LA TRAMA FALSEÓ LOS EXPEDIENTES DE EXTRANJERÍA DE 9 MUJERES
En algunos casos no fueron comprobados los tiempos de residencia
La Voz 11/6/2011
Un informe de la Guardia Civil revela que algunas de las personas que formaban parte de la trama de los burdeles falsearon o manipularon por lo menos los expedientes de extranjería de 9 mujeres. Les concedieron permisos o evitaron que fueran sancionadas o expulsadas por estar residiendo irregularmente en el territorio nacional.
Uno de los expedientes más voluminosos corresponde a una mujer que consiguió una autorización temporal por contar con un contrato de trabajo, encontrarse integrada en España y existir un arraigo de al menos tres años de residencia continuada en el país. Sin embargo este último extremo, según los investigadores, era totalmente falso. Un informe emitido por un subinspector de policía, imputado en la operación, decía que llevaba tres años de permanencia. El agente alegó que había comprobado este extremo y señaló que la mujer estaba en el país desde febrero de 2005; sin embargo, los investigadores no hallaron ningún documento que lo acreditase.
En este expediente la solicitud de residencia temporal la presentó el empleador en vez de la interesada, como así expresa la normativa. Asimismo se detectó que no fue presentada la documentación necesaria.
Los autores del informe concluyen que la autorización de residencia a esta mujer fue consecuencia de la influencia del guardia civil Armando Lorenzo sobre los funcionarios Eduardo Castro, de la brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y Alberto Linares Ferrer, de la Subdelegación del Gobierno (ambos imputados).
En este expediente detectaron que fue revocada la orden de expulsión que tenía vigente la afectada sin que ella misma la hubiera solicitado. Otras empleadas de clubes en las mismas condiciones que ésta no consiguieron las autorizaciones precisas para seguir en España.
El informe en cuestión revela que la resolución adoptada podría considerarse como un supuesto delito de prevaricación cometido, presuntamente, por Alberto Linares Ferrer, quien habría utilizado al anterior subdelegado del Gobierno para la firma de la correspondiente resolución, aún sabiendo que la solicitante no llevaba tres años de residencia en España, ni tal circunstancia fue acreditada.
Además, expresa que el funcionario de la brigada de Extranjería del CNP, Eduardo Castro, emitió un informe supuestamente falso para justificar la permanencia de la solicitante en España durante los tres años previos a la solicitud, requisito que resulta totalmente indispensable para justificar el arraigo.
Expulsión no cumplida
Otro de los casos de presuntas irregularidades es el correspondiente a una trabajadora del Eclipse de Ribadeo. Fue denunciada por situación irregular, sin embargo desde la brigada de Extranjería del CNP no le abrieron expediente sancionador como sí sucedió con otras mujeres denunciadas.
También fue descubierto el expediente de otra mujer a la que supuestamente el cabo Armando Lorenzo dio asesoramiento para regularizar su situación mediante una supuesta autorización de residencia por circunstancias extraordinarias. Para ello, supuestamente, se empadronó en la casa de otra mujer para tramitar la documentación a través de la Subdelegación del Gobierno. También habría hablado con algunos funcionarios encargados de gestionar la documentación administrativa.
En el aludido informe se hace referencia, a su vez, a otra mujer que presuntamente tendría como asesor al cabo quien le explicaría cmo conseguir las autorizaciones, incluso como organizar un contrato fictiticio para trabajar como camarera en un club de alterne. El guardia supuestamente utilizó sus influencias entre funcionarios que tendrían que ver con la tramitación de la documentación referente a las autorizaciones de trabajo y a la concesión de residencia.
Matrimonios irregulares
En otros expedientes, los investigadores detectaron que sendas mujeres protagonizaron un matrimonio de conveniencia para legalizar su situación en España, pero no aparece reflejado que alguien hubiese solicitados informes a la brigada de Extranjería del CNP.
En algunos casos no fueron comprobados los tiempos de residencia
La Voz 11/6/2011
Un informe de la Guardia Civil revela que algunas de las personas que formaban parte de la trama de los burdeles falsearon o manipularon por lo menos los expedientes de extranjería de 9 mujeres. Les concedieron permisos o evitaron que fueran sancionadas o expulsadas por estar residiendo irregularmente en el territorio nacional.
Uno de los expedientes más voluminosos corresponde a una mujer que consiguió una autorización temporal por contar con un contrato de trabajo, encontrarse integrada en España y existir un arraigo de al menos tres años de residencia continuada en el país. Sin embargo este último extremo, según los investigadores, era totalmente falso. Un informe emitido por un subinspector de policía, imputado en la operación, decía que llevaba tres años de permanencia. El agente alegó que había comprobado este extremo y señaló que la mujer estaba en el país desde febrero de 2005; sin embargo, los investigadores no hallaron ningún documento que lo acreditase.
En este expediente la solicitud de residencia temporal la presentó el empleador en vez de la interesada, como así expresa la normativa. Asimismo se detectó que no fue presentada la documentación necesaria.
Los autores del informe concluyen que la autorización de residencia a esta mujer fue consecuencia de la influencia del guardia civil Armando Lorenzo sobre los funcionarios Eduardo Castro, de la brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y Alberto Linares Ferrer, de la Subdelegación del Gobierno (ambos imputados).
En este expediente detectaron que fue revocada la orden de expulsión que tenía vigente la afectada sin que ella misma la hubiera solicitado. Otras empleadas de clubes en las mismas condiciones que ésta no consiguieron las autorizaciones precisas para seguir en España.
El informe en cuestión revela que la resolución adoptada podría considerarse como un supuesto delito de prevaricación cometido, presuntamente, por Alberto Linares Ferrer, quien habría utilizado al anterior subdelegado del Gobierno para la firma de la correspondiente resolución, aún sabiendo que la solicitante no llevaba tres años de residencia en España, ni tal circunstancia fue acreditada.
Además, expresa que el funcionario de la brigada de Extranjería del CNP, Eduardo Castro, emitió un informe supuestamente falso para justificar la permanencia de la solicitante en España durante los tres años previos a la solicitud, requisito que resulta totalmente indispensable para justificar el arraigo.
Expulsión no cumplida
Otro de los casos de presuntas irregularidades es el correspondiente a una trabajadora del Eclipse de Ribadeo. Fue denunciada por situación irregular, sin embargo desde la brigada de Extranjería del CNP no le abrieron expediente sancionador como sí sucedió con otras mujeres denunciadas.
También fue descubierto el expediente de otra mujer a la que supuestamente el cabo Armando Lorenzo dio asesoramiento para regularizar su situación mediante una supuesta autorización de residencia por circunstancias extraordinarias. Para ello, supuestamente, se empadronó en la casa de otra mujer para tramitar la documentación a través de la Subdelegación del Gobierno. También habría hablado con algunos funcionarios encargados de gestionar la documentación administrativa.
En el aludido informe se hace referencia, a su vez, a otra mujer que presuntamente tendría como asesor al cabo quien le explicaría cmo conseguir las autorizaciones, incluso como organizar un contrato fictiticio para trabajar como camarera en un club de alterne. El guardia supuestamente utilizó sus influencias entre funcionarios que tendrían que ver con la tramitación de la documentación referente a las autorizaciones de trabajo y a la concesión de residencia.
Matrimonios irregulares
En otros expedientes, los investigadores detectaron que sendas mujeres protagonizaron un matrimonio de conveniencia para legalizar su situación en España, pero no aparece reflejado que alguien hubiese solicitados informes a la brigada de Extranjería del CNP.
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