EXTRANJERÍA LEGALIZÓ A LAS PROSTITUTAS MÁS RENTABLES DEL QUEENS
01/06/2011 - J. M. Freire + M. Olarte / El Progreso
El grueso de los últimos tomos sobre los que la jueza de la operación Carioca levantó el secreto incluye unos exhaustivos informes de Asuntos Internos de la Guardia Civil, donde se aportan pruebas sobre el presunto trato de favor hacia el presunto cerebro de la red, J.M.G.A., de los responsables de Extranjería y del grupo de investigación de la Benemérita donde trabajaban el cabo A.L. y el brigada J.B.
En concreto, los investigadores constataron que no todos los expedientes se tramitaban con las misma celeridad y no a todas las prostitutas se les ayudaba igual, Y uno de los criterios, sorprendentemente, era la productividad de las chicas en los prostíbulos.
En febrero de 2009, es decir, unos meses antes del inicio de las detenciones, la Policía llevó a cabo una inspección en el Queens, la cual sorprendió a todos porque no era habitual. El propio inspector jefe de Extranjería la dirigió y concluyó con la identificación de una decena de chicas que trabajaban allí, las cuales tuvieron posteriormente una suerte dispar.
Por ejemplo, la chica que menos trabajaba del local fue la única expulsada y además de forma fulminante. «Yo no tenía ninguna utilidad para el dueño. No le daba beneficios porque apenas trabajaba, y siempre se quejaba. Si le diera ganancias, bien se hubiera preocupado de mí», dijo la prostituta en sus declaraciones posteriores.
Sin embargo, las dos mujeres más activas del negocio, sobre las que pesaba ya orden de expulsión en iguales condiciones que la anterior, se quedaron y esta actuación fue justificada de diversas maneras desde Extranjería. El inspector jefe aseguró, en cambio, que los criterios empleados habían sido los de «antigüedad de la orden de expulsión y peligrosidad».
Doble rasero
La investigación pretende demostrar que el cabo y el brigada de la Guardia Civil, en colaboración con el inspector y el subinspector de Extranjería de la comisaría, mantenía un comportamiento muy diferente hacia el dueño del Queens y la Colina, J.M.G.A., que con respecto al resto de los clubs de la provincia, sobre todo dos de A Mariña, el Eclipse y el Carus, donde la presión sobre los proxenetas era «muy intensa» y se realizaban frecuentes redadas para identificar a mujeres, y tras lograr sus declaraciones inculpatorias, detener a los dueños.
Muchas de estas chicas acababan trabajando luego en los locales de J.M.G.A. Y estos testimonios no siempre eran obtenidos de forma lícita, ya que se descubrió al menos un caso en el que se le ocultaron datos de su expediente administrativo a una de las prostitutas para hacerle creer que iba a ser deportada y obligarla a testificar. Además, la figura de testigo protegido, que tenían un buen número de mujeres, no había sido reconocido por un juzgado, sino que era «de facto» por el propio agente.
Uno de los ejemplos de actuación excesivamente diligente se produjo cuando una patrulla de Policía se plantó en casa de una mujer que tenía orden de expulsión, sin tener certeza que vivía allí. Los investigadores sospechan que los policías actuantes manejaban información privilegiada e indican en su informe que el caso es excepcional dentro de la investigación. ¿Por qué? Pues porque la chica tenía amistad con un guardia civil, que luego fue comisionado por la jueza en la operación Carioca, con el que tenía enemistad manifiesta el cabo A.L.T. Por ello se ejecutó muy pronto la expulsión «para quitársela de en medio», mientras en casos similares a otras chicas se les había cambiado la deportación por una simple multa o se había revocado.
Otro caso que llamó la atención de los guardias de asuntos internos fue el de dos chicas, que además tenían el mismo nombre, cuyos expedientes se dejaron caducar después de seis meses. Eran mujeres protegidas de A.L. y sus expedientes no estaban con el resto en las estanterías de Extranjería, según se comprobó en el registro en la comisaría. Estaban detrás de una mesa del subinspector detenido.
