LA JUEZA VE INDICIOS DE DELITO EN LOS PLUSES DE OROZCO A TRES FUNCIONARIOS
Investiga qué criterios siguió para otorgar los «desproporcionados» complementos y si estos sirvieron para agilizar la aprobación del PXOM
laura lópez/ la voz
20/12/2011
La jueza Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, emitió un auto en el que explica que se observan indicios de delito en la concesión de los pluses de productividad que el alcalde de Lugo, José López Orozco, abonó a tres funcionarios en diciembre del año pasado. La jueza considera que «surgen sospechas justificadas acerca de un reparto contrario a la normativa legal y realizado arbitrariamente, en contra de los criterios legales».
El caso se remonta al 13 de diciembre del 2010, cuando Orozco dictó un decreto para repartir los pluses de productividad, una cantidad total de 264.297,58 euros entre casi 600 funcionarios, para premiar «su especial dedicación». Sin embargo, la Asociación por la Legalidad Urbanística de Lugo (Alpul) presentó una denuncia al considerar que esos pagos los hizo para acelerar el proceso del PXOM y que pudiese estar aprobado ese mismo mes. En este sentido, De Lara, instructora también del caso Carioca sobre la trama de los burdeles en Lugo, destaca en el auto «la disparidad de los complementos atribuidos» a tres funcionarios en comparación con lo que recibieron el año anterior. Además, «más clamorosa resulta la diferencia» entre estos tres pluses y los otorgados al resto de los funcionarios, «incluso de su misma categoría o grupo». Los tres empleados en cuestión son los responsables de arquitectura, urbanismo y el entonces secretario municipal (ahora jubilado), que recibieron 4.000, 5.000 y 9.000 euros, respectivamente. «Existe base para pensar que los complementos otorgados a estos concretos funcionarios son desmedidos y desproporcionados y que además puede existir una relación entre su otorgamiento y el Plan General de Ordenación Urbana, lo que en el caso del secretario municipal, sería ciertamente preocupante», afirma la jueza.
Investigan prevaricación
De Lara dice que solo con esos datos «existen elementos suficientes como para poner en tela de juicio los motivos de tal disparidad, los cuales habrán de estar debidamente justificados, ya que en otro caso habrá pie para entender que estamos ante la resolución arbitraria que determina la comisión del delito de prevaricación».
De hecho, afirma que, contrariamente a lo que interpretó la defensa de Orozco y la Fiscalía, «en estos momentos existen vislumbres de la posible comisión de un delito de prevaricación previsto y penado en el Código Penal». En el auto, la jueza también explica que la pena para la autoridad o funcionario público que dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de su injusticia es la «inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años».
La jueza recuerda también en el auto que ya fueron citados a declarar los tres funcionarios y el alcalde, aunque este se amparó en su derecho a no hacerlo. En su lugar, su abogado presentó por escrito las explicaciones que vio oportunas y pidió archivar el caso, algo que rechaza la instructora, incluso pese a que el fiscal solicitó sobreseer la causa. De Lara deja claro en su auto que seguirá la investigación y por ello solicita más informes al Concello. La jueza reconoce que Orozco actuó acogiéndose a las competencias que le da la ley, pero quiere ver si al hacerlo repartió el plus «siguiendo criterios legales o se excedió de sus facultades».
Investiga qué criterios siguió para otorgar los «desproporcionados» complementos y si estos sirvieron para agilizar la aprobación del PXOM
laura lópez/ la voz
20/12/2011
La jueza Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, emitió un auto en el que explica que se observan indicios de delito en la concesión de los pluses de productividad que el alcalde de Lugo, José López Orozco, abonó a tres funcionarios en diciembre del año pasado. La jueza considera que «surgen sospechas justificadas acerca de un reparto contrario a la normativa legal y realizado arbitrariamente, en contra de los criterios legales».
El caso se remonta al 13 de diciembre del 2010, cuando Orozco dictó un decreto para repartir los pluses de productividad, una cantidad total de 264.297,58 euros entre casi 600 funcionarios, para premiar «su especial dedicación». Sin embargo, la Asociación por la Legalidad Urbanística de Lugo (Alpul) presentó una denuncia al considerar que esos pagos los hizo para acelerar el proceso del PXOM y que pudiese estar aprobado ese mismo mes. En este sentido, De Lara, instructora también del caso Carioca sobre la trama de los burdeles en Lugo, destaca en el auto «la disparidad de los complementos atribuidos» a tres funcionarios en comparación con lo que recibieron el año anterior. Además, «más clamorosa resulta la diferencia» entre estos tres pluses y los otorgados al resto de los funcionarios, «incluso de su misma categoría o grupo». Los tres empleados en cuestión son los responsables de arquitectura, urbanismo y el entonces secretario municipal (ahora jubilado), que recibieron 4.000, 5.000 y 9.000 euros, respectivamente. «Existe base para pensar que los complementos otorgados a estos concretos funcionarios son desmedidos y desproporcionados y que además puede existir una relación entre su otorgamiento y el Plan General de Ordenación Urbana, lo que en el caso del secretario municipal, sería ciertamente preocupante», afirma la jueza.
Investigan prevaricación
De Lara dice que solo con esos datos «existen elementos suficientes como para poner en tela de juicio los motivos de tal disparidad, los cuales habrán de estar debidamente justificados, ya que en otro caso habrá pie para entender que estamos ante la resolución arbitraria que determina la comisión del delito de prevaricación».
De hecho, afirma que, contrariamente a lo que interpretó la defensa de Orozco y la Fiscalía, «en estos momentos existen vislumbres de la posible comisión de un delito de prevaricación previsto y penado en el Código Penal». En el auto, la jueza también explica que la pena para la autoridad o funcionario público que dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de su injusticia es la «inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años».
La jueza recuerda también en el auto que ya fueron citados a declarar los tres funcionarios y el alcalde, aunque este se amparó en su derecho a no hacerlo. En su lugar, su abogado presentó por escrito las explicaciones que vio oportunas y pidió archivar el caso, algo que rechaza la instructora, incluso pese a que el fiscal solicitó sobreseer la causa. De Lara deja claro en su auto que seguirá la investigación y por ello solicita más informes al Concello. La jueza reconoce que Orozco actuó acogiéndose a las competencias que le da la ley, pero quiere ver si al hacerlo repartió el plus «siguiendo criterios legales o se excedió de sus facultades».
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