ADUANAS APUNTA A LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE PP, PSDEG Y BNG
Los investigadores acusan de cobrar sobornos al líder del PP en el Senado, al alcalde de Ferrol, al ‘número dos' de A Coruña y a ediles socialistas y nacionalistas

Xosé Hermida / Silvia R. Pontevedra
24 JUN 2014

La mancha del caso Pokémon, que desde hace más de tres años investiga una supuesta trama de corrupción vinculada a contratas municipales, se extiende sin parar. Y ha alcanzado ya a un dirigente político de relevancia nacional, el portavoz del PP en el Senado y presidente del partido en Lugo, José Manuel Barreiro. Un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), dependiente de la Agencia Tributaria, lo acusa de haber recibido, en mayo de 2011, 5.000 euros del delegado en Galicia del grupo Vendex, concesionario de servicios municipales en numerosos ayuntamientos. Pero con 114 imputados, las ramificaciones no cesan y siguen salpicando a populares, socialistas y nacionalistas del BNG.

La instructora del caso, la titular del Juzgado 1 de Lugo, Pilar de Lara, dictó el lunes un auto en el que pone bajo sospecha la financiación de esos tres partidos para las municipales de 2011. Ordena requerir a los partidos los asientos contables correspondientes a A Coruña, Lugo, Ourense, Ferrol, Santiago, Ribeira y Boqueixón, y también a Terra Galega en Arteixo. Pide, además, a las formaciones políticas sus respectivas contabilidades, así como los datos disponibles en el Tribunal de Cuentas sobre sus ingresos en los meses de mayo y junio de 2011, y exige a varios Ayuntamientos datos de sus contratas.

El macrosumario apunta a que era habitual el reparto de sobornos por parte de esta empresa de servicios públicos no solo entre los gobiernos sino entre los grupos de la oposición a fin de garantizarse la continuidad de sus contratos. Un documento en clave escrito por José María Tutor, su jefe en Galicia, recoge una lista de entregas de dinero, por un valor global de al menos 47.000 euros, a "los trabajadores que van a darse de alta en el nuevo proyecto de investigación". Estos empleados se enumeran a continuación, y son Pedro Pérez, Benito Nogueira González, y Pablo Santos Orgueira Estévez. Después de investigar estas identidades e intentar recabar información fiscal sobre estos contribuyentes, los investigadores concluyen que no existen. Una conversación entre Tutor y su jefe en Madrid delata que solo hay que tener en cuenta las iniciales: son PP, BNG y PSOE, que recibirán diferentes cantidades según "la ciudad y el tipo de contratos".

El cuerpo de investigadores dependiente de Hacienda desliza la sospecha de que el pago a Barreiro no fue el único soborno que recibió el senador. No obstante, el también presidente del PP de Lugo aseguró ayer a este diario que "es rotundamente falso que haya recibido ningún soborno ni de esa empresa ni de ninguna otra", y se declaró "indignado" por la "indefensión" que le produce enterarse por la prensa de las acusaciones. "Tengo la conciencia tranquila", concluyó.

Según Aduanas, entre los receptores de sobornos durante las municipales, incluso en la jornada de reflexión, Vendex cita al entonces presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, al teniente de alcalde coruñés, Julio Flores, o a José Manuel Rey Varela, hoy alcalde de Ferrol, todos ellos del PP. Ha comprobado además que Tutor ingresó en persona 6.000 euros en una cuenta del BNG.

LA FISCALÍA APOYA QUE EL SUPREMO INVESTIGUE A BARREIRO EN LA POKÉMON
La jueza instructora decidirá si procede enviar al alto tribunal la exposición motivada de remisión de las diligencias

La Voz
8 de julio de 2014

La jueza Pilar de Lara, instructora de la operación Pokémon, decidirá en los próximo días si procede remitir al Tribunal Supremo la exposición motivada para enviar las diligencias que están relacionadas con el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, dada su condición de aforado. Esta decisión está relacionada con el informe que le remitió el fiscal que apoya la investigación al político.

El Servicio de Vigilancia Aduanera emitió un informe, que está recogido en una diligencia, según el cual el portavoz del PP en el Senado habría recibido, en mayo del 2011, 5.000 euros de la empresa Vendex. Este extremo fue desmentido por el político, que en aquella etapa era concejal de la oposición en Lugo.

De Lara dictó una providencia, con fecha 7 de este mes, en la que solicita que le pasen los autos para resolver sobre si, a la vista del informe del fiscal, solicita «la elevación de exposición motivada al Tribunal Supremo respecto del aforado D. José Manuel Barreiro Fernández».

ADUANAS CREE QUE EL PORTAVOZ DEL PP EN EL SENADO JOSÉ MANUEL BARREIRO COBRÓ 5.000 EUROS DE VENDEX
Según el informe de los investigadores, el alcalde de Ferrol recibió de José María Tutor 3.000 euros de Vendex siendo edil. Baltar percibió 6.000. Julio Flores, teniente de alcalde en A Coruña, 5.000. Y un concejal del BNG en la ciudad herculina, 6.000. También hay pagos consignados al PSOE

La Voz / Xosé Carreira
24 de junio de 2014


El informe de Aduanas utilizado por la jueza Pilar de Lara Cifuentes para imputar a José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol por el PP y al expresidente de la Diputación Provincial de Ourense, José Luis Baltar, refiere que ambos recibieron dinero de Vendex.

En ese mismo documento figura que también el portavoz del PP en el Senado, el lucense José Manuel Barreiro, antaño rival de Alberto Núñez Feijoo por el liderazgo del PPdeG, cobró 5.000 euros de la trama de la operación Pokémon el 20 de mayo de 2011. Los investigadores enmarcan el posible soborno en la necesidad de la trama de frenar una campaña de los populares lucenses en contra de la concesión de la ORA en la ciudad de la muralla. Según Aduanas, el PP dejó de criticarla tras reunirse José María Tutor, delegado de Vendex, con Barreiro.

«El Chino va a cortar el viento»

El informe recoge una frase de Javier Reguera, responsable de la ORA en Lugo y también imputado en la Pokémon, posterior a ese encuentro entre su jefe y el parlamentario lucense: «El chino va a cortar el viento». La trama bautizó a Barreiro con este apodo y con esa expresión quería decir que habían conseguido sus objetivos de relajar la presión sobre el servicio que controlaban.

El veterano político lucense se encuentra en estos momentos en una comisión del Senado. La Voz ha intentado conseguir su valoración de la noticia, pero, según indican fuentes del partido, no va a hacer declaraciones.

Presidente del PP lucense y vicepresidente de los populares gallegos, José Manuel Barreiro es aforado por su condición de senador. Pilar de Lara no puede actuar contra él como contra los otros implicados en la trama.

Entrega a Rey Varela en A Coruña

La entrega a Rey Varela, hoy regidor ferrolano y presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, se habría producido el 2 de junio de 2011 cuando era edil del PP. Y tuvo lugar en A Coruña, en una cafetería de la plaza de María Pita. La cantidad, 3.000 euros, le fue entregada por José María Tutor Lemos, delegado de Vendex en Galicia, a través de un recibo de caja de Sermasa Coruña con el nombre de una persona posiblemente imaginaria cuyas siglas tendrían el significado clave de Partido Popular de Ferrol, según Aduanas. Ese sistema sería utilizado para ocultar la entrega del dinero, de acuerdo con el contenido del informe de Vigilancia Aduanera.

En cuanto a José Luis Baltar, los investigadores creen que fue el presunto receptor de 6.000 euros. Esta cantidad habría sido entregada por Tutor el 20 de mayo de 2011. Como consecuencia de las investigaciones, son los agentes de Aduanas los que proponen a De Lara que efectúe las imputaciones de ambos así como también de una serie de políticos más que, supuestamente, también habrían recibido dinero de Vendex.

Cinco mil euros para Flores

También Julio Flores, teniente de alcalde en A Coruña (PP), figura en el informe de los agentes de Aduanas como posible perceptor de 5.000 euros de manos del delegado del grupo Vendex en Galicia, José María Tutor, el 21 de mayo de 2011.

Flores, mano derecha del regidor Carlos Negreira, fue imputado hace meses en la operación Pokémon por tráfico de influencias. Él proclamó en varias ocasiones su inocencia e incluso llegó a decir que no reconocía su voz en las grabaciones efectuadas por los agentes de conversaciones en las que figuraba como peticionario de enchufes.

