EL EXSUBDELEGADO DEL GOBIERNO DE LUGO, CONDENADO POR RETIRAR MULTAS

La Audiencia Provincial también castiga al exjefe de Tráfico. Ambos tendrán que indemnizar con 9.180 euros al Estado por el perjuicio causado

la voz, 11 de julio de 2015

La Audiencia Provincial de Lugo condenó a siete meses y quince días de cárcel al exsubdelegado del Gobierno en Lugo, Jesús Otero Calvo, como autor de un delito continuado de tráfico de influencias. Otero, uno de los principales imputados -23 en total- en la trama de retirada de multas, y que actualmente es alcalde de Monterroso por INTA (Independentes Terras do Asma), también fue inhabilitado para empleo o cargo público durante dos años y tres meses.

Jesús Otero no quiso realizar declaraciones sobre su futuro y se mostró tranquilo después de conocer el fallo. Se limitó a señalar que está estudiando presentar un recurso de casación ante el Supremo, para lo que dispone de un plazo de cinco días.

Junto a Otero también fue condenado el exjefe de Tráfico de Lugo, Julio González Díaz. En este caso por un delito continuado de falsedad documental -dos años y tres meses de cárcel y multa de siete meses y quince días con una cuota diaria de cinco euros e inhabilitación durante dos años- y por otro continuado de prevaricación. Por este último la pena es de cuatro años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Entre ambos tendrán que indemnizar al Ministerio de Hacienda con 9.180 euros en concepto del perjuicio causado por la retirada de las multas.

La funcionaria de Tráfico Consuelo Fernández, que también se sentó en el banquillo, quedó libre de todos los cargos que le imputaban, al constatar que hacía lo que su jefe le mandaba «sin fijarse en la identificación de las personas beneficiadas».

Los absueltos

La Audiencia Provincial absolvió al sacerdote Luciano Armas Vázquez; al exalcalde de Muras, Issam Al-Nagm; al exconcejal del BNG de Sarria, José Luis Castro; a Antonio Ángel Ceide Novo; al alcalde de Meira, Antonio de Dios Álvarez; a Mariano Díaz Rosado; a Miguel Ángel Fernández López; a José Luis Galán Torre; a José María Gómez Lombao; a Adrián González Pérez; a José Antonio López Barreiro; a José Antonio López López; a Álvaro Macía Prieto; a Iván Marcos Méndez; a Xoán Xosé Molina; a José Rábade Arias; a Álvaro Sobrado Pérez; a Ángel Soto Mosqueta y a Agapito Vázquez Barral. Todos ellos estaban acusado de tráfico de influencias y se sentaron en su día en el banquillo.

En la sentencia dada a conocer ayer y que consta de 73 páginas, también figura absuelto el alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, a quien el fiscal retiró la acusación en el juicio, celebrado en el mes de mayo del año 2014.

La sentencia considera probado que entre los años 2006 y 2008 numerosas personas denunciadas por infracciones de tráfico -exceso de velocidad, alcoholemias y circular sin cinturón de seguridad, entre otras infracciones- hicieron llegar al exsubdelegado del Gobierno y al jefe de tráfico documentación de sus expedientes sancionadores, en diferentes fases, con la finalidad de eludir las sanciones económicas, privativas de derechos o que suponían la retirada de puntos.

Decisión caprichosa

Según el fallo, Jesús Otero y Julio González, «sin fundamento alguno, caprichosa e injustificadamente, salvo el interés de beneficiar exclusivamente a las personas sometidas a expedientes, convinieron la práctica de decidir archivar los expedientes, ordenando la práctica de la anotación «Terminación por Sobreseimiento» (TS) en la aplicación informática que registraba todos los pasos».

En la relación de hechos probados, recoge que las sanciones quedaban sin ejecutar como consecuencia de las presiones que ejercía Jesús Otero sobre Julio González «desde su posición de superioridad, derivada del cargo que desempeñaba». El fallo también hace alusión a que hacían anotaciones en los boletines con nombres de personas «generalmente de su mismo partido político, que aparecían como personas que intercedían por los sancionados».

También aparecen casos de políticos de otros partidos en la exhaustiva relación que hace, una a una, de las sanciones anuladas en su día. Es el caso del exalcalde de Muras. Consta que en febrero del 2009 envió un fax a la Subdelegación de Gobierno con la resolución en la que se le imponía una multa de 380 euros por exceso de velocidad.

La sentencia hace alusión también a que en algunas ocasiones era el jefe de Tráfico el que retiraba las multas sin que se lo solicitase, por escrito o telefónicamente, el subdelegado del Gobierno.

El tribunal califica de «extraordinariamente relevantes» las manifestaciones tanto de Otero como de González en el juicio a la hora de condenar a ambos.

El tribunal les una rebaja en la pena de un grado, por el tiempo transcurrido de siete años entre el inicio de la investigación y el juicio. Considera que no observaron motivos «que pudiesen justificar tal considerable dilación temporal».

EL SUPREMO ANULA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL CASO DE LAS MULTAS
Ordena repetir la deliberación, considera válidas las pruebas anuladas contra los 23 acusados y plantea a la Audiencia de Lugo que "deduzca testimonio a efectos penales" contra la jueza instructora del caso, Estela San José, por su "empecinamiento"

Jueves 21 de Mayo de 2015 | El Progreso

El Tribunal Supremo ha anunciado la anulación de la sentencia absolutoria de los 23 acusados en el denomiado caso de las Multas de Lugo. El tribunal considera válidas las pruebas anuladas, a la vez que plantea que la Audiencia de Lugo deduzca testimonio a efectos penales contra la juez instructora del caso, Estela San José, por su "empecinamiento".

El Supremo estima, así,  el recurso de la Fiscalía y ordena retrotraer las actuaciones a la fase de deliberación subsiguiente a la celebración del juicio, para que se delibere y redacte una nueva sentencia partiendo de la validez de las pruebas que fueron anuladas y de la "inexistencia de violación del derecho constitucional al juez predeterminado por la Ley", argumento que había desembocado en la sentencia absolutoria.

El 20 de junio de 2013, los 23 implicados en la supuesta trama de retirada de multas resultaban absueltos de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental. La sentencia entendía que la jueza instructora conculcó el citado derecho al juez predeterminado por la Ley, y que esa infracción conllevaba la nulidad de las actuaciones y de toda la prueba procedente de las intervenciones telefónicas y posteriores entradas y registros. En concreto, consideraba que la infracción de la instructora partió de la resolución judicial que amplió una investigación inicial por delito de tráfico de drogas a un nuevo delito de cohecho ( la citada trama de condonación de multas en la Jefatura de Tráfico) descubierto casualmente a raiz de las intervenciones telefónicas acordadas en la causa, cuando entre ambos asuntos no había "conexión alguna", y el mantenimiento de la investigación conjunta de ambos ilícitos en el marco del mismo procedimiento.

El alto tribunal subraya, respecto a este punto, "el empecinamiento" de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, "en no desglosar actuaciones desconexas, omitiendo su remisión al Decano para su debido reparto", de modo que la Audiencia de Lugo deberá deducir testimonio a los efectos penales oportunos sobre la actuación de la juez.

VOTO PARTICULAR DE LUCIANO VARELA.  La sentencia incluye un voto particular del magistrado Luciano Varela, que también es partidario de anular la sentencia, pero discrepa de las consecuencias de esa decisión. El magistrado defiende que debe remitirse el asunto a los juzgados de instrucción de Lugo para someterlo a reparto, y, de ese modo, comenzar el procedimiento por un juez competente e imparcial.

En su voto se pregunta si se puede condenar a alguien en un juicio en que la instrucción se llevó a cabo con posible, aunque todavía no determinada, vulneración de preceptos penales por la autoridad judicial que la asumió. El magistrado responde que la pregunta produce evidente agobio "porque mal podría soportarse ver condenado, no solamente al acusado, sino a quien contribuyó a su condena con la actividad investigadora determinante de la misma".

El fiscal solicitó siete años de prisión para Jesús Otero

En el marco de la causa de las Multas, el ministerio Fiscal había solicitado para Jesús Otero, exsubdelegado del Gobierno y actualmente candidato a la alcaldía de Monterroso, cinco años de prisión por un delito continuado de falsedad documental y otros dos por tráfico de influencias, además de 22 años de inhabilitación para ejercer como cargo público.

