LUGO ANTICORRUPCIÓN

LA JUEZA ESTUDIA SOLICITAR FIANZAS MILLONARIAS A LAS EMPRESAS IMPLICADAS EN LA OPERACIÓN POLLO

14/08/2010 - Miguel Olarte / El Progreso

La instrucción del caso contra una red que explotaba a trabajadores marroquíes en granjas de pollos de Lugo ha entrado ya en su último tramo, en el que se trata de establecer las responsabilidades de las empresas implicadas, que podrían tener que afrontar pagos millonarios. De entrada, según pudo saber este diario, la jueza Estela San José estudia solicitar unas fianzas elevadísimas para los responsables de estas firmas, con el objeto de cubrir las indemnizaciones que previsiblemente solicitarán las partes perjudicadas.

En estos momentos hay ya una treintena de imputados: seis de ellos son los marroquíes que dirigían la red; los otros, sus socios en el país, los directivos de la empresa cárnica propietaria de los pollos, los dueños de las firmas que tenían contratados el transporte y la carga y descarga de los animales, los trabajadores responsables de los planes de seguridad e higiene en el trabajo de esas empresas y el jefe de la oficina de Inmigración en Lugo.

Los perjudicados, sin embargo, son muchos más, ya que la red introdujo y explotó a dos centenares de trabajadores, muchos de los cuales aceptaron el ofrecimiento por parte del juzgado para personarse. Teniendo en cuenta que cada uno de ellos pagó en torno a 10.000 euros de media a los responsables de la red para que les facilitaran el trabajo en el que luego fueron explotados, las cantidades podrían dispararse.

Operación
La operación Pollo, en la que se persiguen delitos en relación con los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros, comenzó a desarrollarse en 2008. Un marroquí detenido por un robo dio las claves para desmantelar un piso ‘patera’ que utilizaba la red, en Armando Durán, y a partir de ahí se inició una instrucción que acumula ya 35 tomos y casi 16.000 folios. Mohamed Chahidi aparece en la investigación como el principal responsable de la red, junto a dos de sus hermanos. Sus contactos en Marruecos captaban a compatriotas que pagaban grandes sumas para entrar en el país y conseguir un permiso de residencia. Chahidi les arreglaba contratos de trabajo a través de su empresa Berciana Agrícola; sin embargo, los inmigrantes nunca recibían las cantidades prometidas y eran obligados a vivir hacinados en pisos y a trabajar a destajo sin apenas cobrar en la carga y descarga de pollos en granjas de toda la provincia lucense.

En estas granjas se criaban los pollos propiedad de una gran firma cárnica nacional, que tenía contratado el transporte y la carga y descarga con una destacada empresa de transporte lucense. Siempre según el sumario, uno de los propietarios de esta empresa había creado, a su vez, otra con la que tenía subcontratada la carga y descarga, trabajos que, a su vez, tenía subcontratados con Berciana Agrícola.

Responsabilidades
Una vez desmantelada la red -de la que formaban parte fundamental los responsables de dos gestorías, una de Ponferrada y otra de Lugo- , todos los esfuerzos de la titular del juzgado de Instrucción número 3, Estela San José, fueron encaminados a establecer la relación y el grado de conocimiento que cada uno de los responsables de las empresas tenía de las condiciones de semiesclavitud en las que trabajaban los marroquíes. Todos ellos están ahora imputados. A la vez, fueron llamados a declarar en condición de imputados todos los trabajadores del grupo cárnico y la empresa de carga y descarga que tenían que ver con los planes de seguridad e higiene en el trabajo.

El objetivo final de todo ello no es otro que conseguir establecer la responsabilidad económica de las empresas beneficiadas, aunque ninguna de ellas tuviera relación contractual directa con los extranjeros explotados. Por lo que parece, la jueza tiene ya elementos suficientes como para poder fundamentar la exigencia de fianzas millonarias a dichas empresas. Esto haría posible el cobro de indemnizaciones por parte de los perjudicados en caso de condena.

Perjudicados
Tampoco está claro que finalmente todos esos perjudicados se presenten en el juicio oral. Además de los directamente relacionados con la operación en Lugo, el juzgado número 3 ha sumado causas relacionadas que se seguían contra esta red en Ponferrada y Ourense, por lo que los afectados se han multiplicado. El caso es que la mayor parte de ellos, una vez solucionados sus problemas con los permisos de residencia, han reiniciado sus vidas por localidades de toda España.

Otro de los puntos que centran esta macroinvestigación es el referido a la tramitación de los permisos de trabajo por parte de la oficina de Extranjería de Lugo y la aparente facilidad con la que concedían. De hecho, hay tomos y tomos del sumario dedicados en exclusiva a los expedientes de cada uno de los afectados.