Ayer la jueza Pilar de Lara dio un nuevo impulso a la Pokémon y realizó nuevas imputaciones por cohecho que afectan a A Coruña. Volvió a citar a Julio Flores y al concejal socialista José Nogueira (también imputado anteriormente por otro delito y que asimismo habría recibido también dinero de Vendex). Y convocó para declarar en Lugo al socialista Moisés Rey (exsecretario general provincial en A Coruña del PSdeG) y al antiguo edil del BNG en la ciudad herculina Xoán Xosé Martínez Cagigal. Según el informe de Aduanas, este concejal habría recibido 6.000 euros a través un ingreso en cuenta bancaria el 19 de mayo de 2011.

Hay más pagos consignados en el informe. Afectan a los tres partidos que tradicionalmente han dominado la escena política gallega. Y se efectuaron en la recta final de la campaña electoral de las municipales del 2011.

Nuevas declaraciones

La instructora quiere que vuelvan a declarar como imputadas otra serie de personas que ya intervinieron en su momento en dicha condición. Es el caso del jefe de Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez; su mano derecha en Galicia, José María Tutor, y la esposa de este, Estrella Naviera Roca. También está Adrián Cordero, delegado de la empresa en Ourense; el responsable de la ORA en Lugo, Javier Reguera, y el administrador de Sermasa en Santiago, Alberto Quintana Vilarelle.

En la nueva providencia de la jueza aparece citado nuevamente Ángel Espadas, la mano derecha de Conde Roa, cuando este estuvo en el Concello de Santiago. Y por la rama ourensana, además de Baltar, están Álvaro Abelardo Ulloa Pardo, exjefe de la Policía Local, el exalcalde socialista Francisco Rodríguez y el exedil nacionalista Xosé Fernando Varela Parada.

ADUANAS ACUSA DE COBRAR UN SOBORNO AL PORTAVOZ DEL PP EN EL SENADO

El sumario acusa de financiación ilegal a políticos populares, socialistas y nacionalistas

Xosé Hermida / Silvia R. Pontevedra 

24 JUN 2014

Un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), incorporado al sumario del caso Pokémon, que investiga una presunta trama de corrupción relacionada con la concesión de contratas municipales en varios ayuntamientos gallegos, apunta al cobro de sobornos por parte del portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro. Los agentes de Aduanas -cuerpo dependiente de la Agencia Tributaria- deducen, a partir de numerosas intervenciones telefónicas, que el delegado en Galicia del grupo Vendex, concesionario de distintos servicios municipales en esta comunidad autónoma, entregó el 20 de mayo de 2011 un sobre con 5.000 euros a Barreiro, que también es el presidente provincial del PP en Lugo. En varias conversaciones recogidas en el sumario los responsables de Vendex se refieren a Barreiro con el apodo de El chino.

Los agentes del cuerpo de la Agencia Tributaria expresan sus sospechas de que la mordida que supuestamente cobró Barreiro el 20 de mayo de 2011 no fue la única. Y se basan en las conversaciones telefónicas interceptadas al delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor, quien explica a sus colaboradores que se dirige a Lugo a entregar al portavoz del PP en el Senado "el mismo informe que le llevaron el otro día".

Aduanas, en un extenso documento entregado al juzgado que instruye el caso, señala a diversos políticos de PP, PSOE y BNG por haber cobrado sobornos, supuestamente para financiar a sus respectivos partidos. Entre ellos, los agentes apuntan al alcalde de Ferrol y presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias, el popular José Manuel Rey Varela, como receptor de 3.000 euros de Vendex cuando era concejal de la oposición; al teniente alcalde de A Coruña, Julio Flores, también del PP, que habría cobrado 5.000 euros, y al expresidente de la Diputación y del PP de Ourense José Luis Baltar, cuya mordida ascendería a 6.000 euros. Además, el SVA también acusa de haber recibido diversas cantidades al exsecretario provincial del PSOE en A Coruña Moisés Rey, a concejales socialistas de A Coruña y Ferrol y a ediles del BNG en A Coruña y en Ourense. El informe relaciona estos pagos con la financiación irregular de las distintas fuerzas políticas. De hecho, la juez instructora del caso, Pilar de Lara,  titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, ha solicitado en un auto, firmado ayer mismo, que el PP de Galicia, el PSdeG- PSOE y el BNG le informen de todos los donativos recibidos en mayo y junio de 2011, cuando se celebraron las últimas elecciones municipales, y que le entreguen sus libros de contabilidad. La juez hace extensiva la petición al Tribunal de Cuentas.

La mayoría de los pagos detectados se produjeron, según Aduanas, en mayo de 2011 Y, en concreto, en un día, el 20 de mayo, cuando Tutor, el delegado de Vendex, realiza una gira por diversas ciudades gallegas, que él mismo denomina jocosamente en conversaciones con sus colaboradores como "ruta del bacalao", supuestamente para ir repartiendo los sobornos. Los beneficiarios, según Aduanas, eran tanto concejales de los gobiernos locales como de la oposición, ya que el propósito de la empresa, que explota múltiples servicios en esas ciudades (guarderías, pabellones deportivos, limpieza de edificios, la grúa, la ORA... ) era asegurar la continuidad de sus contratos. En el caso de A Coruña, por ejemplo, los agentes creen que el soborno al teniente alcalde Julio Flores fue entregado la víspera de las elecciones municipales de 2011, en plena jornada de reflexión. El PP estaba en la oposición hasta que al día siguiente logró la mayoría absoluta en las urnas. Otras conversaciones recogidas en el mismo sumario revelan que en las semanas posteriores Flores mantuvo una estrecha relación con el delegado de Vendex en Galicia supuestamente con el propósito de enchufar personas en sus empresas y amañar un contrato.

Todos los citados en el informe de Aduanas han sido llamados a declarar como imputados el próximo lunes por la juez De Lara, excepto Barreiro, que al estar aforado por su condición de senador solo podría ser imputado por el Tribunal Supremo.

LAS CASAS DE LIÑARES, UN GRAN ARCHIVO DE LUGO
El principal imputado acumulaba una cantidad ingente de escrituras, planos y demás documentos

Lucía Rey / la voz 
22 de mayo de 2014

Desde facturas de comidas, viajes, relojes y antigüedades, a todo tipo de documentación relacionada con el urbanismo en Lugo. Los agentes del servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria que llevaron a cabo los registros en un piso de la calle Conde y en un chalé de A Ponte, los dos domicilios del principal imputado en la operación Pokémon, Francisco Fernández Liñares, hallaron una cantidad ingente de documentos. Muchos de ellos, con membretes oficiales de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, de la que fue presidente, o del Concello de Lugo, del que fue, entre otros, teniente de alcalde. La meticulosidad de Liñares almacenando papeles lo llevó a guardar en la habitación principal de su piso una libreta con anotaciones manuscritas sobre las botellas, jamones o cestas de productos que le enviaban como regalo conocidas empresas y hosteleros de Lugo.

El informe del SVA confirma la «debilidad» de Liñares por todos los temas relacionados con el urbanismo. Mostraba especial interés por los de la ciudad amurallada, pero extendía esa querencia a otros lugares de provincia. De esta manera, entre el material inventariado figuran copias del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Lugo (PXOM) o del parcial del polígono de O Ceao, numerosas escrituras de compra venta de fincas y parcelas en puntos como Coeses, entre otros muchos; planos de terrenos en Monterroso, o un buen número de testamentos de particiones y contratos privados, pero también escritos enviados o remitidos por el juzgado que están vinculados a asuntos como la denuncia presentada por ALPUL contra el Concello de Lugo.

Relación con Tutor

Agendas, libretas y folios sueltos atestiguan también reuniones y llamadas con el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor. En esa línea, Liñares almacenaba en su casa comparativas de las ofertas presentadas para hacerse con la concesión de la ORA en Lugo, o documentación relativa a la Fábrica da Luz.

BESTEIRO SE DEFIENDE DE QUIENES DENUNCIARON QUE NO PAGÓ LA REFORMA DE SU CASA
Los autónomos subcontratados declararon que habían cobrado de la promotora los trabajos realizados en el piso

La Voz
22 de mayo de 2014

Entre los papeles desclasificados de la operación Pokémon aparecen citados algunos trámites que realizó desde Lugo la jueza Pilar De Lara en relación con un piso del presidente de los socialistas de Galicia y presidente de la Diputación Provincial de Lugo, Xosé Ramón Gómez Besteiro.

Esas investigaciones nunca llegaron a formar parte de la operación Pokemon, sino de la operación Galeón, que tiene relación con unas urbanizaciones en la zona del parque Rosalía de Castro de Lugo.

Pero además, la jueza De Lara convirtió esa investigación en una causa separada en el mes de diciembre pasado, tal como publicó entonces La Voz de Galicia. La magistrada puso en marcha la investigación tras escuchar la declaración de un policía local que dijo haber escuchado que Besteiro supuestamente no habría pagado las reformas del piso de segunda mano que compró para vivienda familiar en una avenida de la ciudad de Lugo en el año 2005. Dicha reforma se la realizó la empresa Construcciones Pedrouzo, que supuestamente no habría cobrado la obra, lo cual podría suponer un trato de favor hacia Besteiro.

