LA JUEZA DE LA CARIOCA REVELA QUE SUS GUARDIAS FUERON ACOSADOS
De Lara informó a sus superiores de los problemas para investigar
X. Carreira La Voz
21/1/2011
A medida que avanza la compleja investigación que relaciona a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad con el funcionamiento de clubes de alterne de Lugo se conocen más detalles de los avatares a los que deben enfrentarse la jueza y su equipo para poder realizar el trabajo. La instructora se vio en la necesidad de informar a los órganos judiciales superiores y a otras instituciones de la compleja situación a la que tenía que hacer frente como consecuencia de las constantes trabas impuestas al equipo de guardias civiles que tiene a su cargo. Se trata de cinco profesionales adscritos al acuartelamiento lucense.
En un informe que recibió el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Pilar de Lara Cifuentes advierte de que los investigadores fueron objeto de una constante y permanente situación de acoso por parte de compañeros de la Policía Judicial de Lugo, sin que los responsables de la Comandancia hubiesen adoptado medidas para evitar conflictos o posibles enfrentamientos. La jueza explicó en su informe que la situación planteada llegó a generar problemas para realizar la investigación. Los agentes tuvieron, y tienen, que hacer frente a comentarios despectivos y referencias casi permanentes a cuestiones de tipo personal, según lo expuesto por la responsable del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital lucense que, desde hace más de un año, se ocupa de una investigación que suma unos 50.000 folios y más de 60 imputados.
La situación puede complicarse todavía mucho más para los investigadores cuando se cierren las diligencias. De hecho, fueron advertidos, de acuerdo con lo expuesto en el informe, de que les cambiaría la vida laboral cuando se incorporaran nuevamente a las unidades en las que estaban antes de ir al grupo judicial.
Les obligaron a devolver móviles
Saldo limitado a 20 euros y sin móviles. La penuria del equipo investigador llega a tales extremos que tuvo que ser la propia jueza la que dotara, en ocasiones, de material al grupo de guardias. En el informe remitido al TSXG, Pilar de Lara da cuenta de que el equipo no recibió los medios materiales que la investigación precisaba.
La jueza tuvo que proveer en varias ocasiones cartuchos de tóner para las impresoras así como lectores de tarjetas de telefonía móvil. En su momento, mandos de la Guardia Civil retiraron a sus agentes varios móviles que utilizaban para contactar con las mujeres que figuran como testigos protegidos.
Amenazados con un expediente por «falta de lealtad»
Las altas jerarquías judiciales también fueron informadas de que alguno de los agentes que participa en la operación Carioca fue amenazado o advertido de que podía ser objeto de un posible expediente disciplinario por una presunta «falta de lealtad al mando». Supuestamente, los superiores de los agentes querían que estos les contasen pormenores de las investigaciones en las que estaban involucrados miembros de la Guardia Civil que, con posterioridad, fueron detenidos o imputados. Uno de ellos, es un cabo que actualmente se encuentra encarcelado. Como imputados figuran al menos media docena de agentes.
Quienes recababan la información de los agentes, supuestamente pretendían obtener información privilegiada como, por ejemplo, saber con antelación quiénes podían ser imputados o llamados a declarar por parte de la magistrada que se ocupa de la investigación.
De Lara informó a sus superiores de los problemas para investigar
X. Carreira La Voz
21/1/2011
A medida que avanza la compleja investigación que relaciona a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad con el funcionamiento de clubes de alterne de Lugo se conocen más detalles de los avatares a los que deben enfrentarse la jueza y su equipo para poder realizar el trabajo. La instructora se vio en la necesidad de informar a los órganos judiciales superiores y a otras instituciones de la compleja situación a la que tenía que hacer frente como consecuencia de las constantes trabas impuestas al equipo de guardias civiles que tiene a su cargo. Se trata de cinco profesionales adscritos al acuartelamiento lucense.
En un informe que recibió el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Pilar de Lara Cifuentes advierte de que los investigadores fueron objeto de una constante y permanente situación de acoso por parte de compañeros de la Policía Judicial de Lugo, sin que los responsables de la Comandancia hubiesen adoptado medidas para evitar conflictos o posibles enfrentamientos. La jueza explicó en su informe que la situación planteada llegó a generar problemas para realizar la investigación. Los agentes tuvieron, y tienen, que hacer frente a comentarios despectivos y referencias casi permanentes a cuestiones de tipo personal, según lo expuesto por la responsable del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital lucense que, desde hace más de un año, se ocupa de una investigación que suma unos 50.000 folios y más de 60 imputados.
La situación puede complicarse todavía mucho más para los investigadores cuando se cierren las diligencias. De hecho, fueron advertidos, de acuerdo con lo expuesto en el informe, de que les cambiaría la vida laboral cuando se incorporaran nuevamente a las unidades en las que estaban antes de ir al grupo judicial.
Les obligaron a devolver móviles
Saldo limitado a 20 euros y sin móviles. La penuria del equipo investigador llega a tales extremos que tuvo que ser la propia jueza la que dotara, en ocasiones, de material al grupo de guardias. En el informe remitido al TSXG, Pilar de Lara da cuenta de que el equipo no recibió los medios materiales que la investigación precisaba.
La jueza tuvo que proveer en varias ocasiones cartuchos de tóner para las impresoras así como lectores de tarjetas de telefonía móvil. En su momento, mandos de la Guardia Civil retiraron a sus agentes varios móviles que utilizaban para contactar con las mujeres que figuran como testigos protegidos.
Amenazados con un expediente por «falta de lealtad»
Las altas jerarquías judiciales también fueron informadas de que alguno de los agentes que participa en la operación Carioca fue amenazado o advertido de que podía ser objeto de un posible expediente disciplinario por una presunta «falta de lealtad al mando». Supuestamente, los superiores de los agentes querían que estos les contasen pormenores de las investigaciones en las que estaban involucrados miembros de la Guardia Civil que, con posterioridad, fueron detenidos o imputados. Uno de ellos, es un cabo que actualmente se encuentra encarcelado. Como imputados figuran al menos media docena de agentes.
Quienes recababan la información de los agentes, supuestamente pretendían obtener información privilegiada como, por ejemplo, saber con antelación quiénes podían ser imputados o llamados a declarar por parte de la magistrada que se ocupa de la investigación.
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