Varias causas xudiciais abertas e centos de imputados e testigos chamados a declarar. Esa é a realidade desde hai anos na cidade de Lugo. En todas elas un denominador común: políticos e empresarios baixo sospeita de supostos delitos de corrupción. Na convicción de loitar contra o silencio, contra a omertá declarada ao respecto por algúns partidos, Esquerda Unida alza a voz para loitar contra esa lacra social que é a corrupción.

jueves, 27 de septiembre de 2012

DOS AÑOS DE PINCHAZOS TELEFÓNICOS
Las primeros indicios de la Pokémon partieron de grabaciones sobre la Carioca


m. c. redacción / la voz
27 de septiembre de 2012

Hace casi dos años, durante los pinchazos telefónicos de la operación Carioca contra la trama de los burdeles de Lugo, se descubrió que Javier Reguera, además de ser copropietario del local que albergaba el prostíbulo Queen's y gerente de la empresa de la ORA en Lugo, tenía interesantes conversaciones telefónicas con Fernández Liñares y con otras personas que pronto se descubrió que eran representantes de la empresa Vendex. Las indagaciones de la operación Carioca siguieron su curso, pero la jueza Pilar de Lara también ordenó por otro lado investigar a estos personajes: citó a declarar a Reguera, al empresario Manuel Santiso y al expolicía local Daniel Corral. Y al margen de detalles de la trama de la prostitución, le contaron por ejemplo que entre ellos y Liñares habían llegado al acuerdo de que policías locales interinos apoyasen a los vigilantes de la ORA con multas, como una forma de incrementar la recaudación. Declararon también a la jueza que mediante visitas de algunos agentes a propietarios de fincas de la zona de Garabolos -un barrio del extrarradio de Lugo- consiguieron «convencer» a los vecinos para hacer un desdoblamiento de la N-VI y para que pagasen incluso las contribuciones especiales correspondientes a cada finca, con el fin de que la empresa Pórtico pudiese instalarse en una nave, ya que sin esos trámites nunca podría haberse ubicado allí. El expolicía declaró detalladamente a la jueza que gracias a esas «gestiones» un hijo suyo fue contratado luego en dicha empresa. Y que esa operación, perfectamente controlada por Liñares, incluso permitió a algunos empleados del Concello de Lugo hacer trabajos extras en dicha franquicia.

Y así, todo un reguero de detalles en las declaraciones que convencieron a la jueza Pilar de Lara de que había que intervenir las conversaciones telefónicas. Y estas fueron llevando de Javier Reguera a Manuel Santiso; y de Liñares al alcalde de Ourense. Y finalmente, a buena parte de los ahora detenidos.

Las escuchas desvelaron que hablaban con motes y nombres en clave y sobre asuntos tan enrevesados como ir a buscar la prensa deportiva o la prensa de Madrid. De los pinchazos se pasó a los seguimientos y se comprobó cómo algunos de ellos iban a buscar sobres a determinadas empresas de mensajería. Los agentes de Aduanas llegaron a fotografiar y a grabar en vídeo a los miembros de la trama, para comprobar por ejemplo, cómo Javier Reguera o Liñares iban a recoger sobres a empresas de mensajería. El País aseguró en su edición de ayer que incluso hay fotos y vídeos que constatan los envíos de dinero al alcalde de Ourense.

Una vez determinado el sistema de envío y las periodicidades, los investigadores llegaron a abrir algunos paquetes de dinero que, para su sorpresa, estaba envueltos en hojas de periódicos deportivos. Las escuchas telefónicas y el rastreo de los paquetes aportaron evidencias de que no solo se hacían pagos por servicios puntuales, sino que incluso había personas en «nómina» y recibían puntualmente los paquetes de dinero. Algunos de esos billetes fueron fotografiados y marcados por los investigadores en algún momento del envío, para poder luego localizarlos en los registros.

Subir la paga

En las conversaciones se escuchó cómo alguno de los políticos en nómina decía que con la crisis actual necesitaba que Vendex le subiese su «paga» de mil euros, en 50 euros más. El propio Liñares reconoció ante la jueza que recibía 3.500 euros al mes, y a mayores otras cantidades según las concesiones o las obras que fue adjudicando desde la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

Luego, ante la jueza, un Fernández Liñares arrepentido se extendió y llegó a citar a más de 20 empresarios concretos que le habían «untado» alguna vez. Así, Pokemon va a salpicar a muchas más personas de las que quizá la jueza hubiese sospechado.

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