Para Julio González, entonces al frente de la Jefatura Provincial de Tráfico, solicitó cuatro años y nueve meses de prisión por un delito continuado de falsedad documental cometida por funcionario público, mientras que para la funcionaria María Consuelo Fernández Mouriño se solicitó una petición de pena de cuatro años y seis meses de cárcel, también por falsedad documental. Para ambos, el fiscal también pedía su inhabilitación para ejercer como funcionarios de la Dirección General de Tráfico, por un delito continuado de prevaricación.

Por delitos de tráfico de influencias, el ministerio fiscal también reclamaba una pena de 1 año y 3 meses de prisión para los alcaldes de Muras, Isaam Al Nagm (PP), y Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo; así como para el exalcalde de Meira y concejal socialista, Antonio de Dios; el exconcejal de Seguridad Ciudadana de Lugo, José Rábade, y el exdelegado provincial de Cultura, Juan José Molina

EL SUPREMO ORDENA TOMAR DECLARACIÓN A UNA JUEZ ANTICORRUPCIÓN DE GALICIA
El tribunal critica su "empecinamiento" en asumir la investigación de una gran trama de retirada de multas que implicó a policías y cargos políticos, pero obliga a la Audiencia de Lugo a considerar los indicios de delito que ella halló y volver a juzgar a los imputados

El País 21 MAYO 2015

El Tribunal Supremo censura el "empecinamiento" de una de las dos juezas gallegas más criticadas en público y acosadas en privado por ser azote de los corruptos, Estela Sanjosé, en asumir un caso que llegó a implicar a casi un centenar de personas, entre ellas abundantes policías, alcaldes y otros cargos políticos. Pero al mismo tiempo, en un fallo del 23 de abril hecho público hoy, da un varapalo a la Audiencia Provincial de Lugo, que acabó absolviendo a los 23 imputados que en junio de 2014 llegaron a sentarse en el banquillo, y obliga a esta instancia a retrotraerse al momento previo a las deliberaciones y tener en cuenta los indicios de delito que la magistrada halló durante la instrucción. Entre aquellos imputados, además de regidores y exregidores de varios pueblos gallegos (que en algunos casos concurren a estos comicios), estaban el ahora ex subdelegado del Gobierno en Lugo Jesús Otero, y el jefe provincial de Tráfico Julio González. El caso investigado a partir de 2008 por la juez de Instrucción número 3 de Lugo era el perdón masivo de multas por parte de la Jefatura Provincial de Tráfico. Los delitos, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental. La imputación de cargos públicos y un sinfín de agentes de la policía, seguido día a día por los medios de comunicación gallegos -entonces aún poco habituados a macrocausas contra la corrupción- puso a la magistrada Sanjosé en el ojo del huracán. Recientemente pidió el traslado y desde hace un mes ocupa un juzgado de Huelva.

El Supremo ordena ahora a la Audiencia que tome testimonio "a efectos penales" a la juez por su "empecinamiento". Sanjosé destapó casualmente la trama de la retirada de multas en Lugo a los 15 días de iniciar una investigación sobre narcotráfico a través de las escuchas telefónicas que ordenó por el delito contra la salud pública. A partir de ahí, autorizó muchos más pinchazos y registros. El tribunal entiende que los delitos no estaban conectados y que la magistrada, tal y como en su día consideró la Audiencia, tenía que haber remitido el asunto sobre Tráfico al juez decano para que entrase en reparto. La nueva sentencia es consecuencia del recurso que presentó la Fiscalía contra la que dictó en Lugo la Audiencia Provincial, y manda, además, que los mismos magistrados que resolvieron absolver a los 23 imputados vuelvan a reunirse para deliberar. Deberán dictar un fallo que parta de la validez de las pruebas que anteriormente anularon basándose, únicamente, en el proceder de la instructora.

En una sentencia demoledora contra Sanjosé, la Audiencia de Lugo dictó la absolución al entender que la magistrada había conculcado el derecho al juez predeterminado por la ley. El alto tribunal, ahora, quiere que la instructora explique por qué insistió "en no desglosar actuaciones desconexas" y se resistió a que el caso fuese a reparto entre los tres juzgados de Instrucción que existen en la ciudad.

Casi un tercio de los 39 folios que ocupa la sentencia del Supremo corresponden al voto particular del magistrado pontevedrés Luciano Varela, instructor de la causa contra Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación (del que fue absuelto) en la investigación de crímenes del franquismo. Varela defiende que el comportamiento "posiblemente delictivo" de Sanjosé justifica que el caso no sea devuelto a la Audiencia de Lugo para una nueva deliberación sino que se regrese al principio de las actuaciones: que sea remitido de nuevo a los juzgados de la ciudad para que otro instructor comience de nuevo el procedimiento.

"A mi entender, el comportamiento de la juez de Instrucción, cualquiera que fuera su rectitud interna, legitimaba la sospecha de que actuaba con parámetros alejados de los exigidos por la constitucional garantía de imparcialidad", argumenta Varela en su voto particular, "a la que se oponen la ostentación de un interés en conocer de un asunto contra toda interpretación razonable y la sospechosa ausencia de respuesta alguna a la multiplicidad de advertencias de ilegalidad en su comportamiento". Efectivamente, el fiscal advirtió en tres ocasiones a la magistrada del juzgado número 3 la necesidad de desglosar las investigaciones y someter la trama de las multas a reparto.

"La pregunta resulta ineludible", sigue el magistrado del Supremo, "¿puede alguien ser condenado en un juicio en el que la instrucción se llevó a cabo con posible, aunque todavía no determinada, vulneración de los preceptos penales por la autoridad judicial que la asumió?". "Produce evidente agobio", concluye, "porque mal podría soportarse ver condenado no solamente al acusado si no a quien contribuyó a su condena con la actividad investigadora".

ABSUELTOS TODOS LOS IMPLICADOS EN LA TRAMA DE LAS MULTAS DE LUGO
El tribunal decretó una nulidad de actuaciones

Xosé Carreira
25 de junio de 2014

Los más de veinte imputados en la trama de retirada de multas de tráfico en Lugo, fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Lugo. El tribunal declaró la nulidad de actuaciones. Entre las personas absueltas están el exsubdelegado del Gobierno en Lugo, Jesús Otero, que había dimitido tras ser imputado; el exjefe provincial de Tráfico, Julio González; el alcalde de Muras, Issam Alnagm y el exconcejal de Lugo, José Rábade. También figuraba el sacerdote lucense Luciano Armas.

Fuentes jurídicas explicaron que el ponente que elaboró la sentencia aplicó la denominada teoría del juez predeterminado. La presunta retirada de multas de forma fraudulenta fue conocida por la instructora en el marco de unas investigaciones relativas a un tráfico de drogas. Los pinchazos telefónicas advertían del funcionamiento de la trama. A partir de esas informaciones se produjeron escuhcas telefónicas y la entrada y registro en la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo donde aparecieron carpetas con inscripciones que supuestamente estaban encaminadas al sobreseimiento de expedientes por orden de algunas personas. Pues bien, el ponente dice que tanto las escuchas como el registro son nulos. La jueza, según la citada teoría, en el momento en el que detectó la existencia de posibles irregularidades en la tramitación de las multas debería haber abierto unas diligencias nuevas y enviarlas al juzgado decano para que este llevara a cabo su reparto. El responsable del juzgado al que le correspondiesen tendrían que haberse encargado de las futuras diligencias razonando la necesidad de entradas y registros y también las escuchas telefónicas.

LOS ACUSADOS DE LA TRAMA DE LAS MULTAS NIEGAN HABER PEDIDO QUE LES RETIRASEN SANCIONES
El ex deán de la Catedral explica que se enteró de que le habían archivado la multa cuando le llegó la notificación del juzgado

Laura López / La Voz 
20 de mayo de 2014

Terminó esta mañana la declaración de todos los imputados por la trama de las multas de Lugo y ninguno de los acusados que declaró en la Audiencia reconoció haber pedido que les retirasen ninguna sanción. El ex deán de la Catedral y ex vicario del Obispo de Lugo, Luciano Armas, fue el primero de la mañana en hablar. Explicó que compañeros suyos se habían encargado de gestionar las notificaciones y que él no volvió a saber nada del asunto hasta que le llegó la notificación del juzgado.