Al enterarse el presidente de los socialistas gallegos de la existencia de una investigación judicial por ese motivo acudió por voluntad propia a entregar la documentación a la jueza al día siguiente -17 de diciembre pasado- para mostrar su voluntad de colaboración. Aportó los datos de la compra y las facturas de la reforma.

Declaran varios testigos

En relación a este asunto fueron citados a declarar el pintor que trabajó en la obra, y otros autónomos que fueron contratados para la reforma por la empresa Construcciones Pedrouzo. Inicialmente el juzgado investigó si la constructora no le había cobrado la reforma del piso a Besteiro, y a su vez habría dejado sin pagar a algunos de los autónomos subcontratados en la obra de reforma, que superó en total los 50.000 euros de inversión. Era un piso de cierta antigüedad al que le cambiaron la distribución e incluso el suelo, las ventanas y la calefacción.

Todos cobraron

Durante el proceso y tras varias declaraciones, los autónomos declararon que habían cobrado el trabajo por parte de Construcciones Pedrouzo, y que suponían que la constructora a su vez también le había cobrado a Besteiro, aunque inicialmente pensaban que tenía intención de no hacerlo, porque así lo había manifestado el gerente de la empresa constructora.

El presidente de la Diputación lucense aportó en aquellos días del pasado mes de diciembre documentación sobre la compra, los trabajos de reforma y también las diversas facturas. También le aclaró al juzgado que ese es el único piso que tiene, con una plaza de garaje, del que es copropietario al 50 % junto con su esposa, tal como recoge además la página web de la Diputación de Lugo.

HALLAN LA EMPRESA TAPADERA PARA BLANQUEAR LOS PRESUNTOS SOBORNOS DE LA TRAMA POKÉMON
Se trata de Decon Construcciones S. L., creada en el 2008 por el imputado Demetrio Arias -supuesto testaferro de su cuñado Javier Reguera, encargado de la ORA en Lugo- y su mujer

Laura López / La Voz  

22 de mayo de 2014

El sumario de la operación Pokémon contiene un informe de Vigilancia Aduanera y la Agencia Tributaria en el que se desvela que había una empresa tapadera supuestamente para blanquear los presuntos sobornos a cargos públicos de Lugo. Se trata de Decon Construcciones SL, creada en el 2008 por el imputado Demetrio Arias -supuesto testaferro de su cuñado Javier Reguera, encargado de la ORA en Lugo- y su mujer.

La firma entraría en marcha, según el informe, para desviar desde Vendex Madrid 3.500 euros al mes para sobornos y concurrir a licitaciones con Vendex, «que sería el adjudicatario real», o «en connivencia y simultáneamente con otras empresas del grupo para manipular de forma fraudulenta el proceso de licitación favoreciendo la adjudicación directa de los contratos al grupo Vendex».

El entramado era el siguiente. En principio, Decon se constituyó para dedicarse, entre otras actividades, a la construcción, inspección sanitaria, restauración de obras de arte, agencia de viajes, control de tráfico o aparcamientos. Su domicilio fiscal consta en la vivienda de Demetrio Arias y su mujer, en la aldea de Vilaxuste (Portomarín). La empresa nunca llegó a operar según Aduanas, y según reconoce el propio imputado ante la jueza Pilar de Lara: «La empresa no tuvo actividad [...] porque había crisis». No hay declaraciones fiscales ni trabajadores de alta.

Lo que sí se se hizo siete meses después de su creación fue un contrato privado entre Demetrio Arias, por Decon, y Gervasio Rodríguez Acosta, por Vendex, en nombre de Doal SA. Doal contrató los servicios de Decon para la gestión de la ORA en Lugo. Decon supervisaría el trabajo de Doal, de revisar los parquímetros y elaborar estudios para ampliar la ORA. Lo llamativo, según Aduanas, es que el Concello de Lugo aún no había adjudicado la ORA. En el contrato hacen constar que se hará efectivo cuando Doal sea adjudicataria del concurso.

También destacan los investigadores que Vendex contrate, para un trabajo especializado, a una empresa recién creada. En el contrato consta que Doal pagaría a Decon 3.500 euros al mes. Los investigadores relacionan ese dinero con los supuestos sobornos mencionados por Fernández Liñares, José María Tutor o Javier Reguera, y que eran enviados periódicamente desde Vendex Madrid.

VENDEX INGRESÓ 6.000 EUROS AL BNG Y DIO 2.000 AL PSOE PARA UN MITIN
En julio del 2012 el grupo paró los pagos en B y de facturas a instituciones

Xosé V. Gago / La Voz 
22 de mayo de 2014

Los agentes de Vigilancia Aduanera encontraron en el despacho madrileño de Gervasio Rolando Rodríguez, máximo responsable de Vendex, un justificante original de Caixa Galicia en el que consta «un ingreso en efectivo de 6.000 euros» en una cuenta en la que figura «como titular el Bloque Nacionalista Galego». El ingreso «tiene fecha del 19 de mayo del 2011».

El informe es del 24 de febrero de este año. Afirma que el documento está siendo analizado por la Unidad de Blanqueo de Capitales de A Coruña y en sus conclusiones se pide permiso a la jueza para continuar investigando esa transferencia y solicitar diversos datos a Novagalicia Banco.

No se trata del único ingreso a partidos políticos que figura en el sumario. Durante el registro de la sede de Vendex en A Coruña, los funcionarios encontraron más comprobantes de pago. Entre ellos, uno de 2.000 euros para «mitin PSOE Coruña» con fecha de mayo del 2011 y otro titulado «cena alcalde Coruña», valorado en 250 euros. Otro de los justificantes, el de mayor importe, 4.000 euros, está dirigido a «Ferrol M.?C.». Todos ellos aparecen destacados por los investigadores en el sumario de la Pokémon.

Una carta de compromiso

Paradójicamente, en otro registro, el que los funcionarios de Aduanas llevaron a cabo en el despacho de José María Tutor, delegado en Galicia de Vendex, el grupo empresarial en el centro de la Pokémon, encontraron una «carta de compromiso» en la que se ordenaba suprimir «la modalidad de pagos en B» y la «eliminación de pago de facturas a terceros (ayuntamientos, por ejemplo)». La carta tiene fecha del 6 de junio del 2012 y ordena que las citadas medidas «se implementen de manera inmediata» por Tutor y todos los delegados gallegos de la empresa. La misiva está firmada por el propio Tutor y por Nicasio Fernández Calvo y Rolando Rodríguez de Murga, ambos vinculados a compañías del grupo Vendex.

Se sospecha que el «pago de facturas» a instituciones puede referirse a una de las prácticas indebidas que según la investigación utilizaba el grupo empresarial, consistente en hinchar o incluso falsear facturas. Esa es una de las presuntas irregularidades que se investigan en A Coruña.

En el despacho de Tutor, los agentes de Aduanas también encontraron numerosos documentos relacionados con concursos públicos de Santiago, Arteixo, Sada, Lugo, Ourense, Boqueixón, A Coruña... y algunos objetos curiosos, desde un billete de un dólar hasta 87 páginas de periódicos fotocopiadas o recortadas, muchas de ellas con informaciones relacionadas con la operación Carioca, que originó la Pokémon, o la trama de retirada irregular de multas de tráfico en Lugo.

Además se hallaron más de un centenar de currículos en los que se adjunta el nombre de la persona que recomendó al trabajador, un aviso de denuncia remitido por el edil coruñés José Nogueira, y hojas de pedidos de pañuelos y relojes a la sección de complementos de El Corte Inglés, supuestamente para regalar a funcionarios y autoridades.

Abundan también las tarjetas de presentación, agradecimiento o navideñas. Entre ellas figuran las de numerosos concejales de Ferrol y A Coruña, tanto del PSOE como del PP o de partidos independientes, varios alcaldes, entre ellos Francisco Rodríguez (Ourense), ahora imputado; un catedrático de la Universidad de A Coruña o el portavoz del PP en el Senado, Xosé Manuel Barreiro. Además de otras a nombre de un sargento de la Guardia Civil y un mando de Policía Local. En una de las tarjetas, una concejala de Ferrol le agradece «facilitar su trabajo», otro de A Coruña le remite un currículo y una trabajadora del Ayuntamiento de esa ciudad le envía los datos de la asistenta que va a su casa.

Deudas del Ayuntamiento

Esas tarjetas no son el único indicio de la activa vida social de Tutor, también dan una pista dos folios numerados con el encabezamiento «Coruña Comidas».

