Varias causas xudiciais abertas e centos de imputados e testigos chamados a declarar. Esa é a realidade desde hai anos na cidade de Lugo. En todas elas un denominador común: políticos e empresarios baixo sospeita de supostos delitos de corrupción. Na convicción de loitar contra o silencio, contra a omertá declarada ao respecto por algúns partidos, Esquerda Unida alza a voz para loitar contra esa lacra social que é a corrupción.

lunes, 1 de octubre de 2012

LA JUEZA INVESTIGA LOS PATROCINIOS DE 3 EMPRESAS AL CONCELLO DE LUGO
Cechalva, la concesionaria de la grúa, y Sanle, firma que rige un detenido, participaron en la financiación del festival Arde Lucus


Xosé Carreira
Lugo / la voz  01 de octubre de 2012

Una de las múltiples líneas abiertas en la investigación de la operación Pokémon se encamina a los patrocinios que empresas vinculadas con la trama hicieron al Concello de Lugo y otras instituciones, tanto en la capital lucense como en otros puntos de Galicia. Por lo de pronto ya se conoce que Sanle, la empresa a la que está vinculado uno de los detenidos, y Cechalva, la que explota el servicio de la grúa municipal, pudieron haber hecho entregas para financiar el Arde Lucus, una de las celebraciones culturales estrella que promueve el equipo de gobierno municipal. Ambas firmas son dos de la treintena que aparecieron como patrocinadores en los programas y el resto de la publicidad que se distribuyó para esta fiesta de disfraces romanos que tuvo lugar a finales del mes de junio.

La historia de los patrocinios es calcada a la que en su día se descubrió en la operación Campeón que tiene como centro al empresario Jorge Dorribo, las subvenciones del Igape y una larga serie de imputados. Por aquel entonces era el controvertido propietario de los laboratorios Nupel el que presuntamente pagaba. Ahora, con Dorribo sin soltar un duro, parece que los organizadores tuvieron que echar mano de otras firmas, entre ellas la de los imputados.

La jueza llamará a declarar a algunos miembros del equipo de gobierno para explicar pormenores de este patrocinio. Especialmente los investigadores tratarían de saber si aportaron alguna cantidad de dinero, la cantidad concreta y si recibieron algún tipo de contraprestación por esta colaboración.

Sanle es una empresa que tiene su sede en la avenida Benigno Rivera, a la entrada del polígono industrial de O Ceao. Se trata de una firma mediana cuyo cabeza visible, según todos los documentos que manejan los investigadores, es uno de los detenidos, puesto en libertad con varias imputaciones tras su declaración. Se trata de Manuel Santiso González. Su empresa logró en los últimos años centenares de contratos de diversas instituciones, entre ellas el Concello de Lugo.

Algunas de ellas son la colocación de los bancos de la Praza Maior, las escaleras de esta plaza, la urbanización de las calles Armando Durán, Xoán Montes, Xacobe y Os Carpinteiros y mejoras en la Porta Aguirre.

Sanle se conecta con Cechalva, la polémica empresa que se encarga de la grúa en la capital lucense. Y esa conexión es Manuel Santiso. Este empresario tenía desde agosto del 2006 un total de 250 participaciones porque se las vendieron por el simbólico precio de 1.500 euros los otros dos socios, uno de ellos Jorge Pío Cecchini Estrada, también detenido en la operación de la jueza Pilar de Lara.

Un año después hay otro movimiento de la empresa. Manuel Santiso vende sus participaciones por 750 euros a otro de los imputados, Demetrio Arias López. Este es un cuñado de Javier Reguera, responsable de la ORA de Lugo, que está encarcelado por su presunta participación en esta trama de corrupción de dimensiones incalculables.

Arias López era granjero en Portomarín y acabó siendo uno de los responsables de la grúa. Sospechan que este no es más que un simple hombre de paja. También descubrieron que la relación de Santiso González y Reguera con el Concello de Lugo era especial. Había evidencias porque en más de una ocasión este supuesto trato de favor, favoritismo o privilegio que tenía Reguera en la institución municipal fue denunciado por sindicalistas.

«Xa se me dirá como se entende que Reguera, que era un funcionario ordenanza no Concello, tivera, supostamente, un horario reducido na institución pública e logo pola tarde traballara na ORA. E ninguén adoptou medidas aínda que por aquel entón se denunciou», apuntó ayer un exfuncionario que pidió no ser citado. La misma fuente asegura que era un hecho conocido que Reguera y Francisco Fernández Liñares, por aquellos tiempos concejal del Ayuntamiento (ya cumplió una semana de cárcel en Monterroso), mantenían una relación muy estrecha.

Esas conexiones, los patrocinios, las multas que se imponían para un presunto beneficio de la grúa municipal y otra serie de aspectos constituyen los ejes primordiales de una investigación que provocará que miembros de la actual y de anteriores corporaciones, así como también funcionarios, tengan que dar explicaciones.

Registros

Las indagaciones, por lo que respecta al Concello de Lugo, se prevén largas, toda vez que Fernández Liñares fue hombre clave, esencial, en el gobierno de la ciudad amurallada durante muchos años. Aunque el exedil estuvo en todo momento colaborador, tanto en los registros efectuados en su casa como también durante su larga declaración judicial, la necesidad de revisar minuciosamente decenas de documentos que se incautaron durante los registros ralentizará el trabajo de los investigadores.

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