En cuanto al alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, su acusación deriva de la retirada de una multa puesta a un camión del Concello cuyo chófer no fue identificado. El regidor expuso que no tuvo conocimiento de la sanción hasta dos años después cuando llegó la notificación del juzgado. Relató que nunca pidió la retirada de la multa ni habló con el subdelegado del Gobierno ni el jefe de Tráfico sobre este asunto y aclaró que él no sacaba ningún beneficio con el archivo de la sanción.

Miguel Ángel Fernández, exparlamentario, también negó haber hablado con el subdelegado o con cualquier otra persona para que le quitasen la multa.

El exconcejal José Rábade coincidió también en que él nunca pidió que le retirasen ninguna sanción y que no habló de eso con nadie.

En cuanto al ex delegado provincial de Cultura, Juan José Molina, reconoció haber llamado al entonces jefe de Tráfico, Julio González, para hablar de una multa que le habían puesto por exceso de velocidad, pero matiza que fue para comentar cómo orientar el recurso, no para pedir su retirada o archivo. Finalmente, relata que llegó a la conclusión de que era mejor pagar el importe, pero afirma que nunca le llegó ninguna notificación.

LA AUDIENCIA DECIDE QUE PROSIGA EL JUICIO DE LAS MULTAS A PESAR DE LAS PETICIONES DE NULIDAD
Una docena de abogados se sumaron a la petición del letrado de Julio González

Laura López
19 de mayo de 2014

Arrancó esta mañana en la Audiencia de Lugo el juicio por la trama de las multas. El ex subdelegado del Gobierno, Jesús Otero, defendió su inocencia antes de entrar en la sala y mostró su confianza en la Justicia aunque, dijo, viva tiempos convulsos ahora en nuestro país. El alcalde de Muras también reiteró su inocencia y afirmó que lleva justificantes del pago de las multas: «Siempre pago las multas, y al 50 por ciento», señaló. El abogado del alcalde de Pedrafita explicó que esperan una sentencia absolutoria porque dice que no cometió los hechos que se le imputan y que además no constituirían infracción penal. La abogada de Julio González pidió la suspensión del juicio oral.

Una docena de abogados defensores se han sumado a la petición de nulidad y suspensión del juicio que presentó la representante legal del que fuera jefe provincial de Tráfico de Lugo, Julio González. Antes de entrar a la sala de vistas, la abogada de Julio González, Esperanza Ferreiro, explicó que la defensa advertía «varios motivos de nulidad», entre ellos que la «entrada y registro» en la Jefatura de Tráfico se hizo con su cliente «como testigo» y no «como imputado». «Toda prueba viene de ahí, y es una prueba preconstituida, que envenena el resto de la prueba», explicó la letrada a los medios de comunicación, además de aclarar que, desde su punto de vista, la causa presenta «unos cuantos» defectos de forma. «La prueba en la que se basa la acusación fue recogida en unas diligencias penales en las que él no estaba como imputado», insistió, por lo que Julio González «no tuvo oportunidad de defensa o contradicción» y esa situación «contamina el resto de la instrucción».

«La única prueba de carga que tiene el ministerio público es esa prueba documental», precisó.

Dentro el juicio, la letrada, además de exponer esos argumentos, afirmó que se ha vulnerado de forma flagrante el derecho de defensa de su patrocinado y también su presunción de inocencia. Por ello, llegó a invocar hasta cinco causas de nulidad en la vista oral.

Por su parte, el fiscal encargado del caso, Jesús Álvarez, intentó desacreditar todas esas causas de nulidad y dijo que la defensa está utilizando todos los procedimientos a su alcance para tratar de conseguir la suspensión del juicio.

Tras una deliberación del tribunal, pasadas las dos de la tarde acordó que el juicio proseguirá como estaba previsto esta tarde, a partir de las cinco, con las declaraciones de los imputados. Un total de veintitrés imputados se sentaron esta mañana en el banquillo de los acusados, dentro del proceso judicial por la supuesta retirada irregular de multas en la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo, en el que el exsubdelelegado del Gobierno en esta provincia, Jesús Otero, se enfrenta a una petición de pena por parte del ministerio fiscal de siete años de prisión.

En el escrito de acusación, el ministerio público sostiene que «numerosas personas denunciadas por infracciones» de circulación les hicieron llegar a Jesús Otero y al exjefe provincial de Tráfico, Julio González, «documentación de los expedientes sancionadores en los que estaban incursos», con la «finalidad de eludir el cumplimiento de las sanciones».

El fiscal considera que ambos, con la colaboración de la responsable de la Unidad de Sanciones, María Consuelo Fernández Mouriño, retiraron multas o dejaron sin efecto su ejecución «sin fundamento alguno, caprichosa e injustificadamente, salvo el interés de beneficiar exclusivamente a las personas sometidas a los expedientes».

El fiscal pide para Jesús Otero, a quien también le imputa un delito de prevaricación, cinco años de prisión por un delito continuado de falsedad documental y otros dos por tráfico de influencias, además de 22 años de inhabilitación para ejercer como cargo público.

Para Julio González, solicita cuatro años y nueve meses de prisión por un delito continuado de falsedad documental cometido por funcionario público, mientras que María Consuelo Fernández Mouriño se enfrenta a una petición de pena de cuatro años y seis meses de cárcel, también por falsedad documental.

Para ambos, el fiscal también solicita su inhabilitación para ejercer como funcionarios de la Dirección General de Tráfico, por un delito continuado de prevaricación.

Por delitos de tráfico de influencias, el ministerio fiscal también solicita una pena de 1 año y 3 meses de prisión para los alcaldes de Muras, Isaam Al Nagm (PP), y Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo; así como para el exalcalde de Meira y concejal socialista, Antonio de Dios; el exconcejal de Seguridad Ciudadana de Lugo, José Rábade, y el exdelegado provincial de Cultura, Juan José Molina.

También le imputa un delito de tráfico de influencias al diputado autonómico del PSdeG, José Ramón Val Alonso, para quien pide una pena de 1 año y 3 meses de prisión, aunque su causa se dirimirá en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por tratarse de un aforado.

RATIFICADA LA IMPUTACIÓN DEL EXSUBDELEGADO DE LUGO Y EL EXJEFE DE TRÁFICO POR RETIRAR MULTAS
La instructora planteaba que se continuaran las diligencias por el procedimiento abreviado y que se imputasen a un total de 78 personas

x. carreira / la voz 
08 de febrero de 2013

La Audiencia Provincial de Lugo da por buenas las imputaciones efectuadas por la jueza Estela San José Asensio en el caso de la presunta retirada irregular de multas de tráfico en Lugo. La instructora, en un auto del mes de octubre, planteaba que se continuaran las diligencias por el procedimiento abreviado y que se imputasen a un total de 78 personas por su presunta vinculación con la trama que conseguía que sanciones que imponían los agentes de la Guardia Civil de Tráfico en las carreteras quedaran sobreseídas.

La decisión de la jueza fue recurrida por los letrados de los que la instructora considera como principales responsables, el exsubdelegado del Gobierno en Lugo, Jesús Otero Calvo, y el exjefe provincial de Tráfico, Julio González. Otros tres imputados más también plantearon la anulación de la decisión de la jueza.

La Audiencia estima que la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado «supone dar curso al procedimiento en sus términos y así viabilizar, que no afirmar, las posibilidades de las partes, fundamentalmente las de las acusaciones para determinar sus pretensiones para seguir el curso del procedimiento».

La responsable de la investigación de la trama de las multas de la Jefatura Provincial de Tráfico (está dividida en dos partes y, a su vez, hay una segunda investigación relacionada con la Policía Local) no descartaba en el auto que la actividad desarrollada por el exsubdelegado del Gobierno pudiera ser constitutiva de un delito de tráfico de influencias, el mismo que cree que pudo haber cometido el exjefe provincial de Tráfico, Julio González, al que además relaciona con sendos delitos continuados de prevaricación administrativa y falsedad documental.