Pero también hay indicios de que sus jefes en Madrid tenían pegas sobre la marcha de la empresa en Galicia. Los agentes encontraron numerosos documentos y correos electrónicos enviados por Rolando Rodríguez, su superior, en el que le recuerda las deudas que el Ayuntamiento de A Coruña tiene con la firma, que en febrero del 2012 superaba los dos millones, o en Santiago, donde en diciembre del 2011 se le debía más de un millón de euros.

Rodríguez le afea en otra serie de mensajes que «no se ha recibido ningún cobro de Galicia», a pesar de que solo en A Coruña la compañía llegó a facturar más de ocho millones de euros al año en contratos municipales.

«¿QUÉ TE HAS CREÍDO? ¿LA REINA DE LUGO?», LE DIJO LA MADRE DE GARCÍA-GESTO A PILAR DE LARA

L. López / La Voz 
21 de mayo de 2014

Todos los detalles sobre el famoso «encontronazo» entre la jueza Pilar de Lara y el imputado en la operación Pokémon Miguel García-Gesto han salido a la luz. La parte del sumario de la investigación que acaba de hacerse pública incluye un detallado informe de lo que ocurrió aquella madrugada del 28 de agosto del 2013 en la Rúa Nova, incluyendo los testimonios de la magistrada, el empresario imputado, su madre, un amigo de ambos, el marido de la jueza, una abogada amiga de estos y su marido y otro abogado amigo, además de los testimonios de policías, el camarero y el dueño del restaurante donde comenzó todo.

García-Gesto y De Lara coincidieron cenando esa noche en un restaurante de la Rúa Nova. Según el empresario, se puso nervioso porque oyó que en la mesa de la jueza hablaban de la Operación Pokémon y hacían referencia a su empresa, Artenosa Publicidad, adjudicataria de la publicidad en los autobuses urbanos de Lugo. Dice Gesto que cuando se marchó la jueza y sus acompañantes, comentó con el camarero, al que conoce, los problemas que le ha generado la imputación y explicando que está pasando un año «de infierno». Dice que De Lara, aunque estaba fuera, lo escucha, y al salir esta le dice «te voy a machacar», por lo que decide llamar a la Policía Nacional.

La versión de la otra parte difiere mucho. La jueza declara que durante la cena nota que desde la mesa de García-Gesto la miran mucho. Dice que al marchar se despide de ellos con un «adiós, buenas noches», a lo que responden con amabilidad, algo que corrobora otra testigo. Cuando están fuera, según cuentan De Lara, sus acompañantes y el propio camarero, Gesto empieza a insultarla desde dentro. El hostelero dice que finalmente pagan y también se van lanzando «una mirada desafiante a la jueza», según la letrada que iba con De Lara. Explican que deciden acompañar a la jueza y su marido a casa viendo la situación cuando por el camino los abordan Gesto y su madre, que vuelven a insultar a la jueza. La progenitora incluso le dice, según esta versión, «¿qué te has creído? ¿la reina de Lugo?» reprochándole que le había arruinado la vida a su hijo. Fue entonces cuando la letrada intentaría grabarlo todo con el móvil y la madre de Gesto le daría la bofetada y le quitaría el teléfono. Al final, pudieron avisar a la Policía, al tiempo que el empresario sufría un ataque de ansiedad e incluso, según cuentan los agentes, intenta autolesionarse y coger un cuchillo para quitarse la vida, mientras grita: «Ssí no puedo vivir, esta mujer me ha arruinado la vida».

De Lara fue recusada

Este episodio motivó el encarcelamiento de García-Gesto durante medio mes, pero logró recusar a la jueza, por lo que se libró de que esta se ocupe de los asuntos que le afecten a él.

UN ANTICUARIO DECLARA QUE LIÑARES PEDÍA REGALOS POR FAVORES EN REPARCELACIONES
Señala que el ex presidente de la Hidrográfica admitió relojes y piezas de Sargadelos

Lucía Rey / la voz  

21 de mayo de 2014

La parte del sumario de la operación Pokémon hecha pública ayer contiene nuevas informaciones sobre las supuestas prácticas irregulares de uno de los principales imputados en el proceso, Francisco Fernández Liñares. En esa línea destaca la declaración que realizó el pasado 29 de octubre ante la unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Lugo un anticuario de A Pontenova que afirmó que quien fue teniente de alcalde y concejal delegado de Urbanismo en Lugo, además de presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, pedía regalos a cambio de favores relacionados con concentraciones parcelarias desarrolladas en la provincia. A.A.V., de 79 años, aseguró que en el «aparcelamiento de Xudán», llevado a cabo «hace seis o siete años» en el municipio pontenovés, consiguió que le dieran por mediación de Liñares «todas [las fincas] agrupadas próximas a su domicilio». Según manifestó, en contraprestación el político le demandó un reloj de sobremesa francés «con unas bailarinas y un santo con barba», que en la actualidad podría estar valorado en más de 6.000 euros.

El anticuario relató que la administración encargada de realizar las parcelaciones «era la Xunta», un organismo con el que Liñares, que es ingeniero técnico agrícola y funcionario del Ministerio de Agricultura, podría tener una estrecha relación desde su puesto en la Subdelegación del Gobierno en Lugo, a la que estuvo adscrita su plaza.

El testimonio del anticuario A.A. recoge que «cuando fue el aparcelamiento de Xudán Liñares también ayudó a algún vecino más». Señala que los beneficiarios le hicieron regalos, y expone el caso de un pariente que lo agasajó con una jarra «Mambrú de Sargadelos, que es un cura sentado y que el asa es una culebra, que puede costar sobre 6.000 euros».

Multas de la ORA

En función de esta declaración, las «gestiones» de Fernández Liñares no se ceñían al ámbito rústico. De esta manera, el anticuario apuntó que en la etapa en que el imputado era edil en el Concello de Lugo le sacó «muchas multas de la ORA y de la Policía Local». A cambio, le habría entregado un anillo de oro con un diamante de un quilate para su mujer. También confesó que el político socialista, que fue detenido y encarcelado en septiembre del 2012 por supuestos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias, era uno de los clientes habituales de su negocio. En esa línea detalló que Liñares le compró muchos armarios, relojes y demás antigüedades «sobre todo para el chalé que tiene cerca del Polusa, en la carretera vieja de Santiago».

«TE DISCULPAS CON EL ALCALDE POR LOS DOS O TRES MESES QUE SE LE DEBEN»
Esta frase de dos directivos de Vendex motivó que Aduanas revisase al detalle las cuentas de la ORA, que ingresa un millón al año y paga un 20% al Concello 

la voz  

21 de mayo

El sistema de aparcamiento en zona azul en Lugo, denominado genéricamente ORA, genera unos ingresos cercanos al millón de euros cada año, o eso al menos es lo que consta oficialmente en los pagos que la empresa Doal, del grupo Vendex, le hace al Concello.

Los datos se hicieron públicos a raíz de la investigación del caso Pokemon porque el juzgado de Pilar de Lara pidió al Ayuntamiento que le desglosase la facturación del sistema y la regularidad con que Doal le ingresaba el 20% correspondiente a las arcas municipales.

«Le debemos dos meses»

La investigación partió de una famosa conversación interceptada en su día entre el jefe del grupo Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, que estaba en Madrid, y su gerente en Galicia, José María Tutor. En esa conversación el presidente del grupo le decía a su empleado que hablase con el alcalde de Lugo y lo tranquilizase, porque le adeudaban dos o tres meses. De esa grabación podría deducirse que se refería a alguno de los sobres de dinero que eran enviados a Lugo mediante la empresa de transporte Seur y que supuestamente irían para Reguera, Liñares y podría ser que también para el alcalde, según dijeron algunos testigos en la causa.

Cuando López Orozco acudió a declarar, insistió hasta lo indecible ante la jueza en que nunca había cobrado una comisión de nadie, y tampoco de Vendex. Al ser preguntado por esa frase «le adeudamos dos o tres meses», Orozco dijo que la única explicación que le podía encontrar era que la empresa Doal a veces se retrasaba a la hora de hacer el ingreso del 20% de la recaudación de los parkímetros. Era, obviamente, un ingreso del dinero oficial que la empresa tenía que ingresar a las arcas del concello por convenio.

Ante esta posibilidad, la jueza De Lara pidió al Ayuntamiento que le entregaran los datos de la recaudación del sistema ORA para poder comprobar cuándo se hacían los ingresos del 20% y si efectivamente se podía haber producido ese retraso que encajase con la explicación del alcalde.

De los datos aportados por el Ayuntamiento se comprueba que los ingresos que la empresa de la ORA declara tener se acercan al millón de eros al año, y el desglose por meses es el que aparece en la tabla adjunta.

