LUGO ANTICORRUPCIÓN

LA JUEZA DE LA POKÉMON INVESTIGA SI LA EMPRESA DE LA GRÚA DE LUGO OPERÓ CUATRO AÑOS SIN LICENCIA

La instructora indaga si la firma consiguió la adjudicación mediante presuntos sobornos

Xosé Carreira / La Voz

19 de abril de 2013

La empresa Cechalva, adjudicataria del servicio de grúa en el Concello de Lugo, centra ahora la operación Pokémon. La jueza Pilar de Lara Cifuentes, además de tratar de confirmar si la firma, cuyos principales responsables se encuentran imputados, consiguió la adjudicación mediante presuntos sobornos, indaga si funcionó durante cuatro años sin ningún tipo de licencia. Así parece desprenderse de la documentación que en su día fue intervenida por los investigadores en la sede lucense de la empresa.

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) que trabajan para la jueza pasaron buena parte del miércoles en dependencias del Concello de Lugo para recabar documentación relativa a las autorizaciones o licencias expedidas desde la institución lucense. Asimismo ayer fue requerida la funcionaria responsable de la materia, según apuntaron diversas fuentes.

Cechalva está ahora mismo en el ojo del huracán. De hecho, figura como imputada como persona jurídica en la operación. El miércoles fue llamado a declarar uno de sus representantes legales. Alguno de sus creadores explicó detalladamente a la jueza cómo habían tenido que dar dinero en B para lograr la adjudicación del servicio. Precisamente ese contrato motivó que la firma trasladase su sede desde Asturias a Lugo.

Ayer, algunas personas señalaron que lo que los investigadores buscaron en el Concello fue la licencia denominada de instalación, necesaria para que Cechalva pudiera empezar a trabajar en Lugo. Al parecer, la firma no podría tener licencia de apertura si previamente no disponía de la de instalación.

Deficiencias

Pues bien, todo apunta a que la empresa empezó a funcionar entre el 2005 y el 2006. Sus responsables solicitaron la licencia de instalación. Sin embargo, Industria detectó unas deficiencias que debían corregir en un plazo de tres meses.

Las pesquisas judiciales pasan por saber si entre el 2006 y el 2010 Cechalva funcionó con consentimiento municipal sin licencia. Fue en el 2010 cuando le fue concedida la licencia de apertura, pero sin haber tenido la de instalación, según se desprendería de la documentación que fue retirada de la empresa.

En su momento, el fundador de Cechalva, que se encuentra imputado junto con el resto de los socios, llegó supuestamente a indicarle a la jueza que la empresa pagaba como peaje por la concesión del servicio de grúa 2.000 euros mensuales al exedil Fernández Liñares.