SUSPENDIDA LA DECLARACIÓN DE BESTEIRO POR NUEVAS REVELACIONES
El constructor de las polémicas torres de O Garañón señala a su propio abogado como la persona que se reunió con el líder de los socialistas gallegos para negociar la urbanización

Silvia R. Pontevedra / 30 JUL 2015

José Ramón Gómez Besteiro no tendrá que acudir a declarar ante la juez Pilar De Lara mañana por la mañana, tal y como estaba previsto. Tampoco deberá asistir Xosé Clemente López Orozco, exalcalde socialista de Lugo, según les ha sido notificado esta mañana a sus defensas. Existen varias razones, pero la principal es la reciente declaración de Ricardo Iglesias, promotor de la urbanización de O Garañón que está siendo investigada por la magistrada titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo.

Según fuentes vinculadas con el caso, este señaló esta semana ante la juez a su propio abogado, Javier Calvo, presente en el acto, como la persona que intervino en las negociaciones para construir las polémicas torres junto al pulmón verde de la ciudad, el parque de Rosalía de Castro. En la versión que dio Iglesias, Calvo se reunía con Besteiro, entonces concejal de Urbanismo, después presidente de la Diputación de Lugo y hoy líder de los socialistas gallegos que temporalmente ha renunciado a sus aspiraciones en el Senado a causa de la imputación.

Además, la juez ha decidido suspender las declaraciones al límite porque los agentes de Aduanas que investigan la trama no han recibido todavía la información relativa a los imputados en el caso Garañón que han solicitado a la Agencia Tributaria y a varias entidades bancarias. Toda esa documentación es clave para llevar a cabo los interrogatorios de Besteiro y Orozco, lo mismo que escuchar antes la versión de los hechos que pueda ofrecer el letrado Javier Calvo, ahora también imputado (por tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio) y citado para prestar declaración el 17 de septiembre.

La juez quiere saber si es cierto que el abogado que ejerce la defensa del constructor se reunía con Besteiro o si había otros protagonistas en aquellas citas previas a la aprobación del plan urbanístico favorable a los intereses de la promotora por parte del Ayuntamiento de Lugo. Además, reclama a Ricardo Iglesias el listado de todos los propietarios de los pisos de las promociones investigadas por si quieren emprender acciones legales y solicitar la declaración de perjudicados.

Por otra parte, el jefe de Urbanismo, José María González, ha negado haber intervenido en la elaboración del convenio urbanístico. Cuando la magistrada le preguntó si como jurista y responsable del departamento no debería haber participado, y quién lo hizo en su lugar, González respondió que no sabía. Que a él le dieron el borrador del convenio ya elaborado y que se limitó a hacer el informe. Después añadió que suponía que habían sido "los políticos". En todo caso, puntualizó que el convenio era legal, que no tenía irregularidades y que por eso no introdujo ninguna modificación.

De Lara imputa los delitos de prevaricación, cohecho, contra la ordenación del territorio y negociaciones prohibidas al secretario general de los socialistas gallegos. A Orozco, imputado también por la juez en la Pokémon, le atribuye los mismos excepto el de cohecho. Según la investigación, Gómez Besteiro compró supuestamente mediante un contrato privado el 30 de diciembre de 2004 un piso, un acuerdo que luego fue elevado a público el 31 de mayo siguiente. Según el juzgado, en diciembre consta que el político pagó 36.000 euros en metálico como señal, una cantidad que los investigadores no saben de dónde sale y que vulneraría la normativa sobre blanqueo. El resto, hasta 138.232,78 euros, se pagó supuestamente en cheque, pero el juzgado tampoco conoce la procedencia. Este era el precio de tasación hipotecaria ocho años antes de realizarse la operación: según un informe pericial, el valor en el momento de la compraventa debía ser de 170.000 euros.

El anterior propietario del inmueble, Alfonso Quiroga, dueño de Construcciones y Promociones JA Díaz, SL, había vendido el 19 de mayo de 2004 los terrenos donde se edificó (a pesar de los informes en contra) la urbanización de O Garañón al empresario que declaró esta semana, Ricardo Iglesias. El 31 de diciembre de 2005, fin de año y sábado, Orozco convocó por sorpresa una junta de gobierno en la que se aprobó definitivamente el convenio entre el consistorio y Ricardo Iglesias para la urbanización. Por si fuera poco, un día después entraba en vigor la ley 15/2004 de reforma de la LOUGA (Ley de Ordenación Urbanística de Galicia).

Una factura emitida con cinco años de retraso

La investigación también recoge que Gómez Besteiro se otorgó supuestamente después licencia de obra menor para hacer reformas en su piso aunque bajo el nombre del anterior dueño. El precio de reforma, según la solicitud de licencia, fue de 9.000 euros, pero el real, según el juzgado, fue de 52.000. Las tasas, con esta maniobra muy inferiores, también se pagaron en nombre del anterior propietario, pero él, según declaró, no recuerda haber solicitado obras de acondicionamiento. Estos trabajos los llevó a cabo una empresa que aparecía ya citada en las declaraciones de la trama Carioca, Construcciones Pedrouzo, pero no se realizó factura hasta cinco años después, en octubre 2010, a nombre de la esposa de Besteiro, cuando el propietario de la empresa ya era investigado por la juez De Lara. Cuando era edil de Urbanismo, Besteiro "habría estado defraudando al propio Ayuntamiento del que formaba parte", dijeron hace unas semanas fuentes relacionadas con la investigación a este diario. La magistrada va más allá y sospecha que las obras por 52.000 euros fueron en realidad un "regalo" al político. La esposa de Besteiro, citada para declarar la semana pasada, se negó a dar su testimonio acerca de la factura que aparece con su nombre y sobre las circunstancias de la adquisición de su piso, acogiéndose a su derecho de no declarar para no perjudicar a un familiar directo.