Según los informes que realizaron los técnicos de Vigilancia Aduanera «los pagos se efectúan con normalidad durante todo el año 2011 siguiendo la tónica general observada en los ingresos realizados desde el inicio de la concesión, esto es, el ingreso mensual por banco de forma periódica del canon del 20% correspondiente, uno, dos o tres meses después de la recaudación total mensual».

Doal no se retrasaba

Los investigadores siguen diciendo en su informe que «no consta mención sobre posibles problemas del cobro del canon ni retrasos en el pago del mismo por parte de la empresa Doal». «Tampoco del análisis de la documentación entregada se desprende la falta de pago o retraso en el abono del canon estipulado al Concello de Lugo desde el inicio de la concesión hasta la fecha de marzo de 2013. No obstante, se observa que el canon correspondiente a junio de 2010 y julio 2012 se contabilizan cuatro meses después. [...] En el mes de noviembre de 2012 se registra el ingreso del canon correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre. Y en relación a la conversación telefónica efectuada el cinco de septiembre de 2011 entre José María Tutor y Gervasio Rolando, y teniendo en cuenta la documentación aportada, no se desprende en un principio retraso inusual en el abono del canon del 20% al Concello de Lugo por parte de Doal. En la fecha de la conversación estarían pendientes de pago las recaudaciones de los meses de julio y agosto que serían contabilizadas ambas el 28/9/2011, es decir, siguiendo la tónica general de los ingresos, uno o dos meses después de la recaudación real».

Es decir, de los informes de los técnicos del SVA no se desprende que hubiese un retraso en los pagos más allá de lo normal, y por tanto estarían desautorizando la explicación del alcalde. Lo cual tampoco prueba nada en contra del alcalde, aunque la explicación no se ajustase a la realidad.

ADUANAS AFIRMA QUE EL PP DEJÓ DE CRITICAR LA ORA TRAS LA REUNIÓN ENTRE TUTOR Y BARREIRO EN ALVEDRO

lucía rey lugo / la voz
21 de mayo de 2014

El PP de Lugo dejó de preguntar por al gobierno local por la concesión de la ORA en Lugo tras reunirse el presidente provincial y portavoz en el Senado de los populares, José Manuel Barreiro, con el delegado en Galicia de Vendex, la empresa concesionaria del servicio, José María Tutor. Así lo afirma el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la Agencia Tributaria en las conclusiones del informe instruido sobre Barreiro en el marco de la operación Pokémon.

Entre junio y julio del 2012, los funcionarios del SVA registran una serie de llamadas en las que Tutor y el responsable de la ORA en la ciudad amurallada, Javier Reguera, se muestran inquietos y manifiestan la necesidad de llamar o de ver en persona «al Chino», al que en el 2011 ya le llevaron «un informe». «Detrás de este nombre se ha identificado que se refieren a José Manuel Barreiro, como se puede comprobar en la secuencia de llamadas», detalla el citado informe.

En esas fechas del 2012, los medios de comunicación se hacían eco de un buen número de noticias en las que el PP de Lugo, en varios casos por boca del concejal Antonio Ameijide, ponía en duda la gestión de los estacionamientos de la zona azul (ORA) tras la anulación del contrato por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Según las conversaciones recogidas por el SVA, Tutor está interesado en que Barreiro «empiece a relajar».

Con ese fin cruza con el político popular varias llamadas telefónicas hasta que el 6 de julio se encuentran en la sede del PP en Lugo, en Ramón Cabanillas. Siete días más tarde, el 13 de julio, conciertan otra cita. En esa ocasión tiene lugar en el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, a donde se desplaza Tutor para ver a Barreiro, que aterriza procedente de Madrid. «Sobre las 17.40 horas se observa al identificado como José Manuel Barreiro Fernández en la salida de pasajeros, y como se dirige hacia las oficinas del párking del aeropuerto, momento en el que permanece por un espacio breve de tiempo hablando con José María Tutor Lemos, para acto seguido despedirse y dirigirse al sótano -1», reflejan los funcionarios del servicio de aduanas en el informe del dispositivo de vigilancia.

«Volver a poner capital»

El día antes, 12 de julio, una llamada entre Tutor y Reguera deja un mensaje misterioso. «Reguera dice en esa conversación -apunta el informe- que una cosa que le dijeron, que no se le puede hacer mucho caso, es que tienen que volver a poner capital (sin saber esta investigación el significado concreto). Reguera dice que él (Chino), después de ver a Tutor va a cortar el viento».

NUEVO CAPÍTULO DEL DESCONTROL Y LOS CHANCHULLOS EN LA FIRMA DE LA GRÚA
José Luis Álvarez declaró los amaños de Liñares en elecciones de Cechalva, el pago del Concello por un servicio no obligatorio o las facturas falsas

Suso Varela / la voz  

21 de mayo de 2014

A medida que fueron pasando los meses desde las detenciones iniciales que dieron origen a la operación Pokémon, algunos de los principales imputados volvieron a comparecer ante la jueza para aclarar diversos aspectos sobre los que se les investiga.

En el nuevo levantamiento del secreto de sumario se recoge la testificación de José Luis Álvarez, uno de los socios iniciales de la empresa Cechalva, ganadora del concurso de la grúa en Lugo gracias, según las investigaciones de la jueza, a los amaños en los pliegos de condiciones a cambio de dinero para diversos imputados, entre ellos Fernández Liñares.

Álvarez, conocido como «El asturiano», explica en su nueva declaración que en los días previos a las elecciones sindicales en Cechalva, Liñares llamó a dos empleados para que no acudiesen el día de la votación, aduciendo excusas, y así permitir que ganase como delegado sindical una persona concreta, «con la intención de controlar a los trabajadores».

También relata a la jueza que cuando Cechalva se hizo cargo del contrato de la grúa de Lugo, Javier Reguera (que era el encargado de la ORA y que entró como socio en la firma de la grúa) dijo: «Vamos a sacar una compensación económica del Concello», en referencia a que había que trasladar los coches abandonados que tenía Aparkisa, la anterior concesionaria, hasta la nave de Cechalva. Álvarez afirma que el Concello no tenía que haber pagado nada «porque no estaba en el pliego de condiciones». No recuerda la cantidad, pero sí que se pagó por el servicio que no era obligatorio.

Entre otras irregularidades, Álvarez explica que el asesor de la empresa le indicó que en el 2009 la sociedad (en la que también esta Manuel Santiso) iba a dar beneficios por importe de 55.000 euros, «y que si querían meter alguna factura para rebajar beneficios». Relata que cuando fue al registro mercantil comprobó que los beneficios eran de 23.499,33 euros, «lo que denota que la sociedad metió facturas falsas».

En su declaración, también cuenta curiosidades como que Reguera, con consentimiento de Santiso, invitó a comer a un sargento de la Policía Local, con una factura de 180 euros. O cómo, señala, Santiso vendió un Saab Cabriot de Cechalva a Jorge Cechini por un valor de 375 euros, «cuando en aquella época (2008) estaba valorada en unos 20.000 euros».

DE LARA ABRE UNA PIEZA SEPARADA SOBRE LA REFORMA DEL PISO DE BESTEIRO
El fiscal avala investigar a la portavoz del PP por inflar facturas y tráfico de influencias

El País Santiago 21 MAY 2014

La juez Pilar de Lara abrió el pasado diciembre una pieza separada para investigar si el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, abonó las facturas por una reforma en su vivienda a una empresa constructora. El auto está incluido en el sumario del caso Pokémon pero no guarda relación directa con esta trama sino que parte de la declaración de un policía local de Lugo, quien en marzo de 2011 aseguró que Besteiro "no pago nada" por las obras en su casa porque así lo decidió el dueño de Construcciones Pedrouzo, una firma de Lugo. El agente tildó de "rumor" que la constructora hubiera regalado el piso al dirigente socialista pero defendió como "veraz" que la constructora se hubiese negado a cobrar los trabajos a Besteiro pese a que este se ofreció a abonarlos hasta en dos ocasiones, informa Europa Press.

Según la tesis del policía local, fue el dueño de la constructora el que afirmó que ni él ni un pintor al que había contratado pasarían factura alguna por las obras en casa del líder socialista. No obstante, esta afirmación fue desmentida por el propio pintor, quien en dos declaraciones efectuadas en mayo y junio de 2011 ratificó haber cobrado su parte de manos del empresario constructor e incluso aportó una factura por 6.162 euros. El pintor dio por hecho, no obstante, que las obras fueron un regalo de la constructora al político para agilizar la adjudicación de contratos y licencias en el ayuntamiento lucense, cuando Besteiro era edil de Urbanismo. La juez ordenó en diciembre investigar "los hechos de naturaleza presuntamente ilícitos" relacionados con la reforma.