Testimonio
Según apuntan todos los datos, la presencia de Mohamed Chahidi y de alguno de sus socios españoles en las oficinas de Extranjería era tan habitual como productiva. En las declaraciones de uno de los propietarios de granjas que fueron llamados por el juzgado figura una circunstancia muy peculiar: cuando fue personalmente a Extranjería a solicitar trabajadores extranjeros para su explotación, un señor que le pareció marroquí le ofreció trabajadores allí mismo y, según dicho testimonio, incluso entró en una de las oficinas y le rellenó unos papeles. En su caso, como en otros, nunca recibió a los trabajadores, aunque sus datos fueron usados para conseguir permisos .

Instrucción: Varios granjeros fueron detenidos
Durante la instrucción tuvieron que declarar ante la Justicia un buen número de propietarios de granjas de localidades de Lugo y otras provincias, como Castro de Rei, Chantada, Friol, Sarria, Rábade, Pol, Melide, Cedeira o Ferrol. Muchos de ellos no sólo fueron requeridos como imputados, sino que fueron trasladados como detenidos por orden judicial.

En unos casos, se trataba de propietarios de granjas que tenían contratos con la empresa cárnica implicada para criar los pollos, que eran descargados y cargados por los marroquíes que estaban siendo explotados. En otros, se trataba de propietarios de granjas que habían contratado a ciudadanos extranjeros a través de Berciana Agrícola, la empresa de Chahidi.

Pero incluso hubo propietarios de explotaciones ganaderas que no estaban al tanto de nada y cuyos datos habían sido usados sin su conocimiento para tramitar permisos de trabajo.

No obstante, todo apunta que entre los acusados finales habrá pocos granjeros.

Antecedentes: Una actuación policial fracasada
Al parecer, hacía ya tiempo que la Policía sospechaba de la actividad de Mohamed Chahidi. Según se desprende de algunas declaraciones incluidas en sumario, con anterioridad la Policía trató de ponerle una trampa contando con la ayuda de una empresa lucense. Incluso solicitaron a Extranjería que facilitara la entrada de algunos trabajadores marroquíes, pero la operación no dio ningún rédito.

Muchos de los marroquíes arruinaron a sus familias para pagar a los explotadores
Las declaraciones de los trabajadores extranjeros explotados muestran con bastante claridad el funcionamiento de la red: los socios de Chahidi en Marruecos contactaban con estas personas a las que prometían un trabajo en España que les permitiría obtener el permiso de residencia; para ello, tenían que pagar cantidades que oscilan entre los 8.000 y los 12.000 euros, aunque alguno tuvo que poner hasta 15.000. Varios de ellos relataron a la jueza cómo sus familias habían tenido que vender incluso sus tierras y animales en Marruecos para obtener el dinero necesario.

A cambio, les prometían los papeles y un trabajo bien pagado. Cuando llegaban a España, se encontraban con que esos empleos eran inexistentes, no tenían contrato ni nómina y eran obligados a vivir en pisos ‘patera’ que compartían con hasta diez y doce personas de los que sólo salían para cargar y descargar pollos durante ocho o nueve horas diarias en las más precarias condiciones de seguridad e higiene.

Los más afortunados, los menos, recibían alguna cantidad mensual, nunca superior a 500 o 600 euros y nunca todos los meses. Los demás tenían que conformarse con salarios ridículos, con los que además tenían que hacer frente a los gastos del alquiler.

Eran captados por los contactos de la red en su país y pagaban hasta 15.000 euros por venir

Los trabajadores más afortunados recibían un sueldo de 500 o 600 euros, pero el de la mayoría era mucho menor

La red obtuvo 182 permisos sin trabas
Uno de los aspectos que más llaman la atención a la hora de enfrentarse al sumario de la operación Pollo es la facilidad con la que la red conseguía los permisos de trabajo que les permitían traer a los ciudadanos marroquíes que explotaban y, posteriormente, sus tarjetas de identidad. Según el recuento de expedientes, Mohamed Chahidi, a través de Berciana Agrícola, pudo ser en algún momento uno de los mayores empleadores de la provincia, ya que tramitó en Extranjería y le fueron concedidos sin mayores trabas 182 permisos de trabajo en un corto espacio de tiempo.

El interrogatorio al responsable de Extranjería, también imputado, deja entrever una forma de trabajar lastrada por la saturación de trabajo y marcada por la absoluta discrecionalidad de quien tramitaba el expediente. En la oficina de Lugo se aprobaron permisos que habían sido rechazados poco antes por oficinas de Extranjería de otras ciudades, en unos expedientes se pedía documentación que no hacía falta en otros exactamente iguales y se dio el visto bueno a casos en los que había documentos de residencia y empadronamiento falsos. Incluso se solicitaron trabajadores a nombres de empresarios que no los habían pedido o que no habían facilitado sus datos.

Grabaciones
No es extraño que en el sumario figuren incluso unas grabaciones telefónicas de Mohamed Chahidi y de otro de los principales imputados, responsable de una gestoría, en las que ambos aseguran que la oficina de Lugo era la idónea para tramitar los expedientes, aunque el responsable de Extranjería negó rotundamente en su declaración haber recibido dinero o regalos por parte de los encausados.