No obstante, la factura aparece pagada con cargo a una cuenta de Besteiro en la misma fecha de 2010. "En el mejor de los casos", indica la magistrada en el auto, "de ser ciertos los pagos efectuados, cuestión que habrá de investigarse, se podría hablar de un trato de favor por parte de Construcciones Pedrouzo al señor Gómez Besteiro, toda vez que no es habitual que una empresa espere cinco años en cobrar unas obras". Podría tratarse de un "documento ficticio", añade, al "estar en marcha la investigación", pero lo más "llamativo" es que "el abono no conste como es obligatorio en la contabilidad" de la empresa. En la licencia de obra solicitada al Ayuntamiento figura como peticionario el anterior dueño de la casa y al mismo tiempo expropietario de los terrenos de O Garañón. Y el documento que da permiso para la reforma está firmado por el que era concejal de Urbanismo en ese momento, Besteiro, que según el contrato de compraventa ya era titular de la vivienda.

BESTEIRO CARGA CONTRA EL APLAZAMIENTO DE SU DECLARACIÓN POR PARTE DE LA JUEZ
Cree que es "injustificable" y que le causa un nuevo "perjuicio" porque prolonga durante más tiempo su imputación

El País / Santiago 30 JUL 2015

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha calificado de "injustificable" que el juzgado suspenda su declaración como imputado en el caso de las torres de O Garañón, que estaba prevista para este viernes, alegando "no disponer de datos patrimoniales y bancarios", ya que él mismo "iba a aportar esta documentación en la declaración".

En un comunicado de prensa, Besteiro ha indicado que en esta documentación "se justifica la procedencia de hasta el último euro de las cantidades abonadas tanto por la compra del piso, como por la obra de reforma realizada".

El dirigente socialista se refiere al piso que compró junto a su esposa al socio de una empresa que vendió el solar donde se iban a levantar las torres. La jueza Pilar de Lara investiga si hay relación entre los permisos definitivos que se dieron para urbanizar O Garañón y este inmueble e indaga si el político se pudo ver favorecido en el precio y en la reforma posterior del inmueble.

El líder de los socialistas gallegos ha criticado la nueva citación como imputado del abogado Javier Calvo, letrado que representa al promotor de O Garañón, que declaró el pasado martes antes la jueza. Este abogado está citado para el 16 de septiembre, por lo que en opinión de Besteiro, "no se llega a comprender la necesidad de practicar dicha declaración de forma previa a las ya señaladas".

Además, Besteiro ha acusado al Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, dirigido por Pilar de Lara, de no saber "cómo es el proceso de redacción y aprobación de un convenio urbanístico".

El también expresidente de la Diputación de Lugo ha señalado que "el atraso 'sine die'" de su declaración "supone un nuevo perjuicio y prolongar más una situación que esperaba que quedase resuelta y aclarada" este viernes.

"Ante la absoluta certeza de mi inocencia, estaba deseando comparecer para dar explicaciones y aportar dicha documentación que elimina cualquier sospecha o indicio de delito alguno cometido por mí", ha afirmado Besteiro.

BESTEIRO SE DEFIENDE DE QUIENES DENUNCIARON QUE NO PAGÓ LA REFORMA DE SU CASA
Los autónomos subcontratados declararon que habían cobrado de la promotora los trabajos realizados en el piso

La Voz
22 de mayo de 2014

Entre los papeles desclasificados de la operación Pokémon aparecen citados algunos trámites que realizó desde Lugo la jueza Pilar De Lara en relación con un piso del presidente de los socialistas de Galicia y presidente de la Diputación Provincial de Lugo, Xosé Ramón Gómez Besteiro.

Esas investigaciones nunca llegaron a formar parte de la operación Pokemon, sino de la operación Galeón, que tiene relación con unas urbanizaciones en la zona del parque Rosalía de Castro de Lugo.

Pero además, la jueza De Lara convirtió esa investigación en una causa separada en el mes de diciembre pasado, tal como publicó entonces La Voz de Galicia. La magistrada puso en marcha la investigación tras escuchar la declaración de un policía local que dijo haber escuchado que Besteiro supuestamente no habría pagado las reformas del piso de segunda mano que compró para vivienda familiar en una avenida de la ciudad de Lugo en el año 2005. Dicha reforma se la realizó la empresa Construcciones Pedrouzo, que supuestamente no habría cobrado la obra, lo cual podría suponer un trato de favor hacia Besteiro.

Al enterarse el presidente de los socialistas gallegos de la existencia de una investigación judicial por ese motivo acudió por voluntad propia a entregar la documentación a la jueza al día siguiente -17 de diciembre pasado- para mostrar su voluntad de colaboración. Aportó los datos de la compra y las facturas de la reforma.

Declaran varios testigos

En relación a este asunto fueron citados a declarar el pintor que trabajó en la obra, y otros autónomos que fueron contratados para la reforma por la empresa Construcciones Pedrouzo. Inicialmente el juzgado investigó si la constructora no le había cobrado la reforma del piso a Besteiro, y a su vez habría dejado sin pagar a algunos de los autónomos subcontratados en la obra de reforma, que superó en total los 50.000 euros de inversión. Era un piso de cierta antigüedad al que le cambiaron la distribución e incluso el suelo, las ventanas y la calefacción.

Todos cobraron

Durante el proceso y tras varias declaraciones, los autónomos declararon que habían cobrado el trabajo por parte de Construcciones Pedrouzo, y que suponían que la constructora a su vez también le había cobrado a Besteiro, aunque inicialmente pensaban que tenía intención de no hacerlo, porque así lo había manifestado el gerente de la empresa constructora.

El presidente de la Diputación lucense aportó en aquellos días del pasado mes de diciembre documentación sobre la compra, los trabajos de reforma y también las diversas facturas. También le aclaró al juzgado que ese es el único piso que tiene, con una plaza de garaje, del que es copropietario al 50 % junto con su esposa, tal como recoge además la página web de la Diputación de Lugo.

