica. Cuarenta personas -entre empresarios, políticos, funcionarios, trabajadores y hasta notarios- están ya imputadas por diversos delitos, entre los que figuran fraude en subvenciones, falsificación de documentos, tráfico de influencias, prevaricación cohecho, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. De ellos, al menos once son empleados de la Xunta, tanto del Igape como de la Consellería de Infraestruturas.

Por la mayoría de esos cargos responde el dueño de Nupel, Jorge Dorribo, que es quien delata ante la jueza Estela San José a los implicados y carga contra todos, incluidos sus propios colaboradores. Sin embargo, son la asesoría Proitec y sus dos copropietarios, Carlos Monjero y Javier Rodríguez, los que se sitúan como eje central, ya que son quienes tenían los mejores contactos, quienes asesoraban en la gestión de las subvenciones y quienes obtuvieron diversas adjudicaciones de obras por parte del servicio de carreteras.

Los dos, además del propio Jorge Dorribo, tuvieron pinchados sus teléfonos durante mucho tiempo. Esas conversaciones y mensajes de texto que intercambiaban, muy abundantes, convencieron a los investigadores de que el gran contacto con la Xunta era el exdiputado del PPdeG Pablo Cobián, que habría recibido a cambio al menos 78.000 euros, destinados por Nupel al patrocinio del equipo de automovilismo de su hijo.

Decenas de llamadas y correos reflejan las supuestas gestiones realizadas por Cobián ante los responsables del Igape para que Dorribo consiguiera un crédito a fondo perdido y una subvención europea, en total unos cuatro millones de euros. Para ello, indican los investigadores, habría sido necesaria la colaboración de tres altos cargos del Igape, Joaquín Varela de Limia, Carlos Silva y Cristina Quintela Sánchez. Todos ellos aparecen en las grabaciones, en muchas de ellas asesorando directamente a los empresarios de la trama para que sus solicitudes superasen los controles pese a ser manifiestamente irregulares.

Para conseguirlo, Dorribo y sus colaboradores de Proitec no habrían dudado en presentar facturas infladas, antiguas e incluso directamente falsificadas. Así, una máquina que Nupel ya había adquirido en 2008 se convirtió en el santo grial que justificaba tanto la subvención como el crédito; con la colaboración de los ya nombrados, de otra serie de empresarios -como los propietarios de Coveluma- y de empleados de Nupel, se habrían realizado todo tipo de trampas hasta justificar las inversiones ficticias. Como ejemplo, baste señalar que consiguieron elevar hasta los cuatro millones de euros el precio de dicha máquina envasadora de medicamentos a base de generar movimientos y pagos entre las empresas, de forma que siempre se pagaban unas a otras con el mismo dinero, que entraba por una cuenta y salía por otra constantemente. Las irregularidades de las facturas presentadas -algunas eran simples albaranes trucados o facturas a las que se le habían borrado datos y pegado otros con el ordenador- eran tales que hasta pusieron en un aprieto a los responsables del Igape que se estaban interesando por el tema, que tuvieron serias dificultades para darles trámite e incluso aconsejaban como darles apariencia de verosimilitud.

Pero Pablo Cobián, estrecho colaborador de Javier Rodríguez y Carlos Monjero, no solo tocó al Igape. Según se refleja en el sumario, también facilitó a ambos el contacto con responsables de la Consellería de Infraestruturas, que adjudicó varias obras de carreteras a sus empresas, bien en solitario o bien en uniones temporales con otras.

Esos contactos llegaron a incluir al propio conselleiro, Agustín Hernández. Los agentes de la Agencia Tributaria incluso detallan varios encuentros de éste con responsables de Proitec y de otras empresas de construcción y la jueza instructora pregunta a los siete funcionarios de su consellería que tiene imputados por las supuestas maniobras de Hernández, aunque todos ellos niegan ese extremo y él no figura entre los imputados.

Aunque, sin duda, entre lo más espectacular del material dado ayer a conocer se sitúa el testimonio del propio Jorge Dorribo. La investigación previa ya determina que su situación financiera era tal que su único objetivo en los últimos meses antes de ser detenido era hacerse con todo el dinero posible y ocultar sus bienes para trasladar su negocio a Andorra. De hecho, parece que le daba lo mismo perder Nupel y el resto del empresas, porque solo le interesaba llevarse los derechos sobre los medicamentos.

Pero el cambio espectacular se produce entre su primera declaración tras ser detenido y la que realiza de forma voluntaria el 8 de agosto, que amplía luego en varias ocasiones. Mientras que en la primera niega prácticamente todos los hechos, en la siguiente carga contra todo y todos. Aporta datos contra todos los nombres que los investigadores ya conocían, lo mismo empleados que empresarios, amigos o colaboradores, y añade otro buen puñado: el del notario lucense que se supone que le ayudó a trampear escrituras; los de los empresarios que le dieron las facturas falsas; los de los empleados que trucaban los documentos, o el de algún socio que le facilitó más contactos políticos.

Y estos, los políticos, como grandes presas. Según él, pagó a muchos, de todos los partidos, desde Cobián a Fernando Blanco, pasando por el exministro de Fomento José Blanco -cuya causa estudia el Tribunal Supremo-,o el alcalde de Lugo, José López Orozco.

En las relaciones con los políticos hay otro nombre clave, según Dorribo y las propias grabaciones de sus conversaciones. Se trata de José Antonio Orozco, vicepresidente de Azkar y que no está imputado por la jueza de Lugo, sino por el Tribunal Supremo. Este es amigo muy cercano de José Blanco, y en una de las conversaciones que Orozco tiene con Dorribo ambos comentan la posibilidad de que el entonces ministro de Fomento les pida dinero para financiar la campaña electoral a cambio de su apoyo para los negocios que querían iniciar.

Según Dorribo, tanto José Blanco como Fernando Blanco iban a tener participación en sus empresas, a través de testaferros. En el sumario figura un informe de los agentes de la Agencia Tributaria en el que se analiza el contenido de un lápiz de memoria entregado al juzgado a principios de noviembre. En los documentos que contiene aparecen reflejadas, entro otros aspectos, las supuestas participaciones que los dos políticos tendrían en la empresas: José Blanco, según la hoja de cálculo, tendría el 8% tanto de la creada en Andorra como de la proyectada en Rábade, mientras que Fernando Blanco dispondría del 6% de ambas. De todos modos, la propia jueza muestra su desconfianza al ordenar a los agentes investigar cuándo se crearon y modificaron los archivos.