UNA DE LAS MAFIAS COBRABA HASTA 1.000 EUROS POR LA RETIRADA DE MULTAS EN LUGO
Una empleada de sanciones del Concello y su marido aconsejaban sobre cómo no pagar, según la jueza del caso
Xosé Carreira / la voz
02 de noviembre de 2012
Por mil euros era posible seguir teniendo el carné de conducir o todos los puntos en Lugo. Esa era la tasa que supuestamente cobraron algunos de los integrantes de la denominada trama de los pobres para conseguir que expedientes sancionadores que estaban en la Jefatura Provincial de Tráfico se fueran al cesto de los papeles. Dentro de la sección de los ricos, en la que figuran implicados políticos y cargos públicos, no hay constancia de que se pagase. Se supone que la tarifa era la de favor por favor.
La jueza Estela San José, en la primera fase de su investigación, pudo comprobar y, así lo explica en uno de sus autos, que los imputados José Manuel Aldegunde Quiroga y Francisco Pumariño Maciñeiras, con la ayuda de Lorena Méndez Aragón y de María Aurora Río Espiño, solicitaban a la funcionaria de la Jefatura Provincial de Tráfico María del Carmen Fuenteseca que llevara a cabo una serie de anotaciones en los expedientes de denuncias y sanciones impuestas por la Guardia Civil que suponían la paralización de su tramitación.
Las anotaciones que figuraban en algunos de los expedientes, según la instructora, no se correspondían con la realidad. Resulta que se hacía constar que el afectado había presentado alegaciones o recursos cuando realmente no era así, según se comprobó en la investigación.
Esos recursos ficticios conllevaron en muchos casos el cierre de los expedientes por sobreseimiento. Así, los denunciados no tenían que pagar la sanción y el que perdía el carné de conducir seguía disponiendo de él sin mayores complicaciones.
Apunta el auto de imputación a los incluidos en la lista de los pobres que parece desprenderse que José Manuel Aldegunde Quiroga y Francisco Pumariño Maciñeiras se prevalieron de la relación personal que tenían con la funcionaria de Tráfico para no abonar las sanciones que a ellos mismos les habían sido impuestas. Aclara el documento judicial que el trato personal con la empleada de la DGT le provenía al último por estar casado con María del Río Espiño, también imputada en la causa. Esta mujer está vinculada al departamento de sanciones del Ayuntamiento de Lugo.
Fueron varias las personas que conociendo esa relación con la funcionaria acudieron a los imputados para, supuestamente, pedir la retirada de sus expedientes. Según el auto judicial, aparecieron nueve peticiones formuladas por otras tantas personas que están imputadas.
La instructora del caso destaca que «parece desprenderse que en algunas ocasiones hay indicios sólidos» de que José Manuel Aldegunde y Francisco Pumariño solicitaron el pago de 1.000 euros, cantidad que iría destinada a pagar la sanción y a la funcionaria. Reseña la jueza el caso de un padre que pidió que le quitaran la multa a su hija. En una ocasión supuestamente fue Aldegunde el que quedó para recoger el dinero, «sin que entregara cuantía alguna a nadie» y en otros supuestos era Lorena Méndez, la pareja sentimental de este, según se expresa en el auto, «quien acudía a las citas para recoger el dinero».
Apunta la encargada de la investigación, en el auto distribuido en su momento a las partes involucradas, que «parece desprenderse que María Aurora del Río colaboraba con su marido, Francisco Pumariño, en aconsejar a las personas que acudían a él sobre el modo de evitar el pago de las sanciones» impuestas por la Guardia Civil
Una empleada de sanciones del Concello y su marido aconsejaban sobre cómo no pagar, según la jueza del caso
Xosé Carreira / la voz
02 de noviembre de 2012
Por mil euros era posible seguir teniendo el carné de conducir o todos los puntos en Lugo. Esa era la tasa que supuestamente cobraron algunos de los integrantes de la denominada trama de los pobres para conseguir que expedientes sancionadores que estaban en la Jefatura Provincial de Tráfico se fueran al cesto de los papeles. Dentro de la sección de los ricos, en la que figuran implicados políticos y cargos públicos, no hay constancia de que se pagase. Se supone que la tarifa era la de favor por favor.
La jueza Estela San José, en la primera fase de su investigación, pudo comprobar y, así lo explica en uno de sus autos, que los imputados José Manuel Aldegunde Quiroga y Francisco Pumariño Maciñeiras, con la ayuda de Lorena Méndez Aragón y de María Aurora Río Espiño, solicitaban a la funcionaria de la Jefatura Provincial de Tráfico María del Carmen Fuenteseca que llevara a cabo una serie de anotaciones en los expedientes de denuncias y sanciones impuestas por la Guardia Civil que suponían la paralización de su tramitación.
Las anotaciones que figuraban en algunos de los expedientes, según la instructora, no se correspondían con la realidad. Resulta que se hacía constar que el afectado había presentado alegaciones o recursos cuando realmente no era así, según se comprobó en la investigación.
Esos recursos ficticios conllevaron en muchos casos el cierre de los expedientes por sobreseimiento. Así, los denunciados no tenían que pagar la sanción y el que perdía el carné de conducir seguía disponiendo de él sin mayores complicaciones.
Apunta el auto de imputación a los incluidos en la lista de los pobres que parece desprenderse que José Manuel Aldegunde Quiroga y Francisco Pumariño Maciñeiras se prevalieron de la relación personal que tenían con la funcionaria de Tráfico para no abonar las sanciones que a ellos mismos les habían sido impuestas. Aclara el documento judicial que el trato personal con la empleada de la DGT le provenía al último por estar casado con María del Río Espiño, también imputada en la causa. Esta mujer está vinculada al departamento de sanciones del Ayuntamiento de Lugo.
Fueron varias las personas que conociendo esa relación con la funcionaria acudieron a los imputados para, supuestamente, pedir la retirada de sus expedientes. Según el auto judicial, aparecieron nueve peticiones formuladas por otras tantas personas que están imputadas.
La instructora del caso destaca que «parece desprenderse que en algunas ocasiones hay indicios sólidos» de que José Manuel Aldegunde y Francisco Pumariño solicitaron el pago de 1.000 euros, cantidad que iría destinada a pagar la sanción y a la funcionaria. Reseña la jueza el caso de un padre que pidió que le quitaran la multa a su hija. En una ocasión supuestamente fue Aldegunde el que quedó para recoger el dinero, «sin que entregara cuantía alguna a nadie» y en otros supuestos era Lorena Méndez, la pareja sentimental de este, según se expresa en el auto, «quien acudía a las citas para recoger el dinero».
Apunta la encargada de la investigación, en el auto distribuido en su momento a las partes involucradas, que «parece desprenderse que María Aurora del Río colaboraba con su marido, Francisco Pumariño, en aconsejar a las personas que acudían a él sobre el modo de evitar el pago de las sanciones» impuestas por la Guardia Civil
No hay comentarios:
Publicar un comentario