En el auto de la jueza también aparece involucrada una funcionaria de la Jefatura Provincial de Tráfico. Pero, además, entre los 78 imputados hay una vicepresidenta de la Diputación, los alcaldes de Muras, Pedrafita, Becerreá y Pol, y los exregidores de Sarria, Meira y O Courel.

La investigación reveló que al frente de la supuesta trama estaba el exsubdelegado del Gobierno, quien recibía peticiones de retirada de multas que luego planteaba al que era responsable de la jefatura provincial.

UNA DE LAS MAFIAS COBRABA HASTA 1.000 EUROS POR LA RETIRADA DE MULTAS EN LUGO
Una empleada de sanciones del Concello y su marido aconsejaban sobre cómo no pagar, según la jueza del caso

Xosé Carreira / la voz 
02 de noviembre de 2012

Por mil euros era posible seguir teniendo el carné de conducir o todos los puntos en Lugo. Esa era la tasa que supuestamente cobraron algunos de los integrantes de la denominada trama de los pobres para conseguir que expedientes sancionadores que estaban en la Jefatura Provincial de Tráfico se fueran al cesto de los papeles. Dentro de la sección de los ricos, en la que figuran implicados políticos y cargos públicos, no hay constancia de que se pagase. Se supone que la tarifa era la de favor por favor.

La jueza Estela San José, en la primera fase de su investigación, pudo comprobar y, así lo explica en uno de sus autos, que los imputados José Manuel Aldegunde Quiroga y Francisco Pumariño Maciñeiras, con la ayuda de Lorena Méndez Aragón y de María Aurora Río Espiño, solicitaban a la funcionaria de la Jefatura Provincial de Tráfico María del Carmen Fuenteseca que llevara a cabo una serie de anotaciones en los expedientes de denuncias y sanciones impuestas por la Guardia Civil que suponían la paralización de su tramitación.

Las anotaciones que figuraban en algunos de los expedientes, según la instructora, no se correspondían con la realidad. Resulta que se hacía constar que el afectado había presentado alegaciones o recursos cuando realmente no era así, según se comprobó en la investigación.

Esos recursos ficticios conllevaron en muchos casos el cierre de los expedientes por sobreseimiento. Así, los denunciados no tenían que pagar la sanción y el que perdía el carné de conducir seguía disponiendo de él sin mayores complicaciones.

Apunta el auto de imputación a los incluidos en la lista de los pobres que parece desprenderse que José Manuel Aldegunde Quiroga y Francisco Pumariño Maciñeiras se prevalieron de la relación personal que tenían con la funcionaria de Tráfico para no abonar las sanciones que a ellos mismos les habían sido impuestas. Aclara el documento judicial que el trato personal con la empleada de la DGT le provenía al último por estar casado con María del Río Espiño, también imputada en la causa. Esta mujer está vinculada al departamento de sanciones del Ayuntamiento de Lugo.

Fueron varias las personas que conociendo esa relación con la funcionaria acudieron a los imputados para, supuestamente, pedir la retirada de sus expedientes. Según el auto judicial, aparecieron nueve peticiones formuladas por otras tantas personas que están imputadas.

La instructora del caso destaca que «parece desprenderse que en algunas ocasiones hay indicios sólidos» de que José Manuel Aldegunde y Francisco Pumariño solicitaron el pago de 1.000 euros, cantidad que iría destinada a pagar la sanción y a la funcionaria. Reseña la jueza el caso de un padre que pidió que le quitaran la multa a su hija. En una ocasión supuestamente fue Aldegunde el que quedó para recoger el dinero, «sin que entregara cuantía alguna a nadie» y en otros supuestos era Lorena Méndez, la pareja sentimental de este, según se expresa en el auto, «quien acudía a las citas para recoger el dinero».

Apunta la encargada de la investigación, en el auto distribuido en su momento a las partes involucradas, que «parece desprenderse que María Aurora del Río colaboraba con su marido, Francisco Pumariño, en aconsejar a las personas que acudían a él sobre el modo de evitar el pago de las sanciones» impuestas por la Guardia Civil

«¡PERO NON VES QUE AQUÍ SÓ PAGAN OS TONTOS!»

x. c. lugo / la voz
02 de noviembre de 2012

En las escuchas telefónicas a las que fueron sometidas varias personas dedicadas al trapicheo de drogas en Lugo hubo un momento en el que uno de los participantes le dice a otro que se quejaba porque llevaba tres multas en poco más de un mes: «Tranquilo home, tranquilo. ¡Pero non ves que aquí só pagan os tontos!». El discurrir de la investigación evidenció la existencia de un entramado corrupto que hacía que para muchos fuera normal quitar las multas y, por lo tanto, saltarse a la torera las normas que al resto de la ciudadanía le aplicaban con rigor. Lo dice el refrán: quien tiene padrino se bautiza. En Lugo, el que estaba sin él tenía la posibilidad de echar en el cazo.

Cuatro años

Siete mil folios. La investigación de la jueza San José se prolongó durante cuatro años. Una baja de la magistrada, de medio año, hizo que el caso quedase parado. Nadie movió un papel en ese tiempo. Para llegar a los autos de imputación fue preciso revisar cientos de expedientes incautados en un registro realizado en las oficinas de la DGT de Lugo. Finalmente, el caso consta de una docena de tomos y más de siete mil folios.

Casi cien imputados

En dos apartados. La operación acabó por desgajarse en dos partes. En una de ellas, los imputados suman 14. Es la parte que se conoce como la de los pobres y en ella está una funcionaria de Tráfico, una empleada del departamento de sanciones del Concello de Lugo, su marido y otra serie de personas. En la de los ricos la lista la integran 78 personas que figuran involucradas. También están otras 22, pero estas se salvaron porque, aunque sus multas supuestamente fueron retiradas por amiguismo, resulta que no pudo comprobarse quién movió los hilos de la corrupción. Todo apunta a que el sistema usado en Lugo venía aplicándose desde hacía tiempo y que el número de multas eliminadas podría ser escandaloso. Lo que ocurre es que la jueza limitó su investigación únicamente a varios años.

los delitos

Tráfico de influencias. Este es el delito estrella en el caso de las multas de Lugo. Se le imputa a la mayoría de los 92 integrantes de la lista. A las dos funcionarias de Tráfico involucradas les atribuyen falsedad documental y al que era responsable de la jefatura provincial, además de los ya citados, también le imputan el de falsedad documental.

políticos y hasta curas
Una lista variopinta. La relación principal de imputados está integrada por cargos políticos de todo tipo, cuatro regidores, otros tantos exalcaldes, tres exdelegados de consellerías, la vicepresidenta de la Diputación, conductores de vehículos oficiales, un cura, una cartera, guardias civiles... En cabeza está el que fue subdelegado del Gobierno, Jesús Otero. Acabó dimitiendo al conocerse públicamente el entramado.

cómo se quitaban

Tres alternativas. Había tres alternativas. La primera, ser amigo del que era subdelegado del Gobierno; la segunda, ser amigo de un amigo del subdelegado y la tercera, controlar a algunos de los que estaban en la trama de los pobres. Los expedientes con respaldo de los vips se iban a la papelera cuando tenían las siguientes anotaciones: POS (por orden del subdelegado) o TS (terminado por sobreseimiento). Quien daba esos salvoconductos era, supuestamente, Otero y el que era jefe provincial de Tráfico, Julio González. Este alegó la obediencia debida a su superior, pero la jueza le atribuye presuntas actuaciones irregulares cometidas por su cuenta. En la otra sección de corruptela, se pagaba... y punto.

Así será el final

Ahora decide el fiscal. La listas de imputados de la jueza instructora las tiene la Fiscalía, que tendrá que formular los escritos de acusación con vistas a la celebración de los juicios. El fiscal puede desinflar los listados, aunque no parece factible, por lo menos en lo que respecta a los principales involucrados. En el epicentro de la trama principal están, en base a los resultados de la investigación, el exsubdelegado del Gobierno Jesús Otero; el exjefe de Tráfico Julio González y la persona que ocupaba el cargo de jefe de negociado de sanciones, María Consuelo Fernández Mariño. Algunos de los delitos atribuidos a imputados conllevan penas que van de tres a seis años de prisión. Otros, en cambio, tienen un máximo de un año de cárcel.

