LUGO ANTICORRUPCIÓN

«ELABORACIÓN MASIVA DE FACTURAS FALSAS»
La firma de la grúa realizaba esta práctica «de forma manifiestamente grosera», según la jueza

Xosé Carreira / La Voz  

15 de mayo de 2013

La empresa de la grúa municipal tenía montado un particular sistema de funcionamiento que llamó la atención a la jueza. Supuestamente, presentó documentos falsos, intervino en la «elaboración masiva de facturas falsas», contabilizó falsas cuotas de IVA soportando pagos no realizados e hizo lo mismo con partidas de gastos de explotación mediante la incorporación de facturas falsas, según recoge la jueza en el auto. Eso sí, tenía «fidelidad en los pagos» por haber conseguido la adjudicación.

Pilar de Lara considera que Cechalva «se vería favorecida por la escasa retirada de vehículos de la vía pública en detrimento de las arcas públicas, puesto que al obtener escasos ingresos recibiría un mayor pago por parte del Concello y, por otra parte, la bajada del coste real que supondría una escasa actividad de las grúas municipales permite desviar mayores cantidades a la caja B de la empresa al ser necesario emitir facturas falsas que justifiquen el coste fijo mensual para el cobro del canon por parte del Ayuntamiento».

Añade el auto que «de hecho, se trata de un sistema deficitario que el Ayuntamiento ha continuado consintiendo, en parte gracias a las gestiones practicadas por Fernández Liñares, en un momento, por cierto, en el que ya no formaba parte de la corporación municipal».

La situación ocasionó «un grave perjuicio» especialmente al Ayuntamiento de Lugo, «y por extensión al interés público». Añade De Lara que «de forma manifiestamente grosera los socios de Cechalva han podido elaborar facturas falsas con la única finalidad de defraudar al bien público para, de esta manera, de acuerdo con el sistema de retribución pactado, conseguir mayores cantidades del erario público que el que de otra forma les correspondería».

Es tajante la jueza a la hora de afirmar lo siguiente: «Puede afirmarse sin tapujos, una vez examinadas las cuentas municipales sobre el servicio público de la grúa, que esta es un servicio público altamente deficitario para el Ayuntamiento que, por cierto, ha adoptado una postura altamente pasiva sobre este particular. No deja de ser un contrasentido el que se llame acreedor al Ayuntamiento cuando de las cuentas y facturas emitidas por este órgano resulta que sea más bien deudor, puesto que todos los meses ha estado pagando cantidades que rondan los 40.000 euros [...] dentro del sistema de compensación pactado para retribuir sus servicios».

Las investigaciones revelaron, según relata la jueza en el auto, que los socios de Cechalva «han estado participando en el reparto mensual de sumas de dinero procedentes de una creada caja B, por distintos importes que no declaraban fiscalmente; ello al margen de la suma de 2.000 euros con los que se retribuía supuestamente a José Clemente López Orozco y a Fernández Liñares, a pesar de que en el 2008 este sale del Concello para presidir la Confederación Hidrográfica del Miño, lo que demuestra la fidelidad en los pagos y la justificación (Liñares les benefició en la adjudicación) y además habría estado solventando ciertos problemas surgidos del funcionamiento de la empresa concesionaria de la grúa». Insiste la jueza que todo esto se producía cuando Liñares no formaba parte de la corporación municipal, «lo que evidenciaría el poder y peso que todavía ostentaba dentro de la corporación municipal».

Recuerda la responsable de la instrucción que Javier Reguera, el que presuntamente hacía los pagos y al que los empleados identifican como «el jefe», tiene un rico patrimonio inmobiliario no justificable con los salarios que declaró. En cuanto a Liñares también destaca su patrimonio y dice que algunos de sus bienes están a nombre de terceros «para ocultar su participación».