SIMULARON QUE UNA BRASILEÑA ILEGAL EN ESPAÑA SE ENCONTRABA EN SU PAÍS
La Voz 11/6/2011
Los investigadores descubrieron que en uno de los expedientes abiertos para la concesión de autorización de residencia y trabajo se apreciaba que la tramitación fue realizada simulando que la interesada se encontraba en Brasil, en vez de España. Fue obviado que la mujer estaba en calidad de turista.
Cuando fue presentado el recurso y a la fecha de resolución, la afectada se encontraba de manera irregular en España puesto que ya había superado el plazo de 90 días que le permitía su entrada en España como turista. Precisamente uno de los requisitos para la concesión de la autorización de residencia era no encontrarse de manera irregular en territorio nacional.
La observación de las conversaciones telefónicas hace sospechar a los investigadores que el funcionario Alberto Linares debía saber de la presencia de la mujer en territorio nacional. Al parecer, existen varias conversaciones entre él y el cabo Armando para, supuestamente, tratar el asunto. Los investigadores entienden que el funcionario debería haber comprobado si la afectada estaba o no en situación irregular en el momento de tramitarse el procedimiento.
Entienden los autores del informe que la resolución adoptada podría constituir un presunto delito de prevaricación por parte del aludido funcionario de extranjería que habría utilizado al ex subdelegado del Gobierno para que firmase la resolución.
Entre los expedientes analizados hallaron el de otra mujer que logró la concesión de autorización de residencia y trabajo por circunstancia excepcional, a pesar de tener en vigor la sanción de expulsión. La resolución en la que acordaron
La Voz 11/6/2011
Los investigadores descubrieron que en uno de los expedientes abiertos para la concesión de autorización de residencia y trabajo se apreciaba que la tramitación fue realizada simulando que la interesada se encontraba en Brasil, en vez de España. Fue obviado que la mujer estaba en calidad de turista.
Cuando fue presentado el recurso y a la fecha de resolución, la afectada se encontraba de manera irregular en España puesto que ya había superado el plazo de 90 días que le permitía su entrada en España como turista. Precisamente uno de los requisitos para la concesión de la autorización de residencia era no encontrarse de manera irregular en territorio nacional.
La observación de las conversaciones telefónicas hace sospechar a los investigadores que el funcionario Alberto Linares debía saber de la presencia de la mujer en territorio nacional. Al parecer, existen varias conversaciones entre él y el cabo Armando para, supuestamente, tratar el asunto. Los investigadores entienden que el funcionario debería haber comprobado si la afectada estaba o no en situación irregular en el momento de tramitarse el procedimiento.
Entienden los autores del informe que la resolución adoptada podría constituir un presunto delito de prevaricación por parte del aludido funcionario de extranjería que habría utilizado al ex subdelegado del Gobierno para que firmase la resolución.
Entre los expedientes analizados hallaron el de otra mujer que logró la concesión de autorización de residencia y trabajo por circunstancia excepcional, a pesar de tener en vigor la sanción de expulsión. La resolución en la que acordaron
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