El propio Besteiro aseguró ayer a través de un comunicado que siempre ha actuado "conforme a la ley" y subrayó que él mismo ha aportado documentación a la juez sobre su situación patrimonial. Y aclaró que su única propiedad es el piso con plaza de garaje que posee en régimen de gananciales con su mujer. "No me cabe duda de que la juez pudo verificar la información que voluntariamente remití ya en diciembre y que desmuestra que siempre actué conforme a la ley", concluye la declaración del líder socialista.

La otra pieza separada abierta por la juez De Lara en diciembre apunta a la portavoz del PP gallego, Paula Prado, a la que está investigando por un presunto inflado de facturas y tráfico de influencias. En este caso la instructora pidió el aval de la fiscalía para remitir el caso al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el único competente para juzgar a Prado quien además de portavoz del partido en Galicia es diputada autonómica y, como tal, aforada. Fuentes del ministerio público aseguraron ayer a Europa Press que la fiscalía no se opuso a la investigación de Prado, si bien precisaron que la última palabra la tiene el juzgado. El caso nace de unos pinchazos telefónicos en los que la propia Prado se jactaba de haber inflado una factura de un contrato municipal cuando era edil de Santiago en 3.000 euros que, según Vigilancia Aduanera, fueron a parar a manos de un conseguidor, también arrestado en este caso. De Lara sostiene en el auto que además Prado presuntamente habría mediado para que su marido vendiese material textil a varios ayuntamientos del PP valiéndose de intermediarios.

En el mismo sumario, los atestados del Servicio de Vigilancia Aduanera sostienen que tanto el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, como el presidente de la Diputación en la misma provincial, Diego Calvo, fueron invitados por Aquagest a partidos del Real Madrid en el Bernabéu. Ambos dirigentes populares calificaron ayer de "rotundamente falsas" las aseveraciones de los investigadores. "No he estado en el Bernabéu en mi vida. Soy del Barça", aseguró Calvo. Negreira también rechazó que estuviese en el estadio del Madrid en los años que aparecen en el sumario.

Son ustedes, que ven cosas raras

Carmen Uz / El Progreso 

31/03/2014

 

O MÁS ESCANDALOSO que tiene el escándalo es que uno se acostumbra». Alguien recuperó estos días en las redes sociales la frase de la polifacética novelista francesa Simone de Beauvoir, filósofa, como el alcalde José López Orozco, y cuya frase va que ni pintada a lo que estos días sucede en Lugo. Y esa idea parece ser lo que guía la estrategia de defensa social y política del regidor y su gente, que en un incomprensible ejercicio de inmolación se han pasado la semana tratando de disfrazar de normalidad una conversación en la que una persona exige a Orozco un puesto de trabajo en el Concello, dando a entender que se lo debe, y el alcalde reconoce que tiene un compromiso con él y le habla de múltiples posibilidades, en empresas que trabajan para la administración local, en la futura empresa del agua y hasta convocando una oposición cuando pueda.

Orozco se empeñaba ayer en decir que las cosas no siempre son lo que parecen, y hasta se atrevía a compararlo con la falsa caída al mar de un avión en Canarias esta misma semana, una salida que uno no sabe si aplaudir porque constata una vez más el animal político que tiene Lugo de alcalde, por muy corneado que esté, o levantarse y gritar: «Recochineo no, por favor».

Porque se mire por donde se mire, la conversación grabada no deja lugar a dudas. Es cierto que, después de eso, Camilo Bargueiras no volvió a trabajar para el Concello, ni directamente ni a través de empresas. Pero trabajó antes, cinco años como policía interino y cerca de dos en el parque móvil, procesos para los que, según declaró, le pasaron las preguntas por indicación de Orozco. Por supuesto, el alcalde lo niega, y ayer volvió a expresar su confianza en las personas que conformaron los tribunales.

Aunque sería razonable pensar que tremendas acusaciones son producto del cabreo por no haber conseguido lo que se pretendía, la entrevista entre el alcalde y Bargueiras habla por sí sola. Orozco no parece nada incómodo, ni siquiera cuando el demandante le habla de que la razón de no haber aprobado la oposición para agente de movilidad es que no había dado dinero. Tampoco cuando Bargueiras intenta explicarle «la historia», «las amenazas», lo mal que lo ha pasado, una historia que Orozco le pide que se ahorre porque ya la sabe, dice. Cualquiera que conozca a Orozco lo reconoce perfectamente en ese «Carmela, tú que eres la memoria histórica del Concello...» o cuando intenta llevar a su terreno al exigente interlocutor -«Bargueiras pequeño», le dice-, con el que tiene «un compromiso» que quiere cumplir, dice. En realidad le está toreando. Ya decía el inefable Liñares que «Orozco convence, pero luego te engaña y no cumple».

De la conversación también se desprende que Bargueiras no era un peticionario cualquiera. Quizás tenía algo que ver su militancia en el PSOE, que no escondía. Llegó a asistir a alguna asamblea de partido. El joven era exigente, parece que no le valía un ‘simple’ contrato de seis meses en una empresa. «¿No hay otra cosa?», pregunta. Quería asegurarse un puesto de verdad, de los de por vida... Hace fuerza sabedor de que el alcalde se siente en deuda, como el propio Orozco viene a reconocer en ese compromiso que quiere cumplir. La incógnita es por qué. Dice que no ha pagado, pero desde luego esa exigencia en alguien que va a pedir que le enchufen no parece normal. El alcalde insiste en que las cosas no siempre son lo que parecen. Pero a veces sí lo son. Y si no lo fueran, tampoco resulta comprensible su huida hacia delante. Ya se sabe aquello de que además de ser honrado conviene parecerlo.

Por eso es igual de inexplicable que Luis Álvarez, alcaldable en potencia además de portavoz del gobierno, fuera el primero en dar la cara y se prestara a intentar justificar lo injustificable. Aunque si en algo acertó es en decir que los políticos no son diferentes al resto de ciudadanos. Ahí dio. Si existe el enchufismo es porque para mucha gente sigue siendo una práctica aceptada y a la que recurriría si tuviera ocasión. Y es eso lo único que quizás pueda salvar a Orozco. Estos días la ciudad está llena de personas escandalizadas por la grabación, pero también se escuchan todo tipo de justificaciones. Desde que es un alcalde accesible, que escucha y si puede ayuda; que eso le ha pasado por su bonhomía; que el hecho de haber sido grabado habla a las claras del tipo de persona que es Bargueiras; que está siendo objeto de una persecución; que cargos de otros partidos han enchufado igual o más... Seguramente algo de verdad hay en todas esas afirmaciones, pero en el fondo no son otra cosa que excusas para no admitir las vergüenzas de una sociedad que está en las manos de todos cambiar.

Por primera vez, Orozco planteó irse

Por mucho que insista en lo contrario, Orozco sabe que la divulgación de esa grabación lo ha cambiado todo. Y por eso, quizás por primera vez en la larga historia de sobresaltos judiciales que arrastra, llegó a plantear a su núcleo duro que lo dejaba. Su cara en la bancada del Parlamento, donde asistía al debate sobre la ILP del Hula después de que trascendiera la conversación con Bargueiras, lo decía todo. Cuentan que de vuelta a Lugo reunió a su gente en una especie de gabinete de crisis, pero decirle a la cara a tu jefe que es el momento de dejar paso no es fácil y todo el mundo cerró filas con un alcalde al que, por otra parte, tampoco desean que se vaya así. Por mucho que haya quien no quiera verlo, Orozco hizo una labor por Lugo que, aun siendo mejorable, todo lo es, está ahí. La pena es que probablemente ya nada podrá hacer para quitarse de encima las sombras que tiene sobre él. Sombras que en su partido se empeñan en no querer ver, salvo algunas facciones (próximos a UGT, por ejemplo). Personas que ven cosas donde no las hay, diría Orozco.

Castiñeira tuitea desde O Hórreo el día de la peor crisis de Orozco

SI DIFÍCIL ES de entender la salida del gobierno local ante las crisis provocada por la divulgación de la grabación de Orozco, más lo es todavía la actitud del portavoz del PP, Jaime Castiñeira. El día en que su rival a batir vivía su momento más crítico como alcalde, el portavoz popular se limitaba a tuitear sobre la situación desde el Parlamento gallego. Por mucho que se escude en que tiene un gran equipo, y asumiendo que como diputado también tiene que cumplir con la Cámara, no se entiende que en un asunto de tal calibre él estuviera ausente. De haber estado y dado la cara como lo hizo al siguiente día probablemente se hubiera ahorrado el monumental cabreo que le produjeron las palabras de la nacionalista Paz Abraira, que le acusó de corrupto y reiteró que ni en su última día sobre la tierra se uniría al PP en una moción de censura. Estas son justamente las situaciones por las que, dentro y fuera del PP, hay quien piensa que Castiñeira no quiere ser alcalde de Lugo.

El BNG, como el perro del hortelano, ni con Orozco ni contra él

AL BNG LE PASA como al perro del hortelano, ni está con el alcalde ni está contra él. Con la vehemencia que la caracteriza, la portavoz municipal, Paz Abraira, salió al paso de la grabación de Orozco advirtiendo de que, si el socialista no se va ni le echan, el BNG no se iba a quedar quieto. Dado que los nacionalistas se niegan a apoyar al PP en una hipotética moción de censura -que ahora los populares descartan-, Abraira apuntó a una especie de cordón sanitario para aislar a Orozco. Pero al día siguiente matizó sus palabras. El BNG considera que no puede negar su voto a cuestiones que pueden resultar buenas para la ciudad. Sería incongruente, dice. Simplemente no volverá a sentarse con él, ni con ningún otro miembro del gobierno, en lo que queda de mandato. Lo que no quiere decir que, cuando al pleno vaya un asunto con que el BNG concuerde, no lo vaya apoyar. El problema es que, si considera que tanto daño está haciendo Orozco a la ciudad, tampoco es muy congruente permitir que siga siendo alcalde.

LUGO DEJÓ QUE LA EMPRESA DE LA GRÚA FUNCIONASE 5 AÑOS SIN LICENCIA
La jueza investiga por qué la Policía Local no llevó a cabo inspecciones

Xosé Carreira / la voz  

31 de marzo de 2014

El Concello de Lugo permitió que una empresa encargada de un servicio público, como es el de la grúa para retirar vehículos mal aparcados, funcionase cinco años sin contar con la preceptiva licencia de actividad. Ese es el caso de Cechalva, la polémica sociedad lucense cuyos cuatro socios figuran entre los imputados en la operación Pokémon, la investigación contra la corrupción municipal que dirige la jueza Pilar de Lara. Uno de esos socios declaró que de la caja B de la empresa podrían salir mensualmente 1.000 euros para el alcalde.

La jueza De Lara encargó a los investigadores de Vigilancia Aduanera que rastrearan todos los pasos dados por la institución municipal y, además, que traten de saber por qué no se llevó a cabo ninguna inspección por parte de la Policía Local de Lugo, que es la que debe actuar cuando se detectan situaciones de este tipo de características. Las indagaciones se centrarían en saber si alguno de los imputados pertenecientes a la Policía Local pudo tener algo que ver en esa falta de controles.

Los agentes de Vigilancia Aduanera comprobaron que Cechalva solicitó licencia de instalación en una nave del polígono industrial de O Ceao a finales del año 2005. El permiso le fue otorgado por el Concello de Lugo en mayo del año siguiente. Los investigadores entienden que esa licencia tiene una caducidad de tres meses y que la empresa debería haber obtenido la de apertura. Sin embargo, eso no se produjo hasta el mes de diciembre del 2010, cuando la grúa llevaba ya funcionando cinco años y cuando había estallado la operación Carioca contra la trama de los burdeles, en la que la misma jueza investigaba a uno de los socios de la empresa.

Inicialmente, el Ayuntamiento de Lugo informó a Vigilancia Aduanera de que la licencia de actividad había sido otorgada en una junta de gobierno celebrada el 13 de julio del 2010. Los agentes solicitaron ese acuerdo, pero no llegaron a encontrarlo. Esa circunstancia provocó que la jueza reclamase el expediente e incluso solicitase al secretario del Ayuntamiento una copia compulsada del libro de acuerdos, pero en el año 2010 no había sido otorgada licencia alguna a Cechalva. En algún momento alguien de la institución municipal justificó que la fecha del 13 de julio del 2010 se debía a un error de «corta y pega», pero los investigadores comprobaron que en ese día no se celebró ninguna reunión de la junta de gobierno del Concello lucense.

La investigación refleja que la licencia en precario concedida a Cechalva en el 2006 estaba supeditada a subsanar diversos problemas. Sin embargo, Vigilancia Aduanera no halló ningún movimiento hasta el año 2010. La jueza trata de determinar si la supuesta dejadez municipal pudo deberse a que la superficie de la parcela de la empresa de la grúa había sido manipulada para tener los metros que exigía el concurso para la concesión del servicio.

Un plazo de verificación

Como consecuencia de la situación planteada, la jueza llamó a declarar, en calidad de testigo, a la jefa del departamento de licencias del Ayuntamiento. La funcionaria recordó que una empresa no puede iniciar actividad «hasta que se llevan a cabo las verificaciones pertinentes del local e instalaciones, previa certificación de instalación y cumplimiento de proyecto técnico, y solo cuando tiene licencia de apertura puede iniciar su actividad». También expresó que las licencias de instalación «normalmente establecen un plazo de caducidad de tres meses [...], pero soy incapaz de verificar el cumplimiento del plazo».

«¿Podía funcionar Cechalva entre diciembre del 2005 y julio del 2010?», preguntó la jueza. «No. Porque a dicha fecha todavía no tenían la licencia de apertura», explicó la funcionaria. La investigación sobre este caso está todavía abierta y, de hecho, la jueza ha solicitado más documentación.

"«¿Cómo no se dieron cuenta?»"

«Tratándose de una empresa de servicio público, ¿cómo es posible que en el Ayuntamiento nadie se diese cuenta?», planteó la jueza a la jefa de licencias. «No sé qué contestar. Imagino que como son muchas actividades, pocos trabajadores... No sé, es una opinión personal. Una cosa es lo deseable y otra la vida real», dijo la funcionaria, que reconoció que no supo que la empresa era Cechalva hasta el día antes de ir a declarar, el 18 de abril del 2013. La jueza le preguntó qué sanción correspondería a la empresa por la situación. «Supongo -dijo- que deberían de ordenar el cese de la actividad y la reposición, más lo que correspondería por la sanción, pero no le puedo decir». Los investigadores sospechan que alguien no quiso darse cuenta porque no interesaba.

NOVAGALICIA DARÁ TODA LA INFORMACIÓN A LA JUEZA SOBRE LA SUCURSAL DE LUGO
Promete «máxima colaboración» con De Lara para desvelar la caja fuerte de los sobornos

R. Santamarta / la voz  

30 de marzo de 2014

La jueza Pilar de Lara, la encargada de la instrucción de la operación Pokémon, cree que Novagalicia (o NCG) le ocultó la existencia de una caja de seguridad en una oficina de Lugo como cobertura para los sobornos de la trama de supuesta corrupción política, un comportamiento que podría suponer encubrir la comisión de supuestos delitos de blanqueo de capital. La entidad financiera respondió ayer a esas pistas marcadas por la magistrada anunciando su «máxima colaboración» con Pilar de Lara, según manifestó un portavoz oficial: «Se le va a entregar toda la documentación que se nos requiera desde el juzgado, se pondrán todos los medios a su disposición».

La jueza que instruye la operación Pokémon ha solicitado a los responsables de Novagalicia que se identifique a todos los directores y subdirectores que ha tenido desde el año 2008 la sucursal del banco situada en la plaza de Santo Domingo, en el centro de Lugo. Y también ha reclamado documentación sobre el caso al Banco de España. La providencia, dada a conocer el viernes, aún no era conocida oficialmente por los directivos de Novagalicia que, por tanto, todavía no han podido contestar a los requerimientos efectuados por la jueza desde Lugo. Además, todo este asunto le llega a la entidad financiera en plena mudanza, con un nuevo primer ejecutivo al frente (Francisco Botas, procedente del Etcheverría-Banesco, futuro dueño de NCG) y con varios cambios en sus direcciones territoriales, incluida la de Lugo, donde se ha puesto en marcha esta investigación. Según las fuentes consultadas, el banco tampoco ha adoptado hasta el momento ninguna decisión sobre los posibles responsables de aquella oficina en el período de tiempo que solicita la jueza. Y se desconoce tampoco si las tomará próximamente o si esperará a la evolución de las decisiones judiciales en torno a este caso.

Pilar de Lara quiere conocer, además del nombre de las personas que dirigían la entidad, la identificación de los trabajadores que se encargaban de la realización de los controles de la caja de seguridad de la sucursal de la entidad financiera en Lugo, así como de los libros de registro para conocer las visitas a esa zona de la oficina. La instructora trata de aclarar por qué en el libro de asientos de la caja de seguridad sobre la que tiene abierta la investigación solo consta una visita efectuada por el cliente que la tiene arrendada. En la documentación figura que Demetrio Arias acudió en mayo del 2008, pero él declaró a la jueza que visitó la citada caja de seguridad al menos en cuatro o cinco ocasiones. Y esas visitas no están registradas en el libro de control de la entidad financiera.

De Lara se presentó el viernes en la oficina de Novagalicia en Lugo para abrir la caja de seguridad alquilada por la empresa Decon, que creó Demetrio Arias. En la citada caja solo estaban las escrituras de la empresa. Ni rastro de cualquier otro movimiento.

