03/09/2010 - Xoán C. Vidal / El Progreso
La Asociación por la Legalidad del Plan Urbanístico de Lugo (Alpul) volvió a cargar ayer contra la concejala de urbanismo y denunció que un empresario que es cuñado suyo actúa como «comisionista» de la recalificación de terrenos del Club de Golf, entidad que ayer defendió la legalidad del contrato con él. El Concello reaccionó anunciando que irá a la Fiscalía para que constate que no hay ilegalidad en una recalificación aprobada antes de que Novo llegara al gobierno local y que es fruto de una alegación al PXOM.
Alpul cuestiona un contrato firmado el 4 de enero de 2007 en el que el club reconoce que el citado empresario «ha llevado a cabo las gestiones oportunas ante las administraciones y organismos correspondientes» para promover el cambio de calificación de terrenos anexos al campo de golf. Además, el documento especifica que cobrará un 15% del montante de la venta de los terrenos urbanizables o un 10% en el caso de que sean sus empresas las que realicen la compra. Alpul calcula que la comisión podría llegar a 698.116 euros.
La asociación insiste en que es necesario que se explique cuáles fueron las actuaciones realizadas «por el cuñado de la señora Novo para la recalificación de los terrenos» y que se indique las personas ante las que se realizaron.
Desde el Club de Golf se confirmó ayer la existencia de un contrato privado entre un constructor y la entidad deportiva, «que no tiene capacidad para hacer complejos trámites urbanísticos como asistencias técnicas, estudios topográficos o redactar un plan parcial», según explicó ayer su presidente, Victoriano Azcárraga. Añadió que se ofreció la opción de realizar estas gestiones a varias empresas, «porque en ese momento la entidad no tenía dinero para asumir los gastos de la tramitación», dice, y que finalmente fue el citado promotor quien aceptó las condiciones del contrato, aclarando que en caso de no salir finalmente adelante sería el propio empresario y no el club quien asumiría los gastos.
El presidente de la entidad defiende la legalidad del contrato y lamenta que se ponga en tela de juicio a un club «que es una sociedad privada que no reparte beneficios», al tiempo que destacó que en su momento el proyecto presentado para ampliar el campo de golf a 19 hoyos recibió el respaldo de todos los grupos municipales por el interés que supone para Lugo.
Concello
No es la primera vez que Alpul denuncia que la familia política de la delegada -que no tiene voto en los plenos al no ser concejala electa- se beneficiaba de la recalificación de terrenos en el plan de urbanismo, lo cual provocó la reacción del gobierno local. Ayer mismo, el Concello remitió una nota en la que anunció que remitirá a la Fiscalía estas acusaciones para que este órgano judicial «actúe como estime procedente».
Además de expresar la «total disposición» del Ayuntamiento a colaborar con la Justicia, se precisa que el gobierno local ratifica todo lo afirmado hasta ahora sobre la tramitación del PXOM, incluidos los acuerdos relativos a los terrenos del club de golf». También advierte que el gobierno local desconoce «por completo» la existencia de algún contrato entre el club de golf y un particular.
Alpul cuestiona un contrato firmado el 4 de enero de 2007 en el que el club reconoce que el citado empresario «ha llevado a cabo las gestiones oportunas ante las administraciones y organismos correspondientes» para promover el cambio de calificación de terrenos anexos al campo de golf. Además, el documento especifica que cobrará un 15% del montante de la venta de los terrenos urbanizables o un 10% en el caso de que sean sus empresas las que realicen la compra. Alpul calcula que la comisión podría llegar a 698.116 euros.
La asociación insiste en que es necesario que se explique cuáles fueron las actuaciones realizadas «por el cuñado de la señora Novo para la recalificación de los terrenos» y que se indique las personas ante las que se realizaron.
Desde el Club de Golf se confirmó ayer la existencia de un contrato privado entre un constructor y la entidad deportiva, «que no tiene capacidad para hacer complejos trámites urbanísticos como asistencias técnicas, estudios topográficos o redactar un plan parcial», según explicó ayer su presidente, Victoriano Azcárraga. Añadió que se ofreció la opción de realizar estas gestiones a varias empresas, «porque en ese momento la entidad no tenía dinero para asumir los gastos de la tramitación», dice, y que finalmente fue el citado promotor quien aceptó las condiciones del contrato, aclarando que en caso de no salir finalmente adelante sería el propio empresario y no el club quien asumiría los gastos.
El presidente de la entidad defiende la legalidad del contrato y lamenta que se ponga en tela de juicio a un club «que es una sociedad privada que no reparte beneficios», al tiempo que destacó que en su momento el proyecto presentado para ampliar el campo de golf a 19 hoyos recibió el respaldo de todos los grupos municipales por el interés que supone para Lugo.
Concello
No es la primera vez que Alpul denuncia que la familia política de la delegada -que no tiene voto en los plenos al no ser concejala electa- se beneficiaba de la recalificación de terrenos en el plan de urbanismo, lo cual provocó la reacción del gobierno local. Ayer mismo, el Concello remitió una nota en la que anunció que remitirá a la Fiscalía estas acusaciones para que este órgano judicial «actúe como estime procedente».
Además de expresar la «total disposición» del Ayuntamiento a colaborar con la Justicia, se precisa que el gobierno local ratifica todo lo afirmado hasta ahora sobre la tramitación del PXOM, incluidos los acuerdos relativos a los terrenos del club de golf». También advierte que el gobierno local desconoce «por completo» la existencia de algún contrato entre el club de golf y un particular.
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