LA JUEZA REQUIERE A INTERIOR PARA QUE ATIENDA A TESTIGOS DE LA CARIOCA
La petición también fue dirigida al delegado del Gobierno en Galicia
11 de enero de 2012
La magistrada Pilar de Lara Cifuentes envió oficios a Interior y al delegado del Gobierno en Galicia, para que adopten las medidas legales que sean necesarias para garantizar la cobertura legal, social y asistencial, a las testigos protegidas de la operación Carioca. Varias mujeres, que colaboraron activamente para desenmascarar a los integrantes de la trama de los burdeles, no solo se encuentran totalmente desatendidas por parte de la Administración sino que, teóricamente, tienen prohibido recibir cualquier ingreso para garantizar su subsistencia en España porque no les autorizan a trabajar. En cambio sí tienen permiso para poder residir.
La situación de las mujeres es tan grave que el abogado de la Asociación Aliad Ultreia, a la que recurrieron en búsqueda de ayuda algunas de las perjudicadas, dirigió un escrito al secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, para comunicarle la atípica situación. El letrado Gerardo Pardo de Vera Posada expresaba que a las víctimas ni tan siquiera les contestan los recursos que presentaron.
La jueza Pilar de Lara, informada de la situación, también decidió adoptar medidas. Inmediatamente después de tener constancia del escrito presentado por Pardo de Vera, remitió oficios a diversas autoridades, pidiéndoles la adopción de medidas.
Los oficios fueron dirigidos al secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, al delegado del Gobierno en Galicia, al alcalde de Lugo y también a la concejala de Servicios Sociales del ayuntamiento lucense. En los documentos, la magistrada hace referencia al escrito del letrado, denunciando la pasividad administrativa y reclama «la adopción de las medidas legalmente precisas para garantizar la cobertura legal, social y asistencial que establece la normativa vigente y el reciente protocolo marco de protección de las víctimas de trata de seres humanos».
El letrado citado presentó en agosto de 2011 ante la Subdelegación del Gobierno de Lugo un recurso contra las resoluciones por las cuales se concedía a varias mujeres testigos de la operación Carioca autorización para residir en el territorio español, pero no para trabajar. Pasaron cuatro meses y no hubo ningún tipo de contestación.
Pardo de Vera hizo referencia a la situación de abandono en la que se encontraban las mujeres afectadas. «No es de recibo que, a día de hoy, algunas de ellas, a causa de demoras administrativas injustificadas tengan que dejar pasar oportunidades de empleo y, por ende, de impregnar de una pizca de normalidad sus vidas por la mera negligencia de los poderes públicos» refirió el letrado.
La petición también fue dirigida al delegado del Gobierno en Galicia
11 de enero de 2012
La magistrada Pilar de Lara Cifuentes envió oficios a Interior y al delegado del Gobierno en Galicia, para que adopten las medidas legales que sean necesarias para garantizar la cobertura legal, social y asistencial, a las testigos protegidas de la operación Carioca. Varias mujeres, que colaboraron activamente para desenmascarar a los integrantes de la trama de los burdeles, no solo se encuentran totalmente desatendidas por parte de la Administración sino que, teóricamente, tienen prohibido recibir cualquier ingreso para garantizar su subsistencia en España porque no les autorizan a trabajar. En cambio sí tienen permiso para poder residir.
La situación de las mujeres es tan grave que el abogado de la Asociación Aliad Ultreia, a la que recurrieron en búsqueda de ayuda algunas de las perjudicadas, dirigió un escrito al secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, para comunicarle la atípica situación. El letrado Gerardo Pardo de Vera Posada expresaba que a las víctimas ni tan siquiera les contestan los recursos que presentaron.
La jueza Pilar de Lara, informada de la situación, también decidió adoptar medidas. Inmediatamente después de tener constancia del escrito presentado por Pardo de Vera, remitió oficios a diversas autoridades, pidiéndoles la adopción de medidas.
Los oficios fueron dirigidos al secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, al delegado del Gobierno en Galicia, al alcalde de Lugo y también a la concejala de Servicios Sociales del ayuntamiento lucense. En los documentos, la magistrada hace referencia al escrito del letrado, denunciando la pasividad administrativa y reclama «la adopción de las medidas legalmente precisas para garantizar la cobertura legal, social y asistencial que establece la normativa vigente y el reciente protocolo marco de protección de las víctimas de trata de seres humanos».
El letrado citado presentó en agosto de 2011 ante la Subdelegación del Gobierno de Lugo un recurso contra las resoluciones por las cuales se concedía a varias mujeres testigos de la operación Carioca autorización para residir en el territorio español, pero no para trabajar. Pasaron cuatro meses y no hubo ningún tipo de contestación.
Pardo de Vera hizo referencia a la situación de abandono en la que se encontraban las mujeres afectadas. «No es de recibo que, a día de hoy, algunas de ellas, a causa de demoras administrativas injustificadas tengan que dejar pasar oportunidades de empleo y, por ende, de impregnar de una pizca de normalidad sus vidas por la mera negligencia de los poderes públicos» refirió el letrado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario