EL TSXG PLANTA A LOS FISCALES QUE SE QUEJARON CONTRA LAS JUEZAS
El alto tribunal se desentiende de una impugnación de 15 normas
la voz
21/10/2011
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia optó por no atender una queja planteada por los fiscales lucenses como consecuencia de las medidas adoptadas por las juezas de instrucción con relación al funcionamiento diario de sus oficinas judiciales. La sala de gobierno del alto tribunal les contestó a los representantes del ministerio público, que apoyaron por unanimidad el envío de la queja, que quien tiene competencias para adoptar alguna decisión, si fuera el caso, es la junta de jueces de Lugo.
En su momento, el alto tribunal recibió un escrito del fiscal provincial de Lugo impugnando las 15 normas impuestas por las juezas y las secretarias para agilizar y mejorar el funcionamiento de los juzgados y la calidad de los servicios prestados a la población. Las magistradas acordaron la imposición de las mismas después de que la fiscalía diese cuenta del mal funcionamiento de los juzgados de instrucción.
La sala del TSXG se dio por enterada de la impugnación y no entró a valorar ni las causas ni los modos aplicados por las juezas para aplicar el acuerdo. La decisión adoptada al respecto fue la de recordar a los fiscales que el único órgano competente para adoptar acuerdos sería la junta de jueces. Solo así serían los miembros de la sala de gobierno quienes podrían llevar a cabo un control de la legalidad por ser un órgano gubernativo superior.
De todos modos, quizás para navegar entre dos aguas, la sala hizo constar que, cualquier decisión adoptada al margen de la junta de jueces, carecería de validez.
Lo que en su momento decidieron los fiscales fue interpretado en medios allegados a los juzgados lucenses como una operación de gran calado. Tendría como finalidad que el alto tribunal gallego adoptase una decisión consistente no solo en reprobar a las juezas por sus quince normas sino de aplicarles alguna medida de tipo disciplinario. Algunas fuentes incluso indicaron que algún miembro de la fiscalía presuntamente esperaba que las juezas fueran inhabilitadas temporalmente por considerar de extrema gravedad la decisión que adoptaron a finales de agosto.
El alto tribunal se desentiende de una impugnación de 15 normas
la voz
21/10/2011
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia optó por no atender una queja planteada por los fiscales lucenses como consecuencia de las medidas adoptadas por las juezas de instrucción con relación al funcionamiento diario de sus oficinas judiciales. La sala de gobierno del alto tribunal les contestó a los representantes del ministerio público, que apoyaron por unanimidad el envío de la queja, que quien tiene competencias para adoptar alguna decisión, si fuera el caso, es la junta de jueces de Lugo.
En su momento, el alto tribunal recibió un escrito del fiscal provincial de Lugo impugnando las 15 normas impuestas por las juezas y las secretarias para agilizar y mejorar el funcionamiento de los juzgados y la calidad de los servicios prestados a la población. Las magistradas acordaron la imposición de las mismas después de que la fiscalía diese cuenta del mal funcionamiento de los juzgados de instrucción.
La sala del TSXG se dio por enterada de la impugnación y no entró a valorar ni las causas ni los modos aplicados por las juezas para aplicar el acuerdo. La decisión adoptada al respecto fue la de recordar a los fiscales que el único órgano competente para adoptar acuerdos sería la junta de jueces. Solo así serían los miembros de la sala de gobierno quienes podrían llevar a cabo un control de la legalidad por ser un órgano gubernativo superior.
De todos modos, quizás para navegar entre dos aguas, la sala hizo constar que, cualquier decisión adoptada al margen de la junta de jueces, carecería de validez.
Lo que en su momento decidieron los fiscales fue interpretado en medios allegados a los juzgados lucenses como una operación de gran calado. Tendría como finalidad que el alto tribunal gallego adoptase una decisión consistente no solo en reprobar a las juezas por sus quince normas sino de aplicarles alguna medida de tipo disciplinario. Algunas fuentes incluso indicaron que algún miembro de la fiscalía presuntamente esperaba que las juezas fueran inhabilitadas temporalmente por considerar de extrema gravedad la decisión que adoptaron a finales de agosto.
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