Bodas y enfermos
Uno de los expedientes administrativamente impecables es el de una mujer que se casó en España para regularizar su situación. Sin embargo, los investigadores revelan que no se comprobó en ningún momento las características de ese matrimonio y si había sido de conveniencia, como así fue. Culpan en concreto al cabo y a su superior, J.B., de haber actuado por omisión.
En otro caso, las gestiones de A.L. Fueron de «protección» y consistieron en acompañar a una prostituta a que denunciase a su compañero por malos tratos, con la intención de conseguir la separación, quedarse con la hija que tenían en común y lograr una plaza en un piso de acogida. Todo ello puede parecer lógico, tratándose de una agente del orden, sin embargo se da la circunstancia de que A.L. «había utilizado» a la chica para conseguir un testimonio que le valiera para actuar contra los clubs que no le eran afines.
Un caso más de los que salpicaría al subinspector es el de dos mujeres a las que se les prorrogó la estancia en España por motivos de enfermedad. En el expediente no había ni un solo justificante que sostuviese dolencia alguna.
Cada uno de estos expedientes aportados a la causa incluyen las conversaciones telefónicas entre los implicados, donde se deduce que actuaban de acuerdo, todos los trámites administrativos seguidos en cada caso y las veces que los consultaron en el ordenador los implicados, tanto los cuatro citados, que eran los más preocupados por las chicas, como otro funcionario de Extranjería y el responsable de Inmigración en la Subdelegación del Gobierno.
EN LA CÁRCEL
* El proxeneta y el terrorista. El dueño del Queens compartió celda al principio con un amigo que estaba preso, pero este se cansó de que todos los días hubiera registros para buscar teléfonos móviles en la celda y pidió el cambio. De todas formas, según declaró un funcionario, J.M.G.A. con quien más se relacionaba era con un preso de Eta del módulo 1, donde ambos están.
* Teléfonos y cenas. En la causa declaran como testigos al menos dos funcionarios. La jueza les pregunta por un supuesto trato de favor hacia algún detenido de la operación Carioca e incluso sobre supuestas cenas con reclusos y funcionarios, pero ambos lo niegan y dicen que les parece extraño.
01/06/2011 - J. M. Freire + M. Olarte / El Progreso
El grueso de los últimos tomos sobre los que la jueza de la operación Carioca levantó el secreto incluye unos exhaustivos informes de Asuntos Internos de la Guardia Civil, donde se aportan pruebas sobre el presunto trato de favor hacia el presunto cerebro de la red, J.M.G.A., de los responsables de Extranjería y del grupo de investigación de la Benemérita donde trabajaban el cabo A.L. y el brigada J.B.
En concreto, los investigadores constataron que no todos los expedientes se tramitaban con las misma celeridad y no a todas las prostitutas se les ayudaba igual, Y uno de los criterios, sorprendentemente, era la productividad de las chicas en los prostíbulos.
En febrero de 2009, es decir, unos meses antes del inicio de las detenciones, la Policía llevó a cabo una inspección en el Queens, la cual sorprendió a todos porque no era habitual. El propio inspector jefe de Extranjería la dirigió y concluyó con la identificación de una decena de chicas que trabajaban allí, las cuales tuvieron posteriormente una suerte dispar.
Por ejemplo, la chica que menos trabajaba del local fue la única expulsada y además de forma fulminante. «Yo no tenía ninguna utilidad para el dueño. No le daba beneficios porque apenas trabajaba, y siempre se quejaba. Si le diera ganancias, bien se hubiera preocupado de mí», dijo la prostituta en sus declaraciones posteriores.
Sin embargo, las dos mujeres más activas del negocio, sobre las que pesaba ya orden de expulsión en iguales condiciones que la anterior, se quedaron y esta actuación fue justificada de diversas maneras desde Extranjería. El inspector jefe aseguró, en cambio, que los criterios empleados habían sido los de «antigüedad de la orden de expulsión y peligrosidad».
