Varias causas xudiciais abertas e centos de imputados e testigos chamados a declarar. Esa é a realidade desde hai anos na cidade de Lugo. En todas elas un denominador común: políticos e empresarios baixo sospeita de supostos delitos de corrupción. Na convicción de loitar contra o silencio, contra a omertá declarada ao respecto por algúns partidos, Esquerda Unida alza a voz para loitar contra esa lacra social que é a corrupción.

viernes, 22 de febrero de 2013

LA INVESTIGACIÓN BUSCA EN SANTIAGO LOS SOBORNOS QUE EN SU DÍA CONSTATÓ EN LUGO
22/02/2013 - J. M. Freire + M. Olarte
El Progreso

Los sobres eran de 3.000 euros y llegaban cada mes a A Coruña, para ser repartidos después en Lugo. De ello hay pruebas, como el seguimiento que se le hizo a ese dinero, envuelto en páginas del diario Marca y remitido a través de una empresa de mensajería. Había ‘mordida', está demostrado, ahora hay que descubrir quién o quiénes eran y en qué medida los receptores, tanto de la empresa en Galicia como en el Concello de Lugo.

En Santiago, sin embargo, no hay constancia de estos cobros. Por el momento solo hay indicios, todos ellos procedentes de las conversaciones telefónicas intervenidas y, por lo tanto, más difíciles de probar en un juicio. El cohecho, dada la gravedad del delito, precisa que haya pruebas irrefutables de entregas de dinero. El tráfico de influencias es bastante más claro. De hecho, podría ser suficiente con las transcripciones de las llamadas, donde la connivencia es palmaria e incluso los delegados de las empresas se refieren a los políticos como «unos caraduras».

En la capital gallega se habla de una supuesta comisión del 4 por ciento. Uno de los implicados gallegos asumen este porcentaje, propuesto por otro de los acusados de la trama de Cataluña, donde sí parece que esa es la cantidad estándar para los sobornos. También se habla de que «Aldrey se llevó la mejor parte», o de los regalos que llegaban a algún cargo público, pero los investigadores no consiguieron por el momento documentar las entregas como en el caso de Lugo.

SIGUE EL SECRETO

Mientras, la titular del juzgado de instrucción de Lugo, Pilar de Lara, prorrogó un mes más el secreto de las actuaciones en el marco de la operación Pokemon debido a la necesidad de practicar diligencias de investigación «que de ser conocidas por los imputados podrían entorpecer la investigación».

Así lo explicó, en declaraciones a Europa Press, el abogado Gregorio Arroyo, que ejerce la defensa del alcalde de Lugo, José López Orozco, imputado en la causa, de quien ha reiterado que, tras su declaración, «quedó claro que no ha hecho nada de lo que se derive reproche penal».

Sobre la prórroga del secreto de sumario, Arroyo comentó que había recibido un auto de la jueza instructora en el que justifica el mes más en la «complejidad» del proceso, así como en la necesidad de practicar nuevas diligencias de investigación.

El abogado considera que «no se puede seguir con esto» porque conforme avanza el tiempo se «genera indefensión», por lo que reclama que, al menos, «se levante parcialmente» el secreto de las actuaciones.

La jueza no quiere por ahora personamientos

Los abogados del Concello de Santiago están intentando personarse en la causa para conocer los pormenores del caso. Incluso algunos medios daban ayer por hecho el personamiento. La realidad es otra. Los letrados únicamente presentaron la solicitud, la cual casi con total seguridad será rechazada como ocurrió en su día con la que presentó el Ayuntamiento de Lugo.

Incongruencia

La jueza posiblemente no aceptará ahora este personamiento, lo que no descarta que lo haga en un futuro. Sería incongruente que en una causa bajo secreto, e inmersa en plena investigación, se aceptara la presencia de una parte implicada, que además cuenta con personas imputadas en la misma.

Decenas de cajas con documentos y reunión con las altas esferas de Aduanas

Las cajas con documentos que los agentes de Aduanas están interviniendo en diversos municipios de Galicia -siguiendo el hilo de las presuntas irregularidades descubiertas en las prestaciones de servicios de Vendex y Aquagest- están comenzando a llegar al juzgado de instrucción que lleva la causa en Lugo. Ayer mismo, varios funcionarios de este departamento fueron vistos entrando con cajas de documentos en las instalaciones de los juzgados lucenses.

A este mismo lugar también acudieron ayer, según parece, varios de los máximos responsables del Servicio de Vigilancia Aduanera en Galicia, encabezados por su jefe. El objeto de la visita parece ser la coordinación con la jueza Pilar de Lara para los próximos pasos que se han de dar en esta investigación y el análisis de la ingente cantidad de documentación que se está recabando, que suma miles y miles de folios ya que incluye los procesos de adjudicación de decenas de servicios públicos.

CONSECUENCIAS POLÍTICAS

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO, presidente de la Xunta: «Queda claro que el PP no está detrás del caso Pokemon, sino delante dando explicaciones»

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que, tras las últimas actuaciones de su partido y de la Justicia, supone que «queda claro que el PP no está detrás (de la operación Pokemon), sino delante dando explicaciones, tomando decisiones y garantizando la gobernabilidad».

Feijóo aludió de este modo a la situación del Ayuntamiento de Santiago tras las últimas detenciones, que han conducido a la baja y expulsión de algunos integrantes de su partido. «Vamos a colaborar a fondo con la Justicia para investigar lo que haya que investigar y a gobernar. A los ciudadanos hay que darles la garantía de que vamos a seguir tomando decisiones, a dar explicaciones y a comprometernos con la gobernabilidad de Santiago y de cualquier otro lugar en el que ocurran cosas similares», dijo.

Por este motivo, garantiza que la Xunta apoyará «sin límite» cualquier investigación judicial y advirtió de que «cualquier persona que tenga o pueda tener intereses en lucrarse o beneficiarse desde un puesto público será expulsada del PP y de la corporación municipal».

Preguntado por la posibilidad de incorporar concejales no electos a la corporación de Santiago, prevista en la ley de grandes ciudades, dijo que es una «competencia indelegable» del alcalde, un cargo que él no desempeña. Además, ha dicho que «hay otros municipios con dificultades» y en ninguno se ha planteado.

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