UNA TAPADERA DE PELÍCULA
La empresa que investiga De Lara tenía entre sus fines restaurar filmes

Xosé Carreira / La Voz / lugo  

30 de marzo de 2014

Cuando los agentes de Vigilancia Aduanera le presentaron el resultado de su investigación, la jueza instructora de la operación Pokémon, Pilar de Lara, no daba crédito. El que fue chófer de la grúa de Lugo y su esposa, encargada de cuidar un establo en una aldea de Portomarín, habían creado una empresa que tenía como fines, entre otros «la prestación de servicios cualificados de restauración de obras de arte, mantenimiento, conservación y restauración de material cinematográfico y audiovisual».

Ese era uno de los múltiples objetivos de Decon Construcciones, Servicios y Contratas del Noroeste, S. L. Esta es la empresa de la famosa caja de los sobornos. De Lara comienza a tener pocas dudas de que se trata de una empresa tapadera para dar apariencia de legalidad a los sobornos de 3.500 euros que alguien del grupo Vendex ponía periódicamente en un mensajero para que los acercase a A Coruña y desde aquí hacer el viaje a Lugo como paso previo al reparto entre por lo menos tres personas, entre ellas presuntamente dos políticos.

Las piezas encajan todavía más a los investigadores cuando consiguen comprobar cómo la polémica caja de seguridad fue supuestamente ocultada durante varios años por los responsables de la entidad bancaria, según cree la instructora.

Revisando los fines de la empresa puede decirse que esta servía tanto para un roto como para un descosido. No solo planteaba hacer obras hidráulicas o marítimas, sino que proponía proyectos para ocuparse del mantenimiento de depuradoras redes de agua y, además, para inspeccionar hospitales. Otro detalle significativo es que también preveía servicios de lavandería y como no especifica más y, a la vista, de los acontecimientos la jueza ha pedido a la Comisión Nacional de Blanqueo de Capitales que intervenga para aclarar el caso.

Demetrio Arias, el hombre que aparece detrás de Decon, también quería dedicar la empresa a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Incluso los estatutos le permitían poder montar una agencia de noticias.

Resulta que el contrato que firmó con el grupo Vendex bastantes meses antes de que consiguiese por medio de Doal el contrato de la ORA de Lugo, consistente en revisar los parquímetros de la ciudad, únicamente tendría cabida en uno de los apartados de los objetivos de la sociedad: prestación de servicios de agencias de viajes, control de tráfico y estacionamiento de vehículos.

El hombre, considerado testaferro del exedil lucense Francisco Fernández Liñares, que se embarcó en semejante aventura empresarial, sin tener ni idea del asunto, Demetrio Arias López, cumplirá en noviembre 53 años. Es de Vilaxuste (Portomarín).

Figuró como empleado de la empresa Setex Aparki S.A., la antigua concesionaria de los servicios de la grúa municipal y servicio de la ORA del Ayuntamiento de Lugo entre los años 2000 y 2002, los mismos en los que trabajó en dicha empresa su cuñado Javier Reguera, enlace de Vendex en Lugo y el hombre de los «botes de pintura». Era quien, supuestamente, traía a Lugo el sobre con 3.500 euros y luego los repartía.

Su mujer, que también participa en la empresa, contó en una declaración como testigo en la Pokémon que su esposo fue conductor de la grúa hasta que en 2003 se jubiló a causa de una minusvalía del 33% que le impedía conducir el vehículo.

Vigilancia Aduanera lo sometió a una exhaustiva investigación. En el año 2001 tuvo unos ingresos de 11.463 euros. Estos bajaron considerablemente entre el 2002 y el 2005 hasta que en 2006 comenzaron de nuevo a subir. En 2009 fue cuando obtuvo los mayores ingresos en el tramo comprendido entre 2001 y 2010, concretamente 16.949 euros. De estos, 11.066 se los pagó la pizzería para la que trabajó y el resto el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

La empresa de la caja de los sobornos la creó con su esposa a principios de 2008 con el mínimo capital social necesario, 3.000 euros.

SANCIONAN AL GUARDIA CIVIL QUE FACILITÓ INFORMACIÓN A LIÑARES SOBRE LA OPERACIÓN POKÉMON
Califican la acción de falta grave "por negligencia en el cumplimiento de las obligaciones profesionales"

La Voz
29 de marzo de 2014

El Guardia Civil que acudió a visitar a Francisco Fernández Liñares, el principal implicado en la operación Pokémon, cuando estaba detenido y que le facilitó información sobre el desarrollo de la investigación, fue sancionado con cinco días de sueldo y suspensión de funciones, según asegura la agencia Europa Press. El agente fue sancionado con cinco días de sueldo y suspensión de funciones por una falta grave "por neglicencia en el cumplimiento de las obligaciones profesionales o de las órdenes recibidas".

Las medidas disciplinarias figuran en la cuarta entrega del sumario. El expediente fue resuelto el 21 de junio del 2013. Considera probado que el guardia, cuando se encontraba de servicio el 22 de septiembre del año 2012, acompañó a un compañero a las celdas del acuartelamiento y aprovechando que el compañero fue a calentar la comida de los presos habló con Fernández Liñares. Según consta, "no se limitó a preguntar al detenido sobre sus necesidades higiénicas, sanitarias, alimenticias o personales, sino que, extralimitándose en sus obligaciones, facilitó al detenido la identidad de otras personas detenidas" en la misma operación, al igual que informaciones que estaban publicando los medios.

LA JUEZA CREE QUE EL BANCO LE OCULTÓ LA CAJA DE SEGURIDAD DE LOS SOBORNOS
Pide que se identifique a todos los directores de la sucursal desde el 2008

Xosé Carreira / la voz  

29 de marzo de 2014

La instructora de la operación Pokémon reclama a Novagalicia Banco que identifique a todos los directores y subdirectores de la oficina que dicha entidad tiene en la plaza de Santo Domingo, de Lugo, donde está lo que ya se conoce como la caja de los sobornos. Formula dicha solicitud por considerar que la entidad ocultó la existencia de la caja de seguridad, que fue alquilada por una empresa supuestamente creada como tapadera para dar cobertura legal al pago de sobornos. La magistrada considera que este comportamiento podría estar encubriendo actividades de blanqueo de capitales, por lo que plantea dar traslado a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales para que analice la situación.

De Lara fue el jueves por la mañana a abrir la famosa caja, alquilada a nombre de la empresa Decon, que creó el lucense Demetrio Arias con su esposa aparentemente para lograr un contrato de Vendex, de 3.500 euros mensuales, para revisar los parquímetros de la ORA de Lugo. Esa cantidad era la misma que periódicamente enviaba el citado grupo a Lugo para repartir entre varias personas. En la caja no había más que las escrituras de la empresa, que no dejó ningún rastro de haber realizado algún movimiento ni actividad.

Según la jueza, la entidad bancaria no le comunicó la existencia de dicha caja, «a pesar de la petición de información que le fue enviada el 2 de agosto del año 2010». Destaca que el contrato de arrendamiento fue anterior a esa solicitud, concretamente del 1 de febrero del 2008.

Otro motivo que alega la instructora para pedir los nombres de los responsables de la oficina desde esa última fecha ya citada es el hecho de que la entidad bancaria «no estaba exigiendo» el pago del servicio.

En la cuenta asociada a la caja solo fueron contabilizados dos cargos. Uno del 18 de marzo del 2013 y otro de 24 de enero del 2014, por importe de 325,72 euros con sus respectivos importes en concepto de IVA, de 68,40. El contrato de arrendamiento del cofre estipula que el período de liquidación es anual. Sin embargo, la entidad no hizo ningún cargo en la cuenta hasta el 2013, es decir, cinco años después de abierto el mismo.

Al Banco de España

Pilar de Lara ordena también en su providencia que se dé traslado de estas actuaciones al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y también al Banco de España, por entender que «con este comportamiento se podrían estar encubriendo actividades de blanqueo de capitales, además de infringir la normativa bancaria».

La instructora de la Pokémon advierte que la anterior medida no evita que indague sobre «las correspondientes responsabilidades penales que procede depurar por obstrucción a la justicia y cooperación con un delito de blanqueo de capitales».

Decon, la presunta empresa tapadera, se constituyó meses antes de que Doal (del grupo Vendex) consiguiese el contrato de la ORA de Lugo. A pesar de firmar un contrato para la revisión de los parquímetros por la ya reseñada cantidad, no llegó a presentar declaración fiscal en ningún momento. Tampoco figura dada de alta en el impuesto de actividades económicas. La situación resulta extraña a la jueza y así lo reseña en un auto que dio a conocer en los últimos días.