EN LUGO SE SACABAN MULTAS CON UN SIMPLE TROZO DE PAPEL Y SIN RECURSO
Incluso aparecieron resueltas alegaciones que ni se llegaron a presentar

Xosé Carreira / la voz
31 de octubre de 2012

No era necesario presentar recurso. Un simple trozo de papel, unido al expediente, servía. Quitar multas de tráfico en Lugo era así de fácil. Solo bastaba con ser amigo del entonces subdelegado del Gobierno, Jesús Otero, o de quien era jefe provincial de Tráfico, Julio González. Ambos están imputados por tráfico de influencias, y el citado en último lugar, además, por prevaricación administrativa y falsedad documental.

La jueza Estela San José se encontró en su larga investigación con expedientes curiosos. Uno de ellos acabó en sobreseimiento porque fue incorporado al mismo «un trozo de papel» en el que se anotó el número de denuncia, la matrícula del vehículo y el nombre del conductor. «Con esto, y la anotación también manuscrita de 'Pablo de San Pedro', bastó para que se anotaran las tan manidas POS (por orden del subdelegado) y TS (terminado por sobreseimiento) seguidas de la firma de Julio González y que no se tramitara conforme a los principios que rigen el procedimiento administrativo», reseña Estela San José en el auto de imputaciones.

Las dos anotaciones reseñadas eran como un salvoconducto que libraba de las multas. Una de ellas llegó al expediente relativo a la retirada del carné a Pedro Antonio Martín Minguela, exconcejal socialista de Friol, imputado en la causa. Supuestamente no llegó a ser aplicada la sanción, aun cuando no llegó a presentarse recurso alguno, según apreció la jueza.

El rosario de despropósitos supuestamente llevados a cabo en la Jefatura de Tráfico de Lugo, hasta que la jueza entró en sus oficinas, requisó multitud de expedientes y comenzó a investigar, incluye también otro caso significativo. Corresponde a un imputado al que le comunicaron que le retiraban el carné. En el expediente aparece escrito lo siguiente: «Julio. POS. Sambreixo. Retirada». La magistrada explica que fue estimado un recurso sin que este se llegase a formular, «y además en menos de dos meses desde la formulación de la denuncia».

Con respecto a este expediente, el exsubdelegado declaró que una de las cuestiones que le preguntaban los ciudadanos era si podían aplazar la retirada del carné o si era factible hacer coincidir la sanción con las vacaciones. El supuesto beneficiado, que es del mismo municipio que Jesús Otero, dijo que pagó la multa, que no llegó a saber nada más y que no presentó ningún tipo de recurso.

En la investigación aparece también un caso de alegaciones falsas formuladas por el propietario de un vehículo que dijo haber vendido el coche en febrero del 2008, cuando la transferencia tenía fecha de dos meses después. En otro caso incluso aparecieron indicios de que fue utilizado el nombre de un muerto para sobreseer el expediente.

La «suerte» también influyó en algunas retiradas, según la declaración efectuada en su momento por quien fue jefe provincial de Tráfico. Por ejemplo, en la imputación de que es objeto el exdelegado provincial de Cultura, Juan José Molina, la jueza recuerda que este admitió que habló con González, aunque no llegó a presentar alegación alguna. El jefe le dijo que esperara a que le comunicaran la sanción, pero esto no llegó a suceder.

El sobreseimiento, según González, se produjo «por un error de tipificación». «Tuvo suerte», añadió. También explicó que el afectado le había dicho que la multa se debió a que ese día tuvo una urgencia, pero el ex cargo público dijo lo contrario y que solo había llamado al jefe de Tráfico para pedirle «orientación».

El sobreseimiento a Molina es uno de los nueve casos de retirada que se le imputan al exjefe de Tráfico. Los demás, hasta completar 78, son atribuidos directamente a Jesús Otero o a peticiones que le efectuaron sus amigos y conocidos.

EL SUBDELEGADO OTERO CREÍA QUE NO SE PODÍA MULTAR A LOS CARGOS PÚBLICOS
 

La Voz

31 de octubre de 2012

En la relación de imputados hay tres alcaldes, tres exalcaldes y también tres exdelegados de la Xunta. No hay ningún delegado del Gobierno, como por error se indicó ayer.

Uno de los expedientes corresponde al imputado José Ramón Val Alonso, que fue delegado de Pesca en Lugo durante el bipartito y que ahora es diputado autonómico del PSOE. Jesús Otero, exsubdelegado del Gobierno en Lugo, le dijo a la jueza que recordaba la sanción de Val y que envió un fax a Tráfico porque así se lo pidió por teléfono una chica. «Pensaba que a los cargos públicos no se les podía multar cuando estaban en ejercicio de sus funciones», le dijo Otero a la jueza.

Hay otro expediente significativo. El de José Rábade Arias, exconcejal de Lugo y exresponsable de la Policía Local, a quien pillaron hablando por el móvil al volante. El entonces jefe de Tráfico, Julio González, dijo haber interpretado unos artículos que permiten a agentes de la autoridad obviar las normas. «En un primer momento -recuerda la jueza- dijo que Rábade era autoridad, pero luego se dio cuenta de que no; que la autoridad era el alcalde y que José Rábade era el jefe de la Policía Local, lo que refuerza aún más su tesis. Lo cierto es que los artículos solo hablan de agentes de la autoridad y Rábade no era ni una cosa ni otra».

«Estoy tranquilo»

Jesús Otero, que abandonó el puesto de subdelegado tras ser imputado en el caso de las multas, dijo ayer a Efe: «Estoy absolutamente tranquilo, viendo que esta historia se acerca a su final. La Justicia sigue su camino y a mí solo me queda esperar que esto termine de una vez».

«No tiene pies ni cabeza»

El alcalde de Becerreá y diputado provincial, Manuel Martínez, dijo ayer en la Diputación: «Creo que no tiene pies ni cabeza. Lo que está pasando en la provincia empieza a ser un despropósito total y absoluto. Recordó que él actuó honestamente al asesorar a los padres de un camionero multado en su municipio. Le preguntaron si considera que hay persecución política y dijo: «Yo no considero nada, porque no entiendo nada. Cada vez veo que soy portada [...] y estoy desconcertado». Pidió una tramitación rápida, según informó E. G. Souto.

«SUSO, ESTE SEÑOR NUNCA TUVO SEGURO, NI TIENE»
 

La Voz

31 de octubre de 2012

Otro de los expedientes hallados por la jueza contiene dos denuncias efectuadas el mismo día y al mismo conductor. Alguien dejó en el mismo un fax que pone «subdelegado», además de las clásicas abreviaturas. Pero, a mayores, figura una tercera anotación que dice: «Tiene el seguro sin cambiar». Asimismo, la instructora encontró un añadido en un adhesivo amarillo en el que se advierte: «Suso, este señor nunca tuvo seguro, ni tiene».

Cuando el subdelegado fue interrogado sobre el particular contestó que no conocía al denunciado, y añadió que cuando los coches estaban en compraventa y no circulaban no tenían la obligación de tener seguro; «solo en el momento de circular, no cuando están parados». Y añadió: «A veces se producen sanciones por no tener seguros cuando entran en compraventas; evidentemente, no se ajustan a la normativa de Tráfico». La jueza advierte en su justificación de imputación al denunciado que este manifestó que había sido un error de la compañía de seguros, que no sabía que la furgoneta no estuviera asegurada y que ese mismo día llevó a cabo la tramitación del seguro. «Dice que no habló con Jesús Otero, por lo que es llamativo que el exsubdelegado supiera que el seguro estaba supuestamente sin cambiar», destaca el auto, en el que se indica que había varias modalidades para sacar multas: una, ser amigo o conocido de Otero; dos, ser amigo o conocido de un amigo de Otero, o ser amigo de Julio González.

IMPUTADAS 78 PERSONAS EN LA TRAMA DE LA RETIRADA DE MULTAS DE LUGO
La jueza sitúa como cabecillas a un ex Subdelegado y al jefe de Tráfico. En la lista figuran cuatro alcaldes, la vicepresidenta de la Diputación y numerosos cargos

Xosé Carreira / la voz 
30 de octubre de 2012

Tras multitud de trámites, la operación judicial llevada a cabo en los últimos cuatro años para desenmascarar una trama dedicada a sobreseer, mediante distintos medios y modalidades, multas en la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo, pasa a la Fiscalía para su calificación. La jueza Estela San José acabó imputando a 78 personas y librando a otras 22, a las que en su momento llamó a declarar.

La telaraña tejida para evitar pagar, librarse de la retirada de puntos o incluso del permiso de conducir, tiene a dos presuntos artífices: el exsubdelegado del Gobierno, Jesús Otero, y el exjefe provincial de Tráfico, Julio González. A ambos, la investigación les costó el puesto.

Entre los imputados se encuentran la actual vicepresidenta de la Diputación, Lara Méndez; los alcaldes de Muras, Issam Alnagm (PP); Pedrafita, José Luis Raposo; Becerreá, Manuel Martínez, y Pol, Lino Rodríguez, y también los exalcaldes de Sarria, Meira y O Courel. (todos del PSOE). En la lista están funcionarios, policías, guardias, chóferes oficiales...

La jueza, en el auto que empezó a ser repartido ayer, dice que el sobreseimiento de los expedientes o la minoración de la sanción correspondiente fue supuestamente llevada a cabo por el que era entonces subdelegado del Gobierno. Jesús Otero recibía la petición directamente del interesado, o a través de un tercero que tenía relación con él. El paso siguiente era que «realizaba en la denuncia formulada, en una copia de la misma, o incluso en un simple trozo de papel», una serie de anotaciones que suponían para el jefe de Tráfico, Julio González, una instrucción de que debería ser sobreseída o reducido el efecto de la sanción. Una vez recibidas esas notas, el ahora ex jefe de Tráfico efectuaba otras en el expediente: POS (Por orden subdelegado) y TS (terminado por sobreseimiento). Finalmente las entregaba a un funcionario para que mecanizara la orden.

«La razón última del archivo -dice la jueza San José- no era otra que el entramado de relaciones personales o profesionales». En el auto refiere las declaraciones del ex subdelegado y recuerda que parecía «habitual y asumido con normalidad por éste que se empleara a terceros para obtener el ilícito resultado». Recuerda que Otero declaró «que la gente iba allí (se refería a la Subdelegación) casi siempre en nombre de alguien».

La jueza no acepta la línea de defensa establecida por Otero en el sentido de argumentar que no era superior jerárquico de Julio González. Recuerda que éste explicó que su cargo era de libre designación y que, en la práctica, se exigía el plácet del subdelegado. Dice que «preguntar» por el expediente de un ciudadano o hacer anotaciones en el mismo, «evidencia una relación personal continuada». Recalca que Otero influía en González, pero no acepta el alegato de éste de «obediencia debida».

UN EX SENADOR, TRES ANTIGUOS DELEGADOS Y HASTA EL BRAZO DERECHO DEL OBISPO
Los imputados disponen de un plazo de tres días para presentar apelación o de cinco para formular un recurso. El listado fue enviado al ministerio fiscal para que proceda a calificar los hechos con vistas a la celebración de juicio

La Voz / 30 de octubre de 2012

La jueza atribuye al exdelegado del gobierno, el presunto delito de tráfico de influencias; a Julio González, exjefe de Tráfico, tráfico de influencias, delito continuado de prevaricación administrativa y a la funcionaria de este último departamento, María Consuelo Fernández, falsedad documental. A los demás, tráfico de influencias.

En la lista de personas imputadas están el ex senador Luis Ángel Lago; al ex parlamentario Miguel Ángel Fernández, ambos del PSOE; los antiguos delegados de Pesca, José Ramón Val; Educación, Luis Rodríguez Edrosa y Cultura, Juan José Molina. Figura también el ex concejal de Lugo y ex responsable de la Policía Local, José Rábade; el ex jefe del servicio provincial de Deportes, Eduardo Fernández Abel; un inspector de la Policía Local, José María Rodríguez Rico y el brazo derecho del obispo, Luciano Armas.

En la relación figuran además Alberto Redondo, Iago Prado, Miguel Basadre, Laura Rivas, Rosario Debasa, Bernardino López Saco, Serafín Fernández Gómez, José Otero Gavieiro, Pedro Martín Minguela, Antonio Fernández, Francisco Castro, Gonzalo Folgueira Pillado, Luciano López, Julio Domínguez, Óscar López, Carmen Guitián, Rubén Rodríguez, José Antonio Vázquez Rivas, Alberto Varela, Antonio Ferreiro, Jesús Saavedra, María Pilar Vázquez, Fernando Teijeiro, José Ramón Martínez, Pedro Darriba, María Paloma Maseda, Jesús Pérez, José Vázquez Senade, José Ramón Fernández Fernández, José Ramón Sierra, Ovidio Ferreiro, Adrián González, José Luis Galán, Ramón Parga, Mariano Díaz, Luis Buján, Jesús Gayoso, Agapito Vázquez, José María Gómez Lombao, José Antonio López Barreiro, Iván Marcos Méndez, Virginio Díaz, Ángel Soto, Álvaro Sobrado Pérez, José Luis Castro Páramo, José Antonio López López, Elvira Vilafañe, Álvaro Macía, Emilio Eiras, Manuel Jesús Prado Ferreiro, José Manuel López López, María Mercedes Prado Castro, Emilio Lobelle Sampayo, María Belén Fernández Rey y José Luis Domínguez Arias.

Los imputados disponen de un plazo de tres días para presentar apelación o de cinco para formular un recurso. El listado fue enviado también al ministerio fiscal para que proceda a calificar los hechos con vistas a la celebración de juicio.

«SUSO, TES QUE SACARME A MULTA»
La Subdelegación del Gobierno acabó siendo un santuario de rogativas

Xosé Carreira / la voz  

30 de octubre de 2012

«E logo... ¿Ti non estás imputado? Pois se non estás imputado non es ninguén». Esa frase comenzó a circular con mucha sorna en Lugo cuando la jueza San José, allá por el 2008 y el 2009 entraba en Tráfico, se llevaba decenas de expedientes y comenzaba una larga cadena de acusaciones. El tiempo quiso ser cruel con algunos de los que bromeaban con lo de las imputaciones. Ahora están ellos imputados en otras operaciones o lo estarán en breve.

En Lugo hay avalancha de imputados. Uno de ellos es el exsubdelegado. La jueza de uno de los casos de retiradas de multas descubrió que era una especie de santo al que acudían centenares de personas con la misma letanía: «Suso, tes que sacarme a multa». Y Suso (como así se conoce amistosamente a Otero) con fama de buena persona, se mojó y no en agua bendita, precisamente.

La magistrada, en su auto, desgrana las cuentas de un largo rosario de implicados. Algunos casos no dejan de ser curiosos. He aquí algunos.

«Cuestión humanitaria»

No sabe leer ni escribir. Uno de los expedientes calientes es el de un analfabeto. En él aparece la palabra indigente. «Non sei o que son alegacións nin expedientes porque non sei ler nin escribir», dijo el afectado. El exsubdelegado invocó una cuestión humanitaria y la jueza advierte que una persona sin recursos «infrinja la ley de manera tan flagrante» no puede conllevar que se deje sin efecto su sanción por no estar así contemplado en ninguna ley.

Primos, amigos y demás

Salvó el carné. Uno de los imputados es José Otero Gavieiro, primo de Jesús Otero. En su declaración dijo que fue a preguntar cómo podía fijar la fecha de suspensión del permiso de conducir, pero le dijeron que esperara. No supo más. Finalmente le quitaron puntos, pero salvó el carné. Aparece imputado también un pariente del exsenador Lago Lage. Sobre el expediente estaba anotada la palabra «Lucho» como así se conoce al que fue cargo político y del PSOE lucense. En el capítulo de amigos también figura uno del alcalde de Pol. En la denunanotaron: Lino. El exsubdelegado dijo no conocer a este imputado. «Hay varios linos, pero posiblemente sea el alcalde de Pol (también está imputado), declaró Otero en su momento ante la jueza. Otro involucrado alegó ser primo del que era delegado de Presidencia. Ambos acabaron en la lista.

Los políticos

Sobreseimiento exprés. Al que fuera parlamentario socialista y ex gerente del hosptial Xeral, Miguel Fernández, le notificaron una denuncia el 28 de junio de 20087 y se la sobreseyeron el 8 de julio del mismo año. José Luis Raposo, el alcalde de Pedrafita dijo que la multa no era suya sino del conductor del camión municipal. Aclaró que nunca habló con nadie y que la primer noticia la tuvo al ser requerido por el juzgado. El alcalde de Muras explicó que no conocía a Otero; el de Pol negó su participación en los hechos y el de Becerreá dijo que recibió a los padres de un camionero que perdía el trabajo debido a la sanción y que les orientó para que fueran a Tráfico «ya que decían que era otro el conductor del vehículo». Entre los imputados está también el exconcejal del BNG en Sarria, José Luis Castro Páramo.

También los chóferes

Algo curioso. Uno de los imputados, José María Gómez, dijo que la multa correspondía a un coche oficial de la delegación de Medio Ambiente, pero advirtió que no habló con el delegado. Este reconoció que era su chófer y que conocía a otro de los acusados. «En ambos casos, a personas relacionadas con él, constando su nombre (el del responsable de Medio Ambiente), se les sobreseyó el procedimiento», dice la jueza. También multaron dos veces al chófer del que era secretario del Parlamento por conducir el coche oficial con exceso de velocidad. Otero dijo que se había interesado qué recurso cabría para un coche oficial que iba «mangao».

Salvar a la cartera

Repartir cartas sin cinturón. Otra de las imputadas es una cartera que dijo no conocer a los principales cabecillas de la trama. Presentó un pliego de descargo y se lo comentó a un compañero de partido de listas del PSOE, también involucrado, que mandó al exsubdelegado una carta en un folio con membrete de del partido. «No es razonable que trabajando de cartera, cada 20 ó 30 metros tenga que ponerse el cinturón», decía.

Tres denuncias en un día

El clásico «Pos». A uno de los imputados le pusieron tres multas el mismo día: exceso de velocidad, conducir con la autorización caducada y por no tener la ITV del vehículo pasada. Como en el expediente figuraba la inscripción «Pos (por orden subdelegado) le retiraron las tres.

Hasta 4 llamadas
Insistencia. El exjefe de Tráfico dijo que para que no prosperarse la multa de una funcionaria de la Diputación, afiliada al PSOE, recibió hasta cuatro llamadas del exsubdelegado.

También la iglesia

El vicario. Luciano Armas Vázquez, vicario general de la Diócesis está imputado porque supuestamente cayó en la tentación de pedir que le sacaran cuatro multas. Reconoció tener una relación de amistad y vecindad con Otero. Este dijo no recordar que este religioso también pidiera aunque apuntó que era posible que entre la documentación de otras «historias» fueran las denuncias.

«GROSERAS IRREGULARIDADES» SOBRE LA TRAMA DE LAS MULTAS DE LUGO, DICE LA JUEZA
Dice la instructora que en uno de los expedientes sancionadoras hay una carta con membrete «de un partido político» donde uno de los afiliados se dirige al subdelegado para que no le sea impuesta una sanción a una «compañera»

La Voz / 30 de octubre de 2012

La jueza del caso califica de «groseras irregularidades formales» las que se cometieron en la mayoría de los casos. Ni tan siquiera, recuerda, llegaron a atender los mandatos de la autoridad competente en la materia» ya que habiendo desestimado el correspondiente recurso el director general de Tráfico y constando la resolución del expediente, se ha sobreseído el mismo».

Dice la instructora que en uno de los expedientes sancionadoras hay una carta con membrete «de un partido político» donde uno de los afiliados se dirige al subdelegado para que no le sea impuesta una sanción a una «compañera» por entender que sería injusto. Este detalle, dice, evidencia que no solo el jefe de Tráfico sino otros cargos optaban por acudir a Jesús Otero («Agradeciéndole su preocupación») y no a Julio González.

Estela San José, destaca que Otero no puede invocar «preocupación generalizada por todos los ciudadanos» cuando muchos iban a él de parte de alguien. «Es más llamativo que la mayoría de los supuestos están relacionados con el mundo de la política o de la gestión pública».

Pero no siempre era el subdelegado del Gobierno el receptor de las peticiones. En otras ocasiones era el jefe provincial de Tráfico quien recibía las solicitudes. Entonces hacía sus anotaciones en los expedientes. Anotaba simplemente «TS», que significaba terminado por sobreseimiento, sin que se cumpliera trámite administrativo alguno. Con las anotaciones correspondientes en cada expediente, el siguiente paso era su archivo dejándolos prescribir «con lo que el particular no necesitaba de los cauces administrativos para la anulación de la sanción. Para ello, recuerda la jueza, González acudía a la propia jefatura de Tráfico dándoles, con esas anotaciones, instrucciones para el archivo.

retirada multas tráfico

IMPUTADO EL EXSENADOR LAGO POR EL CASO DE LAS MULTAS
Prestará declaración ante la jueza San José junto con otras dos personas más en el caso de la trama de la DGT

Xosé Carreira / la voz
15 de marzo de 2012

El ex senador socialista Luis Ángel Lago Lage fue imputado por la jueza Estela San José, dentro de la investigación que lleva a cabo para poner al descubierto una presunta trama de multas que no se pagaban en la DGT de Lugo. El paso por dependencias judiciales de este ex político tendrá lugar esta mañana, según indicaron diversas fuentes. También hoy declararán otras dos personas más, también imputadas, con relación a esta investigación que comenzó hace ya un par de años, aproximadamente y que tiene pendiente de cerrar algunos flecos.

Luis Ángel Lago Lage indicó ayer que acudiría a declarar hoy para explicar todo lo que le fuese planteado, sin embargo expresó que no deseaba efectuar ninguna declaración al respecto.

Aunque no trascendió cuál es el delito que se le imputa, algunas fuentes indicaron que está relacionado con una multa que le fue impuesta al senador y que presuntamente no pagó.

Actualmente hay dos investigaciones que se encuentran abiertas con relación a la retirada, presuntamente irregular de multas de tráfico. Por un lado se encuentran las que imponían guardias civiles de Tráfico en toda la provincia. Por causas que fueron objeto de investigación, muchas de estas denuncias fueron sobreseídas sin que, aparentemente, hubiese motivos para ello.

La investigación provocó una gran convulsión social en su momento debido a que la jueza imputó al que entonces era subdelegado del Gobierno, Jesús Otero. Al verse salpicado por esta investigación, acabó presentando la dimisión.

En esta investigación también fue imputado el que hacía las funciones de jefe provincial de Tráfico, Julio González, que también fue apartado de su cargo aunque siguió vinculado a la jefatura lucense. La jueza Estela San José también llamó a declarar, en calidad de imputados, a algunos alcaldes de la provincia y también al que entonces era concejal de Protección á Comunidade en Lugo, José Rábade.

La segunda investigación está centrada en la retirada de multas en la Policía Local de Lugo. Más del 80% de los agentes que forman la plantilla están imputados. La instrucción todavía continúa.

CORRUPCIÓN

EU CONSIDERA QUE O ALCALDE UTILIZA O VICTIMISMO PARA XENERAR CONFUSIÓN SOBRE A CORRUPCIÓN NO SEU PARTIDO
Insiste en que BNG e PP exercen un silencio cómplice

O alcalde de Lugo deberá declarar o día 20 de setembro como imputado (xulgado nº 1) por pagar altos pluses de produtividade a funcionarios vinculados ao PXOM. EU desaproba a desvergoña do alcalde por escudarse nunha suposta persecución política
para tentar eludir as súas responsabilidades políticas, a sabendas de que os casos de corrupción asfixian ao seu partido político nos xulgados.
O alcalde utiliza a táctica do calamar ando responsabiliza a unha asociación lucense e a unha xuíza dos seus problemas coa xustiza. Con todo, o victimismo empregado polo alcalde só pretende xerar confusión. Porque a realidade é que hai numerosas sentenzas e resolucións xudiciais, ademais de imputacións e detencións, que parten de todo tipo de instancias xudiciais: Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ou os Xulgados números 1, 2 e 3 de Lugo, por citar algúns exemplos.
EU insistiu moitas veces en que BNG e PP son cómplices co seu silencio dos casos de corrupción, e pregúntase se no devandito silencio se esconde a preocupación de ambos os dous partidos pola posible implicación de membros e dirixentes seus nas distintas tramas. Quen cala asente, e quen asente é cómplice.
En concreto, EU considera lamentable que o BNG se escude no seu acordo de goberno co PSOE e a súa suposta "liberdade de voto" en temas de urbanismo para disimular no caso da recente imputación do alcalde. O BNG fuxe do tema principal, que é dunha enorme gravidade e asfixia as institucións lucenses (en dúas delas os nacionalistas participan do goberno): a corrupción política.
Algúns dos exemplos máis coñecidos:

José Clemente López Orozco, alcalde. Imputado por pagar altos pluses de produtividade a funcionarios vinculados ao PXOM. Responsabilidade principal e directa, ou indirecta, en múltiples asuntos investigados polos xulgados e sentencias firmes: PXOM, Garañón, retirada de multas, oposicións a axentes de mobilidade, depuradora, etc. Xulgado nº 1, nº 3, Tribunal Supremo, TSXG, contencioso nº 2, etc.

José Rábade, ex-concelleiro delegado de Protección da Comunidade e Réxime Interior. Imputado por presunto fraude nas oposicións para axentes de mobilidade. Imputado na trama de retirada de multas na Xefatura Provincial de Tráfico.

María Novo, ex delegada de urbanismo. Imputada nas investigacións sobre a PXOM e as recualificacións na contorna do campo de golf.

Darío Diéguez, ex director da Policía Local. Imputado por posible delito de coaccións, ao tentar que a garda civil espiase a un inspector da policía local.

José Ángel Corredoira, ex-xefe de gabinete do alcalde. Imputado polo exceso de gasto telefónico no Concello (miles de euros).

Francisco Fernández Liñares, ex-tenente de alcalde, ex-concelleiro de Urbanismo e tamén de Economía. Imputado polo exceso de gasto telefónico non Concello. Investigado en varias tramas; na do PXOM debe responder polas recalificacións, incluídas as dás súas propias leiras non barrio dá Ponche. Xulgado nº 2.

Jesús Otero, ex-Delegado de Goberno. Imputado por presunto suborno non caso dás multas de tráfico. Imputado na Operación Carioca. Xulgados nº 3 e nº 1.

Lara Méndez, vicepresidenta segunda dá Deputación. Detida durante dez horas por presunta prevaricación, tráfico de influencias e fraude non marco dá Operación Rei. Xulgado nº 3.

Juan Díaz Valiño, deputado provincial, responsable provincial de política municipal non PSOE. Detido por prevaricación, tráfico de influencias e suborno na Operación Rei.

Luís Lago Lage, senador. A fiscalía pedía a súa imputación non caso dás multas de tráfico, pero pola súa condición de aforado ou xulgado decidiu non facelo inicialmente. Tamén aparece non caso dá retirada de multas dá Policía Local.

Principais casos abertos e sentenzas contra ou Concello:

Edificación nas costas do parque Rosalía de Castro (O Garañón). Unha resolución do xulgado nº 1 paraliza as obras e establece indicios de posibles delitos, especialmente prevaricación urbanística. Ou TSXG confirma o seu fallo contra a urbanización do Garañón, anulando o acordo municipal que aprobaba ou proxecto de urbanización por non emitirse o informe dá Consellería de Cultura.

Depuradora de Augas en Nadela. O Tribunal Supremo declara ilegal a depuradora pola súa localización.

Política de persoal do Concello. Numerosas sentenzas contrarias ás actuacións do goberno municipal. A última, do TSXG, declara nulo o cadro de persoal e considera que a plantilla está viciada de ilegalidade.

Operación Carioca. Investigados cargos socialistas na trama da prostitución, incluídos ou secretario de acción electoral e asesor da Deputación de Lugo, e o ex-concelleiro de urbanismo. Imputado polo de agora o ex-Delegado de Goberno.

EL EX SUBDELEGADO DE LUGO EXCLUYE A ALCALDES Y OTROS CARGOS DE LA TRAMA QUE RETIRABA MULTAS

Varios juzgados llevan casi un año sin tramitar las declaraciones de otros imputados

8/9/2010 La Voz.

El ex subdelegado del Gobierno en Lugo, Jesús Otero Calvo, ha excluido de la trama que presuntamente dejaba sin efecto multas por infracciones de tráfico a dos alcaldes, a una diputada provincial y también a un senador, todos ellos del PSOE. Lo hizo ayer en el transcurso de su segunda declaración como imputado dentro de las diligencias que dirige la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital lucense, Estela San José. Ayer trascendió, por otra parte, que el expediente había pasado cuatro meses en la Fiscalía lucense y que varios juzgados de la provincia, transcurrido casi un año de su recepción, no tramitaron los exhortos para que declarasen varias personas como imputadas. Con este panorama, el caso va camino de tardar mucho tiempo en resolverse.

Jesús Otero declaró por espacio de una hora aproximadamente. Lo hizo ante la jueza, el fiscal jefe y varios abogados que comparecieron a esta citación promovida por el representante del ministerio público en la capital lucense. Le preguntaron por varios expedientes de multas de diversas personas e instituciones y dejó claro, según algunas fuentes, que ni los alcaldes de O Courel y Pedrafita, ni la vicepresidenta primera de la Diputación, ni el senador del PSOE Luis Ángel Lago Lage tenían nada que ver con la retirada de alguna sanción. El ex subdelegado aseguró que no le habían pedido ningún favor en ese sentido en ningún momento. Le preguntaron, además, si conocía a una persona llamada Andrés Liñares, del Concello de Lugo, y dijo que no. Otero, tanto a la salida como a la entrada, no quiso hablar con la prensa.

«Por orden del subdelegado»

El primero en declarar, no obstante, fue el ex jefe provincial de Tráfico, Julio González. Lo hizo por espacio de más de hora y media. Tampoco quiso hacer declaraciones. Sin embargo trascendió que había sido preguntado en reiteradas ocasiones por las anotaciones que figuraban en algunos expedientes con las iniciales «POS», a lo que refirió que significaban «Por orden del subdelegado». Explicó, al parecer, que ya no se acordaba de muchas cuestiones que le preguntaban como consecuencia del tiempo transcurrido, especialmente porque recibía las denuncias por lotes y, posteriormente, las revisaba.

Ahora queda por saber si la jueza reclamará el suplicatorio para que declare como imputado el senador socialista Luis Ángel Lago Lage, como así lo pidió el fiscal sin saber que se trataba de un cargo institucional.

EL EX SUBDELEGADO Y EL ANTERIOR JEFE DE TRÁFICO DE LUGO TENDRÁN QUE VOLVER AL JUZGADO

La investigación se inició hace más de 2 años para comprobar la existencia de un posible sobreseimiento masivo de sanciones

EFE 6/9/2010

El ex subdelegado del Gobierno en Lugo, Jesús Otero, y el anterior jefe provincial de Tráfico en esta provincia, Julio González, tendrán que volver a prestar declaración, mañana martes, en el juzgado de instrucción número 3, por el supuesto sobreseimiento irregular de sanciones, según informaron a EFE fuentes del caso.

Se trata de una investigación que se inició hace más de 2 años y que llevó al juzgado a cerca de un centenar de personas, lo que se tradujo en un registro de la sede de la jefatura provincial de Tráfico, para comprobar la existencia de un posible sobreseimiento masivo de sanciones.

Tanto el ex subdelegado como la persona que ostentaba la jefatura en aquel momento ya declararon ante el juzgado, al que tendrán que regresar ahora, a petición del fiscal, «por cuestiones aclaratorias», según precisaron las mismas fuentes, que también indicaron que el caso se encuentra ya en su «etapa final».

Como consecuencia de su imputación, el ex subdelegado presentó la dimisión, en tanto que el jefe provincial continúa en la jefatura, si bien se encuentra realizando otras funciones.

Unas escuchas telefónicas por un caso de tráfico de estupefacientes acabó derivando en esta operación y la incautación de varios expedientes sobre los que pesa la sospecha de que pudieran haber sido archivados de forma arbitraria.