Varias causas xudiciais abertas e centos de imputados e testigos chamados a declarar. Esa é a realidade desde hai anos na cidade de Lugo. En todas elas un denominador común: políticos e empresarios baixo sospeita de supostos delitos de corrupción. Na convicción de loitar contra o silencio, contra a omertá declarada ao respecto por algúns partidos, Esquerda Unida alza a voz para loitar contra esa lacra social que é a corrupción.

martes, 14 de mayo de 2013

LA JUEZA DECIDE QUE LA EMPRESA DE LA GRÚA TENGA CONTROL JUDICIAL
Cechalva es una de las claves de la Operación Pokemon

Xosé Carreira
lugo / la voz  14 de mayo de 2013

Cechalva, una de las empresas claves en la operación Pokémon será controlada judicialmente. Así lo estableció la jueza que instruye la investigación, Pilar de Lara Cifuentes, que también ha decidido investigar si, tal como declaró uno de los socios, la empresa que gestiona la grúa hacía pagos mensuales al gobierno de Orozco.

La decisión se produce como consecuencia de la imputación de los que fueron sus promotores y, también, de la propia empresa, en base a lo establecido tras la reforma del Código Penal. Cechalva es la que empresa que consiguió, a principios de noviembre de 2005, el servicio de grúa municipal hasta el año 2015.

Fue creada en Asturias por José Luis Álvarez Álvarez y Jorge Cechini, ambos imputados. Años después desembarcaron en Lugo con otros dos socios lucenses: Manuel Santiso y Demetrio Arias. Ambos están involucrados en la operación por la jueza. Ese aterrizaje en la capital lucense se produjo después de perder el contrato que tenían en Oviedo.

Todo apunta a que Cechalva acabó convirtiéndose en un verdadero polvorín por las discrepancias surgidas entre los socios. El asturiano José Luis Álvarez le contó a la jueza cómo habían conseguido el contrato en Lugo. Según él, supuestamente fue clave el que se comprometieran a dar un sueldo mensual de 2000 euros al exconcejal Francisco Fernández Liñares. Esa cantidad, supuestamente, era posteriormente repartida.

La grúa es una sangría para las arcas del Concello de Lugo, según las reiteradas denuncias de la oposición. En el primer año de contrato, 300.000 euros del dinero público fueron destinados a Cechalva. Esa cantidad se incrementó en 6.000 más al año siguiente y siguió subiendo como la espuma. El último dato revelado por la oposición apunta a que en 2011 fueron casi medio millón de euros para cumplir el contrato firmado en su día. Esa situación es otra de las razones por las que la jueza optó por someter a la polémica firma de la grúa a control judicial.

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