DE LARA ABRE UNA PIEZA SEPARADA SOBRE LA REFORMA DEL PISO DE BESTEIRO
El fiscal avala investigar a la portavoz del PP por inflar facturas y tráfico de influencias

El País Santiago 21 MAY 2014

La juez Pilar de Lara abrió el pasado diciembre una pieza separada para investigar si el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, abonó las facturas por una reforma en su vivienda a una empresa constructora. El auto está incluido en el sumario del caso Pokémon pero no guarda relación directa con esta trama sino que parte de la declaración de un policía local de Lugo, quien en marzo de 2011 aseguró que Besteiro "no pago nada" por las obras en su casa porque así lo decidió el dueño de Construcciones Pedrouzo, una firma de Lugo. El agente tildó de "rumor" que la constructora hubiera regalado el piso al dirigente socialista pero defendió como "veraz" que la constructora se hubiese negado a cobrar los trabajos a Besteiro pese a que este se ofreció a abonarlos hasta en dos ocasiones, informa Europa Press.

Según la tesis del policía local, fue el dueño de la constructora el que afirmó que ni él ni un pintor al que había contratado pasarían factura alguna por las obras en casa del líder socialista. No obstante, esta afirmación fue desmentida por el propio pintor, quien en dos declaraciones efectuadas en mayo y junio de 2011 ratificó haber cobrado su parte de manos del empresario constructor e incluso aportó una factura por 6.162 euros. El pintor dio por hecho, no obstante, que las obras fueron un regalo de la constructora al político para agilizar la adjudicación de contratos y licencias en el ayuntamiento lucense, cuando Besteiro era edil de Urbanismo. La juez ordenó en diciembre investigar "los hechos de naturaleza presuntamente ilícitos" relacionados con la reforma.

El propio Besteiro aseguró ayer a través de un comunicado que siempre ha actuado "conforme a la ley" y subrayó que él mismo ha aportado documentación a la juez sobre su situación patrimonial. Y aclaró que su única propiedad es el piso con plaza de garaje que posee en régimen de gananciales con su mujer. "No me cabe duda de que la juez pudo verificar la información que voluntariamente remití ya en diciembre y que desmuestra que siempre actué conforme a la ley", concluye la declaración del líder socialista.

La otra pieza separada abierta por la juez De Lara en diciembre apunta a la portavoz del PP gallego, Paula Prado, a la que está investigando por un presunto inflado de facturas y tráfico de influencias. En este caso la instructora pidió el aval de la fiscalía para remitir el caso al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el único competente para juzgar a Prado quien además de portavoz del partido en Galicia es diputada autonómica y, como tal, aforada. Fuentes del ministerio público aseguraron ayer a Europa Press que la fiscalía no se opuso a la investigación de Prado, si bien precisaron que la última palabra la tiene el juzgado. El caso nace de unos pinchazos telefónicos en los que la propia Prado se jactaba de haber inflado una factura de un contrato municipal cuando era edil de Santiago en 3.000 euros que, según Vigilancia Aduanera, fueron a parar a manos de un conseguidor, también arrestado en este caso. De Lara sostiene en el auto que además Prado presuntamente habría mediado para que su marido vendiese material textil a varios ayuntamientos del PP valiéndose de intermediarios.

En el mismo sumario, los atestados del Servicio de Vigilancia Aduanera sostienen que tanto el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, como el presidente de la Diputación en la misma provincial, Diego Calvo, fueron invitados por Aquagest a partidos del Real Madrid en el Bernabéu. Ambos dirigentes populares calificaron ayer de "rotundamente falsas" las aseveraciones de los investigadores. "No he estado en el Bernabéu en mi vida. Soy del Barça", aseguró Calvo. Negreira también rechazó que estuviese en el estadio del Madrid en los años que aparecen en el sumario.

POLA REXENERACIÓN DEMOCRÁTICA EN LUGO

Hoxe as noticias de prensa van conmocionar a política coa parte do sumario da Operación Pokémon sobre a que xa non pesa o segredo do sumario. En Lugo levamos anos loitando contra a corrupción estrutural existente na nosa cidade, onde determinados empresarios, políticos e funcionarios se "forraron" ilegalmente e son responsables directos de afundirnos nunha profunda crise económica, política e social. Unha omertá pactada entre tres partidos políticos (PSOE, PP e BNG), que mesmo se atreveron a intentar boicotear publicamente a manifestación contra a corrupción que en outubro de 2011 sacou centos de lucenses á rúa. O alcalde, López Orozco, leva anos acusándonos de difamar e negou sempre a existencia de corrupción: "En Lugo non coñezo ningún caso de corrupción política". O tempo pon a cada un no seu sitio.                       
               

                              ¡¡¡OROZCO DIMISIÓN!!!

EL JUZGADO INTENTA ACLARAR LAS MEDIDAS DE LAS FINCAS PRÓXIMAS AL GARAÑÓN
Ayer declaró una heredera del dueño original del terreno para el García Portela

Enrique G. Souto / la voz 

24 de enero de 2014

El juzgado investiga en la operación Galeón la superficie total adquirida para el desarrollo urbano del entorno del antiguo sanatorio García Portela. Ayer compareció como testigo la heredera del propietario original del terreno conocido como Cortiña Cabo de Lugo, de la que en su día se enajenó la superficie correspondiente al sanatorio y se expropió un trozo para Telefónica. A la Asociación na Defensa do Parque Rosalía de Castro no le salen las cuentas en este caso en algunos aspectos, como han dejado patente en diversos momentos.

En la comparecencia de ayer ante la jueza de la citada testigo, estuvieron presentes además los abogados de la asociación, del Ayuntamiento y de uno de los funcionarios municipales imputados en este caso. Según algunas versiones, la finca inicial tenía una superficie de 3.057 metros cuadrados. De este total, fueron segregados 2.308 metros cuadrados, un terreno que fue vendido para el García Portela. Igualmente, fueron expropiados 360 metros cuadrados para Telefónica, según consta, al parecer, en documentos oficiales.

Siempre según la versión que trascendió al hilo de la declaración, el constructor que compró los terrenos argumentó que «mejor medida» la superficie total de la finca que adquirió es de 2.650 metros.

