UNA ASOCIACIÓN DENUNCIA QUE EL PXOM FAVORECE INTERESES DE ALGUNOS POLÍTICOS
El presidente de ALPUL asegura que en caso de que no se subsanen los «errores» irán a los juzgados
25/11/2009 La Voz
La Asociación por la Legalidad del Plan Urbanístico de Lugo (ALPUL) denunció ayer que había detectado una serie de lo que definió como «errores» en el Plan Xeral de Ordenación Municipal, tras el periodo de alegaciones, que podrían favorecer los intereses de determinados políticos y constructores. Entre los primeros únicamente se citó a Francisco Fernández Liñares, actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil y antiguo concejal de Urbanismo.
La nueva asociación, que preside Manuel Cabanas, encargó un estudio de legalidad, en el que se recogen las diferencias entre las zonas perjudicadas por los cambios, entre las que citó As Gándaras, A Campiña y San Lázaro, que suponen 1,3 millones de metros cuadrados urbanizables, que según Cabanas no se podrán desarrollar.
ALPUL asegura que tiene sospechas fundadas de trato de favor en el PXOM, que no descartan denunciar por la vía penal, en caso de que no se subsanen los errores detectados. Ante las manifestaciones de esta asociación, el Concello de Lugo difundió una nota en la que apunta que las declaraciones de Cabanas «parecen un chantaxe cara a Administración Local e a Xunta de Galicia que neste momento ten a última decisión sobre o plan e que indicou ao Concello de Lugo as observacións que debe modificar».
Según ALPUL, frente a los suelos que dicen han sido perjudicados, «hemos observado -dijo- como otros, vinculados a personas de renombre en esta ciudad han sido favorecidos y parece que en lugar de seguir criterios urbanísticos y profesionales, se han seguido otros tipo».
Cabanas apuntó que toda la información sobre lo que definió en otra ocasión como «errores» la tienen documentada. «Se tiene conocimiento -dijo- de anomalías muy graves. Hay suelos, como una propiedad muy conocida en San Lázaro, que pertenece al señor Liñares, que pasó de ser suelo rústico a urbano edificable, calificación que urbanísticamente carece de mucho sentido». También apuntó que este mismo político, que en su día fue concejal de urbanismo, posee otra parcela de 84.000 metros cuadrados en Fixós que «casualmente linda con suelo urbanizable, que en caso de ser ampliado «incrementaría su patrimonio sustancialmente».
Cabanas apuntó que en los últimos tres años llevan trabajando en este asunto y que encargaron un informe de legalidad a un urbanista. Este estudio fue entregado a la concejala de Urbanismo, María Novo, que dijo que lo iba a analizar y remitirles las conclusiones. «Nuestra sorpresa -dijo- fue que mandó el PXOM a la Xunta y a los perjudicados no nos comunicó nada». Apuntó que después de intentar durante dos meses hablar con Novo, sin resultados, registraron los informes, que también hicieron llegar al portavoz del PP, Jaime Castiñeiras.
«María Novo -dijo el presidente de ALPUL- sigue en sus trece y es reacia a hacer cualquier tipo de modificación». «Nosotros -apostilló- no sabemos que que intenta defender».
Cabanas apuntó que le remitieron un escrito, a través de un abogado, recordándole que una vez aprobado el PXOM, si recurren a la vía administrativa, éste se podría anular por los «errores» de los que tienen conocimiento, después de nueve años de tramitación.
La documentación, según el presidente de ALPUL, será remitida a la Xunta como órgano supervisor para que «pare lo que creemos ilegal e injusto». Insistió en que el efecto que se produce es una descompensación, «Hay suelos -dijo- como cerca del hospital, que meten una serie de cargas y normas que hacen que sean inviables e inejecutables, en tanto que otros sí y es donde se localizan a ciertas personas», apostilló.
El presidente de ALPUL asegura que en caso de que no se subsanen los «errores» irán a los juzgados
25/11/2009 La Voz
La Asociación por la Legalidad del Plan Urbanístico de Lugo (ALPUL) denunció ayer que había detectado una serie de lo que definió como «errores» en el Plan Xeral de Ordenación Municipal, tras el periodo de alegaciones, que podrían favorecer los intereses de determinados políticos y constructores. Entre los primeros únicamente se citó a Francisco Fernández Liñares, actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil y antiguo concejal de Urbanismo.
La nueva asociación, que preside Manuel Cabanas, encargó un estudio de legalidad, en el que se recogen las diferencias entre las zonas perjudicadas por los cambios, entre las que citó As Gándaras, A Campiña y San Lázaro, que suponen 1,3 millones de metros cuadrados urbanizables, que según Cabanas no se podrán desarrollar.
ALPUL asegura que tiene sospechas fundadas de trato de favor en el PXOM, que no descartan denunciar por la vía penal, en caso de que no se subsanen los errores detectados. Ante las manifestaciones de esta asociación, el Concello de Lugo difundió una nota en la que apunta que las declaraciones de Cabanas «parecen un chantaxe cara a Administración Local e a Xunta de Galicia que neste momento ten a última decisión sobre o plan e que indicou ao Concello de Lugo as observacións que debe modificar».
Según ALPUL, frente a los suelos que dicen han sido perjudicados, «hemos observado -dijo- como otros, vinculados a personas de renombre en esta ciudad han sido favorecidos y parece que en lugar de seguir criterios urbanísticos y profesionales, se han seguido otros tipo».
Cabanas apuntó que toda la información sobre lo que definió en otra ocasión como «errores» la tienen documentada. «Se tiene conocimiento -dijo- de anomalías muy graves. Hay suelos, como una propiedad muy conocida en San Lázaro, que pertenece al señor Liñares, que pasó de ser suelo rústico a urbano edificable, calificación que urbanísticamente carece de mucho sentido». También apuntó que este mismo político, que en su día fue concejal de urbanismo, posee otra parcela de 84.000 metros cuadrados en Fixós que «casualmente linda con suelo urbanizable, que en caso de ser ampliado «incrementaría su patrimonio sustancialmente».
Cabanas apuntó que en los últimos tres años llevan trabajando en este asunto y que encargaron un informe de legalidad a un urbanista. Este estudio fue entregado a la concejala de Urbanismo, María Novo, que dijo que lo iba a analizar y remitirles las conclusiones. «Nuestra sorpresa -dijo- fue que mandó el PXOM a la Xunta y a los perjudicados no nos comunicó nada». Apuntó que después de intentar durante dos meses hablar con Novo, sin resultados, registraron los informes, que también hicieron llegar al portavoz del PP, Jaime Castiñeiras.
«María Novo -dijo el presidente de ALPUL- sigue en sus trece y es reacia a hacer cualquier tipo de modificación». «Nosotros -apostilló- no sabemos que que intenta defender».
Cabanas apuntó que le remitieron un escrito, a través de un abogado, recordándole que una vez aprobado el PXOM, si recurren a la vía administrativa, éste se podría anular por los «errores» de los que tienen conocimiento, después de nueve años de tramitación.
La documentación, según el presidente de ALPUL, será remitida a la Xunta como órgano supervisor para que «pare lo que creemos ilegal e injusto». Insistió en que el efecto que se produce es una descompensación, «Hay suelos -dijo- como cerca del hospital, que meten una serie de cargas y normas que hacen que sean inviables e inejecutables, en tanto que otros sí y es donde se localizan a ciertas personas», apostilló.
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