Varias causas xudiciais abertas e centos de imputados e testigos chamados a declarar. Esa é a realidade desde hai anos na cidade de Lugo. En todas elas un denominador común: políticos e empresarios baixo sospeita de supostos delitos de corrupción. Na convicción de loitar contra o silencio, contra a omertá declarada ao respecto por algúns partidos, Esquerda Unida alza a voz para loitar contra esa lacra social que é a corrupción.

viernes, 22 de abril de 2011

LA POLICÍA CONOCÍA LA TRAMA DESDE EL 2003, PERO NO LA INVESTIGÓ
La jueza llamó como testigo al ex jefe superior de Galicia

José Fernández La Voz 22/4/2011

La policía supo en el 2003 que el cabo de la guardia civil Armando Lorenzo podría estar directamente relacionado con algún burdel lucense; sin embargo, pasó por alto esta cuestión. Nadie investigó, a pesar de que los altos mandos policiales fueron informados desde la base de lo que estaba sucediendo. La atípica situación llamó poderosamente la atención a la jueza que se encarga de la operación Carioca, y citó a declarar, en calidad de testigos, al ex jefe superior de Policía de Galicia y actual alcalde de Cortegada (Ourense), Avelino Luis de Francisco Martínez, y también al inspector jefe de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la comisaría de Ourense. Ambos tuvieron constancia de la presunta implicación del guardia civil.

Cada vez hay más indicios de que los altos mandos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Galicia eran conocedores de la existencia de una presunta trama relacionada con los burdeles de Lugo. Sin embargo, no se hubiera destapado si no fuera porque llegó una denuncia a la jueza Pilar de Lara.

En el año 2003 la policía de Ferrol, a instancias del Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad departamental, abrió una investigación para esclarecer una presunta agresión sexual de la que fueron víctimas dos mujeres, una de ellas de nacionalidad brasileña y la otra española. Al parecer, fueron interceptadas por dos colombianos, que las trasladaron a una nave donde dijeron que las habían violado. Las dos víctimas trabajaban en el Romance, un club de Vilalba. Este establecimiento lo llevaba el empresario ferrolano Antonio Vizoso al que, supuestamente, el cabo Armando tenía en su punto de mira. No eran precisamente amigos. De hecho, en ocasiones Vizoso se quejó de las actuaciones de este guardia y apreciaba un supuesto trato de favor hacia otros establecimientos.

La investigación de la policía ferrolana consistió, entre otras cuestiones, en una inspección, con la colaboración de la brigada de Lugo, en el Romance y también en el Scorpio (que posteriormente pasó a ser el Eros). Las pesquisas sobre este último club se pusieron en marcha como consecuencia de las declaraciones de varias mujeres que relacionaban a una de ellas con el propietario de este club, ubicado en las afueras de Lugo.

Al parecer, cuando las policías de Ferrol y de Lugo estaban con sus investigaciones, la Guardia Civil intervino en el Romance en una operación supuestamente dirigida por el cabo Armando Lorenzo. El local fue cerrado, y su propietario, Antonio Vizoso, detenido. Cuando éste ingresó en prisión, de forma preventiva, comenzaron a lloverle denuncias de mujeres de sus clubes. Parece que fueron siete las que se trasladaron a la comisaría para declarar en su contra.

Guerra entre clubes

A los investigadores esta situación les pareció sospechosa y apreciaron claramente que se trataba de una guerra entre clubes y que Armando Lorenzo supuestamente apoyaría al dueño del Scorpio. Incluso no descartan que las denuncias previas por agresión sexual también tuvieran que ver con este enfrentamiento. Mujeres del club de Vizoso fueron al Scorpio tras la intervención de la Guardia Civil.

Existen referencias de que una testigo protegida de la Guardia Civil acudió a la policía ferrolana para ampliar una declaración. Contó que cuando llegó al Scorpio, apareció Armando y se la llevó al cuartel para que declar. Según ella, el guardia redactó la declaración y, supuestamente, ella la firmó sin ni tan siquiera haberla leído.

El policía que ahora es jefe de la Brigada de Extranjería de Ourense detectó la situación, la comunicó al juez del caso y también al fiscal. Asimismo dio traslado de la situación a la jefatura superior. Al parecer, declaró ante la jueza que él no podía tomar ninguna decisión si judicialmente no le daban ninguna orden.

El responsable de la policía en Galicia entonces y actual alcalde de Cortegada, Avelino Luis de Francisco, le reconoció a la jueza que fue informado de la situación, que también conocían el juzgado y la fiscalía y consideraba que era quienes debían iniciar una investigación.

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