Interés

Hay que señalar que la citada asociación ha mostrado un notable interés a lo largo del proceso urbanizador por determinar la superficie y titularidad de algunas porciones del terreno afectado por la urbanización.

Para la jornada de ayer estaba citado otro testigo pero, al parecer, por problemas en la comunicación, su comparecencia tuvo que ser aplazada.

En la investigación judicial que se lleva a cabo en la operación Galeón, en la próxima semana están previstas declaraciones que pueden aportar luz en este asunto. Se trata de los tres técnicos municipales que están imputados, responsables de los tres servicios más directamente relacionados con el urbanismo, así como el promotor y técnicos de la Consellería de Cultura.

UN GUARDIA RATIFICA ANTE DE LARA SU INFORME DEL 2010 SOBRE O GARAÑÓN
Pese a las sentencias dice que no son aplicables los contornos de protección

Enrique G. Souto / la voz 
23 de enero de 2014

En el marco de la investigación judicial sobre la urbanización de O Garañón, ayer declararon en el Juzgado de Instrucción número 2, ante Pilar de Lara, dos miembros de la Guardia Civil, uno de ellos el agente que, como especialista en delitos urbanísticos, emitió informe sobre este asunto en 2010. Según las versiones que trascendieron de la declaración de los dos agentes, que, en total, duró unas tres horas, el guardia se reafirmó en la tesis que sostuvo en el informe, aunque no coincide con las interpretaciones hechas por los tribunales que anularon tanto la aprobación del proyecto de urbanización como la propia licencia de obra.

De acuerdo con la versión recogida de este asunto, el agente, en el informe que emitió en el 2010, indicaba que no son aplicables en suelo urbano las distancias de contornos de protección de los elementos urbanos catalogados. Según parece, respondió a algunas preguntas indicando que mantenía la citada tesis pese a las sentencias y otras resoluciones ya conocidas.

Siempre según trascendió, el agente no entró en cuestiones relacionadas con el contenido del decreto de la Xunta de Galicia de 2008 por el que se aprueba el inventario general del patrimonio de Galicia, en el que se detallan cuestiones relacionadas con los contornos de protección de dichos bienes.

La Guardia Civil elaboró el citado informe a petición del juzgado. Además del autor, declaró la suboficial que era su responsable. Al parecer, el citado cuerpo no llegó a elaborar un informe sobre el también polémico edificio de República Argentina, porque se encontraba en suelo urbano consolidado. Hay que recordar que o Garañón era una unidad de actuación.

Junta de gobierno
El gobierno lucense dio ayer el visto bueno a la instalación de una estación base de telefonía móvil en suelo urbano, concretamente en el número 25 de la calle Rei don García. El plazo máximo para ejecutar los trabajo es de seis meses. Hay que señalar que desde la aprobación del PXOM (en vigor al 95%), el Concello puede conceder licencias para dicho fin, lo que no ocurría con el anterior planeamiento urbano.

SOLICITAN AL JUZGADO FECHA PARA TASAR EL DERRIBO DE O GARAÑÓN
La asociación, admitida en el recurso municipal contra el informe de la Xunta

Enrique G. Souto / la voz 
22 de enero de 2014

Sea cual sea la resolución del caso, O Garañón será una referencia inevitable en la historia del urbanismo lucense durante muchos años. Ahora, en la práctica, ya solo se mueve en el ámbito judicial. Y en este campo se han cubierto dos pasos más. Uno, de cara a la evaluación de lo que costaría demoler lo construido si, finalmente, esta es la decisión; otro, el TSXG dictó un auto en el que autoriza la intervención de la Asociación na Defensa do Parque de Rosalía en el recurso contencioso interpuesto por el Concello contra el informe de Cultura contrario a la licencia de obras.

La citada asociación vecinal, alma máter de la oposición a la controvertida urbanización de O Garañón, parada desde hace años por orden judicial, solicitó en su día el personamiento en el recurso contencioso del Concello contra el informe de la Xunta. Un auto del pasado día 10 establece que el citado procedimiento se deberá retrotraer hasta el momento en que se debió de dar audiencia a la citada asociación. Consiguientemente, anula todas las actuaciones practicadas desde ese momento.

JUSTICIA AUTORIZA LOS FONDOS PARA LA JUEZA DE REFUERZO DE DE LARA

14/01/2014 - elprogreso.es

El Ministerio de Justicia ha autorizado la partida económica para que el juzgado de instrucción número 1 de Lugo, cuya titular Pilar de Lara Cifuentes, instruye la operación Pokemon, cuente de nuevo con la jueza de refuerzo.

Así lo confirmaron este martes a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia, que señalan que "se ha autorizado" la partida presupuestaria y se iba a proceder a comunicárselo al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado 7 de enero renovar la medida de refuerzo para este juzgado de Lugo. En concreto, el CGPJ acordó renovar esta medida de refuerzo para que esta segunda jueza asuma los casos que correspondan al juzgado de Pilar de Lara que no lleve ésta. Además, la magistrada de refuerzo había asumido las piezas separadas de la Pokemon correspondientes a un imputado que había pedido la recusación de la instructora, que se apartó de ellas.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia está a la espera de que Justicia le comunique la decisión para comunicar a la jueza de refuerzo que puede incorporarse de nuevo al juzgado lucense.

La falta de jueza de refuerzo provocó la semana pasada que el juzgado de instrucción número 1 de Lugo suspendiese las declaraciones de los tres funcionarios y dos concejales del Ayuntamiento de A Coruña imputados en la fase Pikachu de la operación Pokemon citados el 9 y 10 de enero al coincidir éstas "con otros actos jurisdiccionales señalados con anterioridad".

LA JUEZA DE REFUERZO DE DE LARA, PENDIENTE DEL MINISTERIO

13/01/2014 - El Progreso

El juzgado de instrucción número 1 de Lugo, cuya titular, Pilar de Lara Cifuentes, instruye —entre otras— la operación Pokemon, está a la espera de que el Ministerio de Justicia autorice el presupuesto para contar de nuevo con la jueza de refuerzo.

Así lo confirmaron este lunes a Europa Press fuentes judiciales, que señalaron que la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado 7 de enero renovar la medida de refuerzo para este juzgado,

En concreto, el CGPJ acordó renovar esta medida de refuerzo para que esta segunda jueza asuma los casos que correspondan al juzgado de Pilar de Lara que no lleve ésta. Además, la magistrada de refuerzo había asumido las piezas separadas de la Pokemon correspondientes a un imputado que había pedido la recusación de la instructora, que se apartó de ellas.

Ahora, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia está a la espera de que Justicia responda y, cuando de el visto bueno al presupuesto, el TSXG comunicará a la jueza de refuerzo que puede incorporarse de nuevo al juzgado lucense.

La falta de jueza de refuerzo provocó la semana pasada que el juzgado de instrucción número 1 de Lugo suspendiese las declaraciones de los tres funcionarios y dos concejales del Ayuntamiento de A Coruña imputados en la fase Pikachu (la rama coruñesa de la Pokemon) citados el 9 y 10 de enero al coincidir éstas "con otros actos jurisdiccionales señalados con anterioridad".

DE LARA DESESTIMA OTRO RECURSO DEL PROMOTOR DE O GARAÑÓN
Los nuevos datos apuntan «a una clara arbitrariedad» por parte del Concello

Enrique G. Souto / la voz
26 de diciembre de 2013

La jueza Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción número 1, que actúa en funciones de sustitución en el 2, dictó un auto por el que desestima el recurso interpuesto por el promotor Ricardo Iglesias contra la resolución que firmó en el pasado mes de julio, en la que le daba por desistido y apartado de la oposición a las medidas cautelares adoptadas en el caso de la urbanización O Garañón (paralización de las obras desde 2010, entre otras). En este auto, se indicada que los elementos ya analizados, junto con otros de más reciente conocimiento, apuntan a una clara arbitrariedad por parte de la administración pública municipal.

En el recurso ahora resuelto, el empresario pretendía que se considerase nulo el desistimiento dictado por el juzgado en su oposición a las medidas cautelares por no presentarse a la vista celebrada el 18 de diciembre del año pasado. La representación legal de Iglesias Paredes argumenta lo que considera defectos en la comunicación de la citación. La jueza considera que dicha solicitud es extemporánea y que no hubo defecto de forma alguno. Califica de «curiosa» la «fraudulenta maniobra» por la parte recurrente de negarse a firmar la notificación y devolverla sin firma y con un pósit en el que solicitaba información sobre este asunto. Considera que actuó de mala fe.

El empresario intentaba también anular las medidas cautelares impuestas en el caso de la urbanización de O Garañón. La jueza considera que «(...) la parte recurrente no aduce ningún motivo en que pueda fundar su petición». En esta línea señala: «(...) no es necesario que haya una imputación formal para que puedan adoptarse medidas cautelares. Argumento que de todas formas en estos momentos concretos decae habida cuenta de que el señor Iglesias, junto con otras personas, ha sido ya citado a prestar declaración como imputado (...)».

Igualmente, como ya indicó en anteriores ocasiones, señala que «(...) tras la práctica de las diligencias de investigación existen indicios serios y contundentes de la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio (...), así como de la posible comisión de otras infracciones penales (...)». Apunta que parece haber existido alguna clase de connivencia entre representantes municipales y una promotora particular.

Reclamación
Alude a la reclamación de indemnización que hace el promotor al Concello, en la que -destaca- lo responsabiliza de no haber pedido el informe de Cultura, carencia de la que se derivaron la anulación de las licencias. E indica que, a tenor de esta reclamación, para el promotor también era clara la necesidad de dicho informe.

En este auto se reproduce lo ya recogido en los anteriores en cuanto a que el Concello debió determinar la paralización de las obras en su momento. Se alude a la reclamación hecha por la empresa que no pudo edificar en el antiguo solar de Telefónica en García Portela. Señala que el criterio técnico que tuvo en cuenta el Concello en este caso no se tomó en consideración en el de las torres de O Garañón «que producen (...) un impacto visual sobre el río Miño y sobre la zona del Parque mucho mayor que la que podría producir la obra a construir por Inversiones Malleo».

EL EDIFICIO DEL SANATORIO GARCÍA PORTELA TAMBIÉN ESTÁ BAJO LA LUPA DE LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL
De Lara pide numerosos documentos a Ingapan, Construcciones y Promociones J. Díaz y a Fomento

Enrique G. Souto / M. Cabana
la voz  / 18 de diciembre de 2013

En el marco de la investigación judicial denominada Galeón, que afecta a la urbanización de O Garañón y otros desarrollos en el entorno del parque Rosalía de Castro, la jueza Pilar de Lara encomendó a las fuerzas del orden recopilar numerosa documentación sobre el edificio del antiguo sanatorio García Portela.

La demanda de documentos está dirigida a las sociedades Ingapan y Construcciones y Promociones J. Díaz Fernández SL. Quiere todos los contratos y convenios, así como documentos relativos a la segregación de la finca en la que se encuentra el edificio.

Pero también demanda el juzgado información al Ministerio de Fomento. Hay que recordar que el último propietario del edificio -al menos no trascendió que cambiase de manos- es el Instituto Nacional de Estadística. En este caso, también se interesa, según parece, por la identidad de quienes diseñaron proyectos, emitieron informes o participaron en negociaciones. Al Ayuntamiento le corresponderá aportar también amplia información, como el estudio de detalle para los terrenos comprendidos entre la avenida García Portela, Xacobe III y Armando Durán. Una parte considerable de la documentación que el juzgado reclama al Concello en el marco de la Galeón le tocará certificarla a la vicesecretaría, María García Ferro, que tomó posesión de la plaza muy recientemente.

Cabe recordar que en el caso Garañón, el TSXG anuló la aprobación de la urbanización (infraestructuras, calles, etcétera) y de la licencia. Y ello con base en que no fue solicitado informe a Patrimonio. Una de las cuestiones que se planteó en este ya largo debate urbanístico fue el de la distancia a las termas romanas, en función de la cual se necesitaba o no el indicado informe de Patrimonio. Como consecuencia de estas resoluciones, se abrieron interrogantes sobre otras licencias concedidas en el entorno de O Garañón. La principal oposición a esta urbanización vino de la mano de la Asociación na Defensa do Parque de Rosalía. El juzgado que lleva a cabo la investigación autorizó al citado colectivo a acceder a los terrenos para realizar un peritaje alternativo sobre el coste que tendría la demolición de lo construido en estos terrenos.

OROZCO «FLIPA» CON EL INTERÉS DE PP Y BNG POR EL PAGO DE INDEMNIZACIONES EN O GARAÑÓN
Los populares reverdecen su crítica al alcalde por el «urbanismo a la carta»

Enrique G. Souto
la voz / 18 de diciembre de 2013

La investigación judicial sobre O Garañón, denominada Galeón, ha avivado la pugna política en el Concello de Lugo. Mientras los socialistas, por boca del alcalde y del presidente de la Diputación (ex concejal de Urbanismo), responsabilizan al PP de la edificabilidad que el PGOU de 1990 concedía a la unidad de actuación CS-5, los populares, con su portavoz ausente, se lanzaron a la crítica de la gestión realizada en dicho asunto por el equipo de Orozco. Recuperaron su acusación a los socialistas de practicar «urbanismo a la carta». El Bloque, por su parte, insistió en pedir la dimisión de Orozco, aunque la edila Abraira no uso el verbo dimitir, sino que dijo, aludiendo al caso Pokémon, que con imputaciones tan graves «un responsable político non pode seguir ao fronte do seu equipo».

El alcalde, José López Orozco, reiteró su defensa de la separación de poderes: «Polo tanto, que o poder xudicial faga as investigacións que lle parezan oportunas; a min paréceme moi ben, pero, como sempre defendín para min e para os outros, sexan do partido que sexan, a presunción de inocencia está consagrada no artigo 24 da Constitución e nin a prensa, nin os partidos políticos, nin as plataformas cidadáns ditan sentenzas».

Por otro lado, el alcalde dijo sentirse «flipado» por el hecho de que tanto populares como nacionalistas den por hecho que el Ayuntamiento tendrá que indemnizar al promotor de O garañón. « Declaró: «Quén ditou iso? Hai algunha sentenza ou están indicando a rota que se debe seguir? Por qué teñen tanto interese en defender os intereses do promotor?». Añadió: «Non me sorprende que o faga o Partido Popular, pero resulta sorprendente a deriva que está a seguir o BNG».

En el PP, por segundo día, actuó ayer como portavoz, en ausencia del titular, Jaime Castiñeira, la concejala Isabel Devesa. Expresó «el máximo respeto por el trabajo de la justicia en la instrucción de la operación Galeón». Añadió: «Lo único que ponemos en tela de juicio, de forma clara y contundente, es la nefasta gestión del urbanismo por parte del gobierno de Orozco».

Para el PP, «si se confirma la trama urbanística en la que podrían estar implicados altos cargos socialistas» su postura no podría ser otra que la de pedir responsabilidades políticas.

Modelo Orozco

La edila Devesa recobró la calificación de «urbanismo a la carta» para el practicado por los gobiernos socialistas. «Es el modelo Orozco que inició Besteiro, como concejal de Urbanismo y al que le dieron continuidad Liñares, María Novo y ahora el señor Luis Álvarez».

El grupo del PP replicó a las acusaciones del alcalde sobre la edificabilidad que concedía el PGOU de 1990 al terreno de la CS-5. «¿Quién negoció el PERI para construir las seis torres de las cuestas del parque? ¿Quién tramitó con una excepcional celeridad este expediente? Y por último, ¿quién firmó de su puño y letra este ruinoso convenio para el Concello?».

La misma concejala considera la respuesta de Orozco «bochornoso e indignante», porque, a su juicio, echa balones fuera como si la cosa no fuera con él. Devesa volvió insistió en su opinión de que el gobierno local de Lugo «no está a la altura de los lucenses» y lamentó «la penosa imagen que se está dando de la institución municipal».

EL EQUIPO DEL ALCALDE ELUDE COMENTAR LAS NUEVAS DECISIONES JUDICIALES

La Voz / 17 de diciembre de 2013

Con tres altos funcionarios municipales imputados (los jefes de servicio de Arquitectura, Urbanismo y Licencias) por el caso de la urbanización de O Garañón, así como con nuevas líneas de investigación abiertas, el gobierno local optó ayer por el silencio. No quiso hacer comentarios sobre este asunto. Inicialmente, en el entorno de la alcaldía se aseguró que López Orozco no había acudido al despacho porque se encontraba indispuesto y el portavoz del gobierno, Luis Álvarez, tenía una agenda muy apretada.

Por la tarde, el equipo del socialista López Orozco, por medio del servicio de comunicación del Concello, indicó que no habría declaraciones sobre esta cuestión a lo largo de la jornada de ayer.

LA JUEZA DE LUGO QUIERE SABER CUÁNTO LE COSTÓ UN PISO A BESTEIRO
Requiere la escritura y el contrato de compraventa del 2005

M. Cabana / Enrique G. Souto
La Voz / 17 de diciembre de 2013

El nombre del presidente de la Diputación de Lugo y secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, aparece por primera vez en una de las amplias investigaciones judiciales que se llevan a cabo en Lugo. El caso Galeón, en el que la jueza Pilar de Lara investiga la urbanización O Garañón, al pie del principal parque de Lugo, salpica por primera vez a quien es considerado el alumno aventajado del alcalde Orozco, y desempeñaba la concejalía de Urbanismo cuando se dio el visto bueno al citado desarrollo urbanístico. La jueza pide información de al menos un piso del presidente de la Diputación.

Como ya informó La Voz, la misma jueza y en el marco de la misma operación ha citado a declarar como imputados a tres altos funcionarios municipales de Lugo. Se trata de los jefes de servicio de Urbanismo, Licencias y Arquitectura. Pero en la misma providencia reclama amplia información a las fuerzas del orden. Entre ella, quiere saber cómo evolucionó el precio del metro cuadrado entre 1997 y 2005 en la avenida de la capital lucense en la que Besteiro tiene su piso. Y si dicho piso sufrió alguna reforma desde su adquisición por Gómez Besteiro, y, si fue así, qué empresa la hizo. Sobre la misma vivienda quiere conocer la escritura de compraventa, la cual requiere al notario, lo mismo que de una plaza de garaje, y el contrato de compraventa, del año 2005.

Al margen de la citada propiedad de Besteiro, la jueza se interesa, según ha podido saber La Voz, por otros bienes inmuebles cuya titularidad no se detalla. Entre ellas plazas de garaje en el entorno de Nicomedes Pastor Díaz, para conocer el precio que tenían en los primeros años de este siglo.

Notarios

De acuerdo con las versiones recabadas, la jueza De Lara ha reclamado información de operaciones de compraventa a varios notarios de Lugo y a algunos de fuera de la provincia. Igualmente, recaba información en distintos ámbitos oficiales sobre varias sociedades que tienen o tuvieron intereses no solo en O Garañón sino en otros desarrollos urbanísticos en el entorno del parque de Rosalía. Así ocurre con el edificio del antiguo sanatorio García Portela, cuyo actual propietario, si no se produjeron cambios que no hayan trascendido, es el Instituto Nacional de Estadística.

La investigación judicial parece intentar atar todos los cabos que en este asunto han ido apareciendo a lo largo de los años. La Asociación na Defensa do Parque de Rosalía fue activísima en la denuncia de las irregularidades que creía ver en O Garañón. Una de las cuestiones que apuntó en su momento el citado colectivo fue que no se cumplían algunas disposiciones en materia de seguridad contra el fuego. Por eso, según algunas versiones, la jueza reclama un informe a los bomberos. A la misma asociación se le autoriza, según parece, a entrar en el recinto, precintado en su momento por orden de la propia jueza, para que pueda realizar una valoración alternativa de lo que costaría la demolición de lo ya construido en este terreno, denominado unidad de actuación centro-sur 5 en el PGOU de 1991.

Hay que recordar que el Tribunal Superior de Xustiza anuló primero el proyecto de urbanización (infraestructuras, calles, etcétera) y posteriormente la licencia de edificación concedida por el Ayuntamiento.

BESTEIRO INFORMA AL JUZGADO DE DE LARA DE LAS CONDICIONES DEL PISO EN EL QUE VIVE

Dice que se enteró por La Voz de la providencia en la que la jueza se interesa por su vivienda

Enrique G. Souto

La Voz / 17 de diciembre de 2013

En cuanto conoció por La Voz de Galicia que la jueza Pilar de Lara recaba información sobre las condiciones del piso en el que vive, el presidente de la Diputación de Lugo y secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, remitió un escrito al juzgado, que hizo público, en el que ofrece los datos por los que se interesa. La jueza busca la citada información en el marco de las averiguaciones que realiza sobre la urbanización O Garañón y otros desarrollos del entorno del parque Rosalía de Castro de Lugo.

Besteiro dice que tiene el máximo interés en que la jueza disponga, por su propia iniciativa, de cualquier información que le afecte en cuanto a su patrimonio. Señala que la información es pública, ya que consta en el registro de intereses de la Diputación y del Ayuntamiento de Lugo, que es accesible para cualquier ciudadano en las respectivas páginas webs.

El presidente de la Diputación explica que es propietario de la mitad indivisa de una vivienda en una de las avenidas más céntricas de Lugo (que reseña en el escrito), en régimen de separación de bienes. Señala que esta vivienda fue sometida a una reforma, ejecutada por Construcciones y Promociones Pedrouzo. Indica también en qué fecha y en qué notaría se formalizó la escritura de compraventa, al igual que la de la plaza de garaje. Aclara que no es titular de ningún otro inmueble.

OROZCO EXPRESA SU CONFIANZA EN BESTEIRO, AL IGUAL QUE EN TODOS LOS COLABORADORES QUE NOMBRÓ
Cree que el PP intenta desviar la atención sobre las condiciones urbanísticas que fijó para O Garañón

Enrique Gomez
La Voz / 17 de diciembre de 2013

El alcalde de Lugo, José López Orozco, intentó girar esta mañana el foco de la investigación judicial sobre la urbanización O Garañón, eje del caso Galeón, y recordó que fue el Partido Popular el que aprobó en 1990, con el voto en contra del PSOE, el plan general de urbanismo que confirió al citado terreno, al pie del parque de Rosalía, la máxima edificabilidad.

Orozco dijo que el PP en este asunto tiene un problema porque los lucenses tienen memoria. Sostuvo que todos los pasos que dio el Concello en su mandato en relación con O Garañón se atuvieron a lo legalmente establecido y de acuerdo con los informes técnicos.

Por otro lado, Otozco expresó su total confianza en el presidente de la Diputación y ex concejal de Urbanismo, al igual que en los demás colaboradores que nombró. Recordó que apoyó a Besteiro, por alguna de cuyas propiedades de interesa el juzgado, para la secretaría general del PSdeG.

CITADOS COMO IMPUTADOS TRES JEFES DE SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LUGO
También ha citado al promotor de la obra que investiga por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio

Pepe Seijo

El País / 17 DIC 2013

El Juzgado Número 1 de Lugo, que lleva el proceso sobre la urbanización de O Garañón, ubicada al pie de un parque de la ciudad, ha citado a declarar el próximo mes de enero en calidad de imputados a tres jefes de servicio del Ayuntamiento y al promotor de la obra por supuestos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

La juez ha reclamado, asimismo, diversas informaciones al Ayuntamiento de Lugo sobre las juntas de gobierno celebradas todos los 31 de diciembre desde el año 2000 hasta la actualidad, las juntas de gobierno celebradas en sábado desde el mismo ejercicio, la periodicidad de las mismas desde enero de 2000, la identidad y cargo de la persona que las convoca. La juez Pilar de Lara también pide la identidad y cargo de la persona que convocó la junta de gobierno del 31 de diciembre de 2005 y que se informe acerca de si ese día "era jornada laboral en la administración local".

También reclama que se informe  acerca de si el Ayuntamiento solicitó autorización o permiso a la Xunta para cerrar el parque Rosalía de Castro, en Lugo, "informado en caso positivo de la causa por la que se pidieron tales permisos". Pide, asimismo, copia del acta del pleno de 3 de agosto de 1927 "relativo a la adquisición por parte del Ayuntamiento de Lugo de una parcela de 9.000 metros cuadrados confinante con terreno del parque en una longitud de 60 metros para unirlo a este, propiedad de doña L.E., así como la certificación de 5 de agosto de 1927". El juzgado pide, asimismo, todo ello en "soporte digital si se dispone" de éste, que se haga entrega a través de los agentes de la Guardia Civil del Equipo de Investigación del Seprona de copia compulsada e íntegra de expedientes sobre un edificio en la Avenida República Argentina, el predio donde está construido el Sanatorio García Portela, además de otros solares e inmuebles.

EL CONCELLO PIDE UN NUEVO INFORME A PATRIMONIO SOBRE O GARAÑÓN
Es el requisito de la sentencia del Contencioso para tener la licencia de obra

Laura López / la voz
03 de mayo de 2012

O Garañón vuelve a dar que hablar. Tras conocerse que el promotor de las torres retiró el recurso que había interpuesto ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra el fallo del Juzgado de lo Contencioso que anuló la licencia de obra, la sentencia se hace firme. Ejecutar este fallo es lo que ayer aprobó la junta de gobierno local del Concello de Lugo. Esto implica que precisan un informe favorable de Patrimonio, un documento que, según explicó el concejal de Urbanismo, Luis Álvarez, pedirán «de inmediato».

La sentencia del Contencioso obliga a retrotraer el procedimiento de concesión de licencia al momento de solicitar el informe de Patrimonio. Sin él, no hay licencia de obra.

También el TSXG había anulado en abril del 2011 la aprobación del proyecto de urbanización por falta de un informe positivo de Patrimonio, que finalmente vino dado negativamente y que el Concello recurrió.

Álvarez no quiso a entrar a valorar qué pasaría si el informe de Cultura viene denegado también para la licencia de obra: «Sería adiantar acontecementos, nós temos que cumprir a lei, por iso executamos a sentenza. Xa sabemos que a solución ao Garañón será un camiño longo e complexo».

Sin reuniones con el promotor

En cuanto a las negociaciones con el promotor, que se retomaron el pasado mes, Álvarez dijo que aún no hay avances ni hubo nuevos encuentros. «Todas as solucións son posibles, pero por agora non sabemos cal será o resultado das negociacións».

La concejala de Infraestruturas, Paz Abraira, también aludió al supuesto pago de indemnizaciones que tendría que dar el Concello al promotor y negó que haya que desembolsar dinero: «Sempre defendemos que eran necesarios eses informes e que se debe atopar unha saída que implique que as torres non se constrúan na parte alta da parcela, pero o que fai o PP falando de indemnizar ao promotor é futurismo e non ten sentido falar diso agora, en ningún sitio está establecido iso. Parece que o PP é o defensor dos intereses do promotor».

Por su parte, el portavoz del PP de Lugo, Jaime Castiñeira, replicó que los únicos que defienden los intereses del promotor fueron quienes firmaron en el 2005 un convenio que establece la posibilidad de indemnizaciones si no se cumplen las obligaciones establecidas. «Nós xa presentamos alegacións pedindo que se construíra na parte baixa, que se cambiaran os volumes e redefinir as obras tal e como dicía o informe de Cultura da época do bipartito».

Castiñeira matizó que, a estas alturas, solo queda que el Concello renuncie a estirar más la polémica «para non pagar intereses de demora». Álvarez opina que Castiñeira gestionaría peor este conflicto porque «está máis pendente de manter a súa posición de cara a un posible proceso electoral. Se tivese vocación de ser alcalde estaría máis neste edificio atendendo aos veciños que no Parlamento».

EN EL CASO DEL GARAÑÓN SE PERSONARÁN 12 PARTICULARES, DICE LA ASOCIACIÓN DEL PARQUE
El mismo colectivo vecinal cree que la única forma de que lo haga el Ayuntamiento de Lugo es como imputado

Enrique G. Souto
la voz 02 de febrero de 2012

La Asociación na Defensa do Parque Rosalía de Castro dio a conocer ayer su intención de presentar recurso contra el personamiento del Ayuntamiento en la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 2, en relación con la urbanización de la unidad de actuación CS-5 (O Garañón) al pie de las cuestas del parque. Entiende que el personamiento del Concello solo podrá ser en calidad de imputado.

Por otro lado, el portavoz habitual del citado colectivo, Marcos Bourio, asegura que, en cuanto los plazos lo permitan, se personarán una docena de personas y una comunidad de vecinos.

Las obras de la citada urbanización están paradas desde hace meses. La asociación, al hilo de unas recientes declaraciones del presidente de la corporación municipal, José López Orozco, en relación con Ángel López Pérez, le recuerda que fue este alcalde el que compró la finca del Garañón, sobre la que se pretende edificar.

La asociación está convencida de que López Pérez adquirió el citado terreno «con el fin de preservar las vistas y que no se edificara en esta zona«. Opina que Orozco no supo «recoger su legado y cumplir con la obligación de mantener el espíritu del parque».

El portavoz de la asociación critica la política urbanística del Ayuntamiento y recuerda que presentó «una denuncia por presunto delito contra el patrimonio por la caída del muro [del cementerio] de la iglesia de Labio, incluido como bien catalogado, que fue admitida a trámite por el juzgado».