INTERIOR SUSPENDE A LOS SEIS POLICÍAS CON MÁS IMPUTACIONES EN EL CASO CARIOCA
04/12/2010 - M. Olarte + X. Andrade / El Progreso
El Ministerio del Interior decidió tomar cartas en la situación que se vive en la comisaría de Lugo y suspendió de funciones y parcialmente de sueldo a los cinco agentes que fueron detenidos en el marco de la operación Carioca y a un sexto, únicamente imputado, pero que es inspector de la Brigada de Extranjería y el policía con más rango de los implicados.
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Este tipo de expedientes suelen abrirse de oficio cuando un agente resulta implicado en una causa judicial, pero se dejan en suspenso hasta que hay sentencia firme. Sin embargo, en este caso, el director general de la Policía y la Guardia Civil -mando único de ambos cuerpos- actuó guiándose únicamente por las imputaciones que les atribuye el juzgado de instrucción número 1, en la causa bajo secreto sumarial que investiga las redes de prostitución en Lugo y sus relación con las fuerzas del orden.
De este modo, y según confirmaron ayer fuentes oficiales de la propia comisaría, actualmente seis policías están suspendidos de funciones y con el salario reducido a la mínima expresión, es decir, alrededor de un 70% del sueldo base y antigüedad. Esto supone que, en algún caso, cobran únicamente una cuarta parte. En esta situación se encuentra E.R., inspector jefe de la Brigada de Extranjería, quien en un principio se dijo que había salido libre sin cargos, aunque no fue así.
Tampoco está ya en su puesto el subinspector de la misma división, E.C., quien al parece es uno de los que más imputaciones suma. El resto son el oficial de Policía Judicial M.C.G., con un listado de imputaciones también elevado, y los agentes de escala básica J.M.D.S., L.F.G. y A.F.G., estos dos últimos hermanos y uno de ellos chófer de comisaría hasta que fue apartado del servicio.
En marcha están ya otros cuatro expedientes disciplinarios, que posiblemente también acabarán en suspensiones. Es el caso de otros cuatro agentes relacionados con la operación Carioca, pero que no llegaron a ser detenidos, sino únicamente imputados. Son un inspector del área de Patrimonio, dos agentes de la oficina de denuncias y el módulo de presos del hospital y un policía liberado sindical, que actualmente es secretario en Galicia de la Unión Federal de Policía (UFP).
Las acusaciones contra estos son menores, pero probablemente también acarrearán medidas disciplinarias, porque la Dirección General de Policía tendría difícil explicar que el trato fuera diferente. La suspensión podría extenderse al abogado de Extranjería también imputado.
Alarma social
La razón que se argumenta desde Madrid para suspender a los agentes es la alarma social que produjo la investigación del juzgado que dirige Pilar de Lara. El hecho de que hasta diez policías de una comisaría de 180 -es decir, más de un cinco por ciento, y además de diferentes brigadas y con distintos cometidos- resultasen implicados en delitos relativos a la prostitución, y su consiguiente reflejo en los medios de comunicación, desencadenó en que las suspensiones se hiciesen efectivas ya.
La respuesta a un oficio del juzgado pudo ser clave
La presencia del inspector jefe de Extranjería en los juzgados a los pocos días de declarar como imputado pudo ser clave en estas suspensiones. E.R. acudió en persona al despacho de la jueza para llevarle en mano documentación que la propia magistrada había requerido al jefe de Extranjería, es decir, él mismo, a pesar de que está imputado. Pilar de Lara se mostró sorprendida de que esta persona, en su condición de policía, respondiera a un oficio del juzgado en la misma causa en la que está imputado. A los pocos días fue suspendido junto a los otros cinco policías.
... Y EN LA GUARDIA CIVIL
El cabo encarcelado sigue cobrando y también su jefe, que está de baja.
La Benemérita abrió expedientes a los agentes implicados, pero ninguno acarreó por el momento medidas cautelares
La medida adoptada por el mando único de la Policía y la Guardia Civil no se extendió hasta el momento al instituto armado, cuyo régimen disciplinario es diferente al de la Policía.
El cabo A.L.T., que cumple 14 meses entre rejas, sigue cobrando a fin de mes su salario como agente en la reserva, a la que había pasado unas semanas antes de su detención después de más de 35 años de servicio en el instituto armado. Al parecer se le abrió expediente y éste fue paralizado hasta que se produzca una sentencia firme, a pesar de que él ni siquiera tiene notificación de tal medida.
En diferente situación está su jefe directo, el subteniente J.B.R., por doble motivo. Primero, porque no está en la reserva y segundo porque se encuentra de baja médica desde el día siguiente a su detención. Esto hace que cobre su sueldo íntegro y también evita que tenga que trabajar en su puesto en la Policía Judicial, lo que cualquier día podría llevarlo al despacho de la jueza en condición de investigador de la Guardia Civil, lo cual resultaría paradójico.
Los otros dos guardias imputados son el anterior jefe de la comandancia de Lugo, actualmente destinado en Canarias, y otro comandante que también trabaja fuera de Galicia. En ambos casos se les mantiene en su puesto porque su labor en teoría no interfiere con la operación Carioca.
La Policía Local si tomó medidas con el inspector J.R.V.R., también encarcelado desde hace más de un año, que cobra únicamente un 70% de su salario base. Además, tiene embargada parte de la nómina por una deuda que reconoce y asume.
04/12/2010 - M. Olarte + X. Andrade / El Progreso
El Ministerio del Interior decidió tomar cartas en la situación que se vive en la comisaría de Lugo y suspendió de funciones y parcialmente de sueldo a los cinco agentes que fueron detenidos en el marco de la operación Carioca y a un sexto, únicamente imputado, pero que es inspector de la Brigada de Extranjería y el policía con más rango de los implicados.
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Este tipo de expedientes suelen abrirse de oficio cuando un agente resulta implicado en una causa judicial, pero se dejan en suspenso hasta que hay sentencia firme. Sin embargo, en este caso, el director general de la Policía y la Guardia Civil -mando único de ambos cuerpos- actuó guiándose únicamente por las imputaciones que les atribuye el juzgado de instrucción número 1, en la causa bajo secreto sumarial que investiga las redes de prostitución en Lugo y sus relación con las fuerzas del orden.
De este modo, y según confirmaron ayer fuentes oficiales de la propia comisaría, actualmente seis policías están suspendidos de funciones y con el salario reducido a la mínima expresión, es decir, alrededor de un 70% del sueldo base y antigüedad. Esto supone que, en algún caso, cobran únicamente una cuarta parte. En esta situación se encuentra E.R., inspector jefe de la Brigada de Extranjería, quien en un principio se dijo que había salido libre sin cargos, aunque no fue así.
Tampoco está ya en su puesto el subinspector de la misma división, E.C., quien al parece es uno de los que más imputaciones suma. El resto son el oficial de Policía Judicial M.C.G., con un listado de imputaciones también elevado, y los agentes de escala básica J.M.D.S., L.F.G. y A.F.G., estos dos últimos hermanos y uno de ellos chófer de comisaría hasta que fue apartado del servicio.
En marcha están ya otros cuatro expedientes disciplinarios, que posiblemente también acabarán en suspensiones. Es el caso de otros cuatro agentes relacionados con la operación Carioca, pero que no llegaron a ser detenidos, sino únