22/06/2010 - M.O. / El Progreso (Lugo)
La Audiencia Provincial de Lugo ha emitido un auto en el que ordena que se investigue una denuncia por detención ilegal interpuesta por uno de los imputados en la operación Carioca contra dos guardias civiles que trabajaban en este caso. Además, insta a la jueza Pilar de Lara, que dirige la investigación, a que se abstenga de tomar parte en este sumario y que lo envíe a otro juzgado de instrucción.
El caso Carioca trata de esclarecer el funcionamiento de una red de prostitución en Lugo y su supuesta relación con varios miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Entre los implicados figura un ginécologo, al que la magistrada acusa de un supuesto delito de inducción al aborto. Este hombre fue detenido en dos ocasiones. Tras la primera, Pilar de Lara lo envió a prisión incondicional, de donde salió tres semanas después por orden de la Audiencia Provincial. Sin embargo, de nuevo fue llamado a declarar como imputado por otra acusación similar. El ginecólogo se presentó en la comandancia ante los policías judiciales, que lo volvieron a detener.
Esta vez, según la denuncia interpuesta por la abogada del acusado, agotaron el plazo de 72 horas antes de ponerlo a disposición judicial, pese a los problemas de salud que el hombre había declarado y que posteriormente obligaron a interrumpir su declaración ante la jueza para que fuera trasladado a Urgencias.
Por todo ello, se presentó una denuncia por detención ilegal contra los dos policías judiciales. Se tramitó en la comisaría de A Coruña, que es donde tiene su residencia el acusado. El juzgado coruñés que se hizo cargo lo envió inmediatamente a los juzgados de Lugo y Pilar de Lara lo asumió, acogiéndose a que era su juzgado, el de Instrucción número 1, el que estaba de guardia cuando sucedieron los hechos denunciados.
Intereses
Pese a que éste es un criterio habitual de reparto, la defensa del ginecólogo solicitó a la magistrada que se inhibiera y pasara el asunto a otra sala, dado que los hechos denunciados derivaban de una orden de detención dictada por la propia jueza e iba contra dos de sus colaboradores directos en este caso. Sin embargo, Pilar de Lara no se abstuvo, sin que se sepa hasta ahora ni siquiera si inició la investigación. La Audiencia Provincial, tras recibir la petición al respecto por parte de la abogada Iliana de la Cal, ordena a la magistrada que se abstenga y que envíe el asunto a otro juzgado, el que corresponda por reparto.
Los dos denunciados son los policías judiciales de Lugo que estuvieron comisionados en la investigación desde el inicio -aunque el mayor peso siempre recayó en los agentes llegados de Madrid, que se mantienen en la ciudad-. Uno de ellos hace varias semanas que está ya fuera del caso, descomisionado por la magistrada, y ahora se encuentra de baja. También el otro ha ido perdiendo peso en la investigación, el mismo que ha ido ganando un sargento de la Policía Judicial que estaba destinado en Monterroso y que forma parte del grupo de cinco agentes que fueron comisionados en principio como refuerzo de los otros dos, ahora denunciados.
Ese sargento -siempre bajo supervisión de la jueza y de los agentes llegados de Madrid- es el que dirige ahora las diligencias que siguen realizándose a diario, en su mayor parte interrogatorios a prostitutas y otros testigos. Desde hace varias semanas estas declaraciones se efectúan en su mayor parte en sede judicial, y no en las dependencias de la Policía Judicial en la comandancia.
Un sargento de la Policía Judicial es quien lleva ahora el peso de la investigación, bajo supervisión de la jueza y de los agentes de Madrid
Repercusión: Los medios de Madrid dan visibilidad al caso
La de ayer fue una jornada de cierta importancia para la operación Carioca, no porque se haya conocido nada realmente importante, sino porque los medios de comunicación madrileños decidieron prestarle atención y darle repercusión nacional.
Grabaciones
La Ser e Interviú centraron sus informaciones en unas supuestas conversaciones grabadas al ex subdelegado del Gobierno, Jesús Otero, en las que éste hablaba con un agente de Extranjería para interesarse por la situación de una prostituta a la que iban a expulsar: «Es la moza de un concejal de Monterroso que es del Opus», explica supuestamente a su interlocutor, que le indica que esa mujer ya tiene vuelo para ser deportada y le aclara que con quien se iría a casar es con un empresario de la construcción que tiene familia en Monterroso y no con un concejal.
En todo caso, esta conversación transcurre dos meses después de que Otero dimitiera de su cargo y la mujer fue deportada en ese mismo vuelo. De hecho, según parece, el hombre tuvo que viajar al país de origen de la mujer para casarse con ella.
Paquirrín
Una de las novedades que aportó Interviú es que una de las novias del famoso Paquirrín, una tal Marcia di Lele, trabajó en uno de los prostíbulos investigados.
Por su parte, Tele 5 llegó a hablar de una prostituta muerta en Madrid a manos de la red de proxenetas y de otra desaparecida.
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