LUGO ANTICORRUPCIÓN

ACEPTABAN LAS OFERTAS A PESAR DE QUE LES FALTABA DOCUMENTACIÓN QUE ERA CLAVE

07 de octubre de 2012

En la denuncia presentada en su momento, el fiscal ponía de manifiesto supuestas irregularidades cometidas en la mesa de adjudicaciones constituida en la Diputación lucense. «Las ofertas siempre se cursaban a las mismas personas, que bien eran empleadas de Senén Prieto Ingeniería S.?L, bien carecían de la más mínima actividad empresarial que justificase su invitación a presentar ofertas», decía la denuncia.

«Las ofertas presentadas, a salvo de las que llevaban a cabo bien José Enrique Cacicedo, bien Luis María Álvarez, se integraban únicamente con la correspondiente oferta económica, faltando cualquier referencia a las exigencias de acreditación de la personalidad, solvencia económica, financiera técnica o profesional y declaración de no estar incurso en causa de incompatibilidad, que son condición legalmente ineludible para poder tomar parte en cualquier expediente de adjudicación. A pesar de ello, de manera sistemática, y aún siendo conscientes de la ilegalidad de su proceder, las distintas mesas de contratación constituidas al efecto daban el visto bueno a las ofertas presentadas con estas carencias», recogía la denuncia.

Una investigación a medias
La investigación sobre la trama que operaba en la Diputación Provincial de Lugo en los años noventa se queda a medio camino. Según explicaron ayer diversas fuentes, la clave no estaría en las presuntas adjudicaciones fraudulentas, sino en la consecución de la dirección de obra. Los presuntos testaferros, al lograr los contratos, conseguían ser los responsables directos de la obra y, por tanto, eran los encargados de certificar el final de las mismas. Durante los registros fueron hallados documentos que hacen pensar a los investigadores que también podrían producirse irregularidades en dichas certificaciones.

El hecho de que la macrooperación quedase truncada -el fiscal que la dirigía se fue a Vitoria y el inspector de policía que lo acompañó llegó a ser apartado de la comisaría lucense al cerrarse en falso el operativo- impidió saber si la inversión que realizaron las empresas adjudicatarias de las obras de los distintos planes provinciales fue efectuada en su totalidad y también si todas las obras certificadas fueron realizadas.