Varias causas xudiciais abertas e centos de imputados e testigos chamados a declarar. Esa é a realidade desde hai anos na cidade de Lugo. En todas elas un denominador común: políticos e empresarios baixo sospeita de supostos delitos de corrupción. Na convicción de loitar contra o silencio, contra a omertá declarada ao respecto por algúns partidos, Esquerda Unida alza a voz para loitar contra esa lacra social que é a corrupción.

viernes, 2 de noviembre de 2012

«¡PERO NON VES QUE AQUÍ SÓ PAGAN OS TONTOS!»

x. c. lugo / la voz
02 de noviembre de 2012

En las escuchas telefónicas a las que fueron sometidas varias personas dedicadas al trapicheo de drogas en Lugo hubo un momento en el que uno de los participantes le dice a otro que se quejaba porque llevaba tres multas en poco más de un mes: «Tranquilo home, tranquilo. ¡Pero non ves que aquí só pagan os tontos!». El discurrir de la investigación evidenció la existencia de un entramado corrupto que hacía que para muchos fuera normal quitar las multas y, por lo tanto, saltarse a la torera las normas que al resto de la ciudadanía le aplicaban con rigor. Lo dice el refrán: quien tiene padrino se bautiza. En Lugo, el que estaba sin él tenía la posibilidad de echar en el cazo.

Cuatro años

Siete mil folios. La investigación de la jueza San José se prolongó durante cuatro años. Una baja de la magistrada, de medio año, hizo que el caso quedase parado. Nadie movió un papel en ese tiempo. Para llegar a los autos de imputación fue preciso revisar cientos de expedientes incautados en un registro realizado en las oficinas de la DGT de Lugo. Finalmente, el caso consta de una docena de tomos y más de siete mil folios.

Casi cien imputados

En dos apartados. La operación acabó por desgajarse en dos partes. En una de ellas, los imputados suman 14. Es la parte que se conoce como la de los pobres y en ella está una funcionaria de Tráfico, una empleada del departamento de sanciones del Concello de Lugo, su marido y otra serie de personas. En la de los ricos la lista la integran 78 personas que figuran involucradas. También están otras 22, pero estas se salvaron porque, aunque sus multas supuestamente fueron retiradas por amiguismo, resulta que no pudo comprobarse quién movió los hilos de la corrupción. Todo apunta a que el sistema usado en Lugo venía aplicándose desde hacía tiempo y que el número de multas eliminadas podría ser escandaloso. Lo que ocurre es que la jueza limitó su investigación únicamente a varios años.

los delitos

Tráfico de influencias. Este es el delito estrella en el caso de las multas de Lugo. Se le imputa a la mayoría de los 92 integrantes de la lista. A las dos funcionarias de Tráfico involucradas les atribuyen falsedad documental y al que era responsable de la jefatura provincial, además de los ya citados, también le imputan el de falsedad documental.

políticos y hasta curas
Una lista variopinta. La relación principal de imputados está integrada por cargos políticos de todo tipo, cuatro regidores, otros tantos exalcaldes, tres exdelegados de consellerías, la vicepresidenta de la Diputación, conductores de vehículos oficiales, un cura, una cartera, guardias civiles... En cabeza está el que fue subdelegado del Gobierno, Jesús Otero. Acabó dimitiendo al conocerse públicamente el entramado.

cómo se quitaban


Tres alternativas. Había tres alternativas. La primera, ser amigo del que era subdelegado del Gobierno; la segunda, ser amigo de un amigo del subdelegado y la tercera, controlar a algunos de los que estaban en la trama de los pobres. Los expedientes con respaldo de los vips se iban a la papelera cuando tenían las siguientes anotaciones: POS (por orden del subdelegado) o TS (terminado por sobreseimiento). Quien daba esos salvoconductos era, supuestamente, Otero y el que era jefe provincial de Tráfico, Julio González. Este alegó la obediencia debida a su superior, pero la jueza le atribuye presuntas actuaciones irregulares cometidas por su cuenta. En la otra sección de corruptela, se pagaba... y punto.

Así será el final

Ahora decide el fiscal. La listas de imputados de la jueza instructora las tiene la Fiscalía, que tendrá que formular los escritos de acusación con vistas a la celebración de los juicios. El fiscal puede desinflar los listados, aunque no parece factible, por lo menos en lo que respecta a los principales involucrados. En el epicentro de la trama principal están, en base a los resultados de la investigación, el exsubdelegado del Gobierno Jesús Otero; el exjefe de Tráfico Julio González y la persona que ocupaba el cargo de jefe de negociado de sanciones, María Consuelo Fernández Mariño. Algunos de los delitos atribuidos a imputados conllevan penas que van de tres a seis años de prisión. Otros, en cambio, tienen un máximo de un año de cárcel.

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