LUGO ANTICORRUPCIÓN

LA JUEZA INVESTIGA A OTROS DIEZ CONCEJALES Y FUNCIONARIOS EN LUGO
Busca documentación clave que no apareció en los expedientes de papel

Xosé Carreira / la voz

3 de mayo de 2013

La jueza Pilar de Lara dio ayer una gran vuelta de tuerca al Concello de Lugo en el marco de la operación Pokémon. La falta de documentación en los expedientes de papel, que no apareció en los registros ya realizados en los últimos meses, motiva que su objetivo sea ahora el contenido de los discos duros de gran cantidad de ordenadores municipales que serán expurgados por expertos informáticos en busca de datos relativos a una decena de asuntos que están siendo investigados. En el auto que dio a los agentes de Vigilancia Aduanera que ayer registraron el ayuntamiento figuraba, además, el encargo de rastrear la comisión de posibles delitos por parte una decena de personas, entre ediles y funcionarios municipales de varios servicios que hasta ahora no fueron imputados.

Los investigadores buscaron documentación clave de asuntos cuya tramitación o resolución pudo haber sido presuntamente irregular. No solo se trata de supuestas adjudicaciones a amigos, sino también de recalificaciones urbanísticas presuntamente realizadas a la carta. Buena parte de los casos están relacionados con la actuación de Francisco Fernández Liñares, el exconcejal que durante muchos años fue el hombre fuerte del alcalde Orozco. Este exedil, que llegó a la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, estuvo encarcelado en el marco de esta operación.

Los investigadores rastrearon ordenadores en busca de pistas de la adjudicación del polémico servicio de grúa que está costando al erario público un fuerte desembolso, según expresó en su día la oposición. Pues bien, la jueza sospecha que pudo haber sido contratado a dedo a la empresa Cechalva. Uno de los socios fundadores le dijo a la instructora que daban un sobre mensual con 2.000 euros a Liñares en concepto de pago por el presunto favor. Los investigadores creen que el edil únicamente se quedaría con la mitad. De Cechalva están imputados todos los socios. Algunos dijeron que lo que contó uno de los fundadores fue por venganza.

La adjudicación de la la ORA es otro de los encargos que llevaron al Concello a los investigadores. Fue otorgado a la empresa Doal, del grupo Vendex, pero la Justicia anuló dicho trámite. Hay que retrotraer el proceso, pero mientras tanto sigue la empresa adjudicataria atendiendo el servicio. También en este apartado los investigadores se interesaron en hallar datos relativos a la empresa Sermasa. Su gerente en Santiago, Alberto Quintana, fue uno de los detenidos al arrancar la operación y acabó quedando en libertad después de prestar declaración.

La jueza también quiere más documentos de las adjudicaciones que el Concello hizo a la empresa Sanle. Uno de los responsables de la misma, Manuel Santiso, fue detenido en su momento y liberado tras prestar declaración. Este empresario también forma parte de la empresa Cechalva, la adjudicataria del servicio de grúa. Según algunas fuentes, Sanle fue durante muchos años la empresa de cabecera del Concello de Lugo.