Varias causas xudiciais abertas e centos de imputados e testigos chamados a declarar. Esa é a realidade desde hai anos na cidade de Lugo. En todas elas un denominador común: políticos e empresarios baixo sospeita de supostos delitos de corrupción. Na convicción de loitar contra o silencio, contra a omertá declarada ao respecto por algúns partidos, Esquerda Unida alza a voz para loitar contra esa lacra social que é a corrupción.

sábado, 1 de febrero de 2014

YOLANDA DÍAZ DEMANDA ''DIMISIONES INMEDIATAS'' POR LA ''EXTREMA GRAVEDAD DE LOS DATOS QUE AFLORAN''

01/02/2014 - Galiciaé LV / Axencias

La coordinadora nacional de Esquerda Unida (EU), Yolanda Díaz, ha demandado la "inmediata" puesta a disposición de sus cargos por parte de los implicados en la Operación Pokemon.

Tras el levantamiento del secreto de una parte del sumario, la dirigente de izquierda resaltó que la jueza habla de asociaciones criminales, en una situación que calificó de "extrema gravedad" y que afecta a más de 100 cargos públicos en la Comunidad autónoma. Insistió en que las personas que "afloran" en el sumario con "datos absolutamente gravísimos", deben cesar en sus responsabilidades, siempre con la salvaguarda de la presunción de inocencia.

La portavoz recordó el debate de cuándo debe dimitir un político y apuntó que ya no solo no se hace cuando está imputado, sino tampoco cuando está procesado, como demuestra el hecho de una diputada del PP, procesada, que se mantiene en su escaño en el Parlamento de Galicia. Tras distinguir entre la responsabilidad penal y la política, puso el ejemplo de la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, que, ante una sentencia "clara y contundente", no dimite, por lo que cree que quien lo permite es, a su vez, "cómplice" de un ejercicio de "auténtico nepotismo".

Para Díaz, la situación es de fin de un régimen de corrupción, que afecta a la propia jefatura del Estado, por lo que exige una "regeneración democrática", en la que también se modifique el sistema punitivo, ya que no parece correcto que a una persona como Bárcenas le puedan caer hasta 6 años y a una que roba por hambre o por dependencia de drogas, hasta 9 años.

Lamentó que las fórmulas clientelares que llevan a la corrupción parezcan estar en el ADN del país e insistió en que ello "no es tolerable", por lo que el Gobierno gallego "debe tomar la cuestión en serio". Concluyó que el levantamiento del sumario de la Operación Pokemon es solo parcial, por lo que habrá que "imaginar" lo que aún no se conoce para considerar la verdadera envergadura del caso.

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