Varias causas xudiciais abertas e centos de imputados e testigos chamados a declarar. Esa é a realidade desde hai anos na cidade de Lugo. En todas elas un denominador común: políticos e empresarios baixo sospeita de supostos delitos de corrupción. Na convicción de loitar contra o silencio, contra a omertá declarada ao respecto por algúns partidos, Esquerda Unida alza a voz para loitar contra esa lacra social que é a corrupción.

viernes, 7 de octubre de 2011

operación campeón

BLANCO PIDE LEVANTAR EL SECRETO DE SUMARIO PARA PODER QUERELLARSE
Antes de presentar la denuncia quiere comprobar que Dorribo lo acusa


pablo gonzález / la voz
7/10/2011

Aunque el ministro de Fomento se mostró ayer sonriente en su primera comparecencia pública tras las acusaciones que lo relacionan con el empresario imputado en la operación Campeón, su situación política y judicial es compleja. Por un lado, ya han dimitido dos de los tres políticos supuestamente acusados por Jorge Dorribo en la declaración judicial previa a su salida de la cárcel. Por otro, su situación legal es casi como estar en un limbo jurídico: no puede presentar una querella porque antes tiene que saber si efectivamente Jorge Dorribo Gude lo acusa de haber recibido pagos. Hasta ahora, tan solo hay páginas de periódico que relacionan al empresario con las acusaciones. Y este material no puede sustentar una acción por la vía penal.

Este es el contexto que explica que ayer el abogado de José Blanco -un letrado del ámbito privado y no del Estado- no presentara una querella en el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, sino un escrito en el que se pide a la jueza instructora, Estela San José, que levante «total o parcialmente» el secreto del sumario para tener acceso a la declaración judicial de Jorge Dorribo y conocer los términos exactos de las acusaciones. O incluso para comprobar si efectivamente salieron de su boca cuando declaró ante la jueza. Pues, en caso contrario, «lógicamente habría que redefinir la orientación de la iniciativa judicial», se asegura en el texto al que ha tenido acceso La Voz.

Esta apertura parcial del sumario, razonan en el escrito, no supondría «perjuicio alguno» en lo que respecta a esta declaración, pues su supuesto contenido ha sido «ampliamente divulgado en los medios». La pelota está ahora en el tejado de la instructora del caso, aunque el abogado que representa a Blanco considera que este conocimiento «resulta imprescindible para valorar la autoría del delito» y amparar el derecho a la tutela judicial efectiva. «[Blanco] debe tener el derecho a reaccionar, cosa que no puede hacer sin saber quién le está calumniando», concluye.

El letrado se remite a jurisprudencia del Tribunal Constitucional para concluir que la declaración de secreto de sumario no debe implicar en ningún caso la omisión «de los derechos fundamentales de los sujetos afectados», sino simplemente asegurar el éxito de la investigación judicial.

Para sustentar el eventual delito de calumnias, se aduce que Blanco nunca sugirió a Dorribo que contratara con Proitec o con Electricidad Espiñeira y Bran, «empresas con las que ni tiene ni ha tenido ninguna relación mercantil ni de ninguna naturaleza». Por tanto, aseguran, tampoco recibió dinero de estas empresas. De la misma forma, sostienen que el ministro «está completamente al margen» de los negocios que haya podido tener Dorribo con estas empresas».

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