Doble rasero
La investigación pretende demostrar que el cabo y el brigada de la Guardia Civil, en colaboración con el inspector y el subinspector de Extranjería de la comisaría, mantenía un comportamiento muy diferente hacia el dueño del Queens y la Colina, J.M.G.A., que con respecto al resto de los clubs de la provincia, sobre todo dos de A Mariña, el Eclipse y el Carus, donde la presión sobre los proxenetas era «muy intensa» y se realizaban frecuentes redadas para identificar a mujeres, y tras lograr sus declaraciones inculpatorias, detener a los dueños.
Muchas de estas chicas acababan trabajando luego en los locales de J.M.G.A. Y estos testimonios no siempre eran obtenidos de forma lícita, ya que se descubrió al menos un caso en el que se le ocultaron datos de su expediente administrativo a una de las prostitutas para hacerle creer que iba a ser deportada y obligarla a testificar. Además, la figura de testigo protegido, que tenían un buen número de mujeres, no había sido reconocido por un juzgado, sino que era «de facto» por el propio agente.
Uno de los ejemplos de actuación excesivamente diligente se produjo cuando una patrulla de Policía se plantó en casa de una mujer que tenía orden de expulsión, sin tener certeza que vivía allí. Los investigadores sospechan que los policías actuantes manejaban información privilegiada e indican en su informe que el caso es excepcional dentro de la investigación. ¿Por qué? Pues porque la chica tenía amistad con un guardia civil, que luego fue comisionado por la jueza en la operación Carioca, con el que tenía enemistad manifiesta el cabo A.L.T. Por ello se ejecutó muy pronto la expulsión «para quitársela de en medio», mientras en casos similares a otras chicas se les había cambiado la deportación por una simple multa o se había revocado.
Otro caso que llamó la atención de los guardias de asuntos internos fue el de dos chicas, que además tenían el mismo nombre, cuyos expedientes se dejaron caducar después de seis meses. Eran mujeres protegidas de A.L. y sus expedientes no estaban con el resto en las estanterías de Extranjería, según se comprobó en el registro en la comisaría. Estaban detrás de una mesa del subinspector detenido.
Bodas y enfermos
Uno de los expedientes administrativamente impecables es el de una mujer que se casó en España para regularizar su situación. Sin embargo, los investigadores revelan que no se comprobó en ningún momento las características de ese matrimonio y si había sido de conveniencia, como así fue. Culpan en concreto al cabo y a su superior, J.B., de haber actuado por omisión.
En otro caso, las gestiones de A.L. Fueron de «protección» y consistieron en acompañar a una prostituta a que denunciase a su compañero por malos tratos, con la intención de conseguir la separación, quedarse con la hija que tenían en común y lograr una plaza en un piso de acogida. Todo ello puede parecer lógico, tratándose de una agente del orden, sin embargo se da la circunstancia de que A.L. «había utilizado» a la chica para conseguir un testimonio que le valiera para actuar contra los clubs que no le eran afines.
Un caso más de los que salpicaría al subinspector es el de dos mujeres a las que se les prorrogó la estancia en España por motivos de enfermedad. En el expediente no había ni un solo justificante que sostuviese dolencia alguna.
Cada uno de estos expedientes aportados a la causa incluyen las conversaciones telefónicas entre los implicados, donde se deduce que actuaban de acuerdo, todos los trámites administrativos seguidos en cada caso y las veces que los consultaron en el ordenador los implicados, tanto los cuatro citados, que eran los más preocupados por las chicas, como otro funcionario de Extranjería y el responsable de Inmigración en la Subdelegación del Gobierno.
EN LA CÁRCEL
* El proxeneta y el terrorista. El dueño del Queens compartió celda al principio con un amigo que estaba preso, pero este se cansó de que todos los días hubiera registros para buscar teléfonos móviles en la celda y pidió el cambio. De todas formas, según declaró un funcionario, J.M.G.A. con quien más se relacionaba era con un preso de Eta del módulo 1, donde ambos están.
* Teléfonos y cenas. En la causa declaran como testigos al menos dos funcionarios. La jueza les pregunta por un supuesto trato de favor hacia algún detenido de la operación Carioca e incluso sobre supuestas cenas con reclusos y funcionarios, pero ambos lo niegan y dicen que les parece extraño.
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