La denuncia fue presentada en la comisaría de la Policía Nacional de A Coruña. Según explicó su abogada, Iliana de la Cal, prefirió hacerlo así porque el domicilio del ginecólogo está en dicha ciudad y "para evitar que la denuncia en Lugo pudiera quedar olvidada en un cajón".
Este ginecólogo fue detenido en diciembre por primera vez por la orden de la jueza Pilar de Lara, que lo envió a prisión incondicional. Sin embargo, la Audiencia lo puso en libertad veinte días después. El sábado 30 de enero la jueza volvió a ordenar su detención, por lo que los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil lo llamaron por teléfono para pedirle que se presentara en la comandancia de inmediato.
Según relata el ginecólogo en su denuncia, llegó allí a las 20.00 horas de ese sábado, cuando se le informó de que estaba detenido. Desde esa hora hasta las 14.00 del martes 2 de febrero estuvo en los calabozos.
La denuncia explica que tanto él como su abogada informaron a los agentes de su delicado estado de salud, pese a lo cual le mantuvieron tres noches en el calabozo sin explicarle de qué se le acusaba, dado el secreto sumarial. A punto de cumplirse las 72 horas que marcan el plazo máximo para una detención preventiva, fue llamado a declarar por la jueza. Fue allí cuando sufrió la crisis de ansiedad que lo llevó a Urgencias. Pero mientras estaba allí, la jueza prolongó su detención otras 72 horas.
El denunciante reconoce que el trato de los agentes fue atento, pero considera totalmente injustificado que agotasen las 72 horas, por lo que entiende que puede haber un delito de detención ilegal.
El acusado quedó posteriormente en libertad bajo fianza de 30.000 euros, fianza que su abogada ya ha recurrido al considerarla desproporcionada. Además, la letrada anunció que presentaría una queja ante el CGPJ por la actuación de la magistrada, y no descartó pedirle responsabilidades personales en cuanto se levante el secreto del sumario.
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