LUGO ANTICORRUPCIÓN

LA JUEZA RECHAZA LA IMPUTACIÓN DE CACHARRO QUE PEDÍA LA FISCALÍA
El acusador público de la operación Muralla estudia interponer recurso

Xosé Carreira / la voz 

06 de marzo de 2013

La jueza lucense Ángela Galván ha desoído al fiscal jefe Javier Rey Ozores al no aceptar imputar en la operación Muralla, casi siete años después de iniciarse la misma, al expresidente de la Diputación Provincial de Lugo Francisco Cacharro Pardo. La decisión ha sido acogida desfavorablemente en la Fiscalía, entre otras razones, porque se enteró de lo sucedido a través de los medios de comunicación, que fueron informados a primera hora de la mañana de ayer por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El fiscal estudia ahora interponer un recurso contra la decisión de la jueza por entender que la declaración de Cacharro era imprescindible porque fue durante su mandato cuando se produjeron adjudicaciones presuntamente irregulares y que fueron objeto de investigación en el marco de la operación Muralla que inició el que fuera fiscal jefe de Lugo Jesús Izaguirre, actualmente al frente de la Fiscalía de Vitoria. Por su parte, Francisco Cacharro dijo ayer que no haría ningún pronunciamiento con respecto a la decisión judicial, entre otras razones, porque desconocía el alcance de la misma.

Todo apunta a que el fiscal jefe planteaba la imputación de Francisco Cacharro para que explicase algunos pormenores de las adjudicaciones de la redacción de proyectos de obra al estudio de Senén Prieto Ingeniería, que, según el último informe elaborado por un grupo especializado de la policía, estaba integrado presuntamente por funcionarios del Servicio de Vías y Obras de la Diputación Provincial. Los primeros datos de la investigación del fiscal Izaguirre reflejaban que Cacharro, como responsable de la institución provincial, había dado el visto bueno a que el personal del Servicio de Vías y Obras de la Diputación no se encargase de la redacción de los proyectos y que estos fueran desviados a la empresa particular. Esta decisión se justificaba en el hecho de que los funcionarios del departamento estaban muy saturados de trabajo.

El fiscal que promovió la investigación, además de hallar relaciones entre Senén Prieto Ingeniería y algunos de los altos funcionarios de Vías y Obras que figuran imputados, también encontró documentos que reflejaban que trabajadores del departamento se ofrecieron para realizar ellos los proyectos de obra, sin embargo no les permitieron tal posibilidad. Finalmente era el estudio en cuestión el que hacía prácticamente el 90 % de los proyectos.

La abundante documentación incautada en su momento, que llegó a ser tirada en un bajo de los juzgados de Lugo que acabó inundándose durante una tormenta, recogía que por lo menos dos de los diez imputados lograron más de mil contratos de la Diputación Provincial de Lugo. Estas adjudicaciones superarían los dos millones de euros en el plazo comprendido entre el año 1993 y el 2004. Ahora la investigación, siete años después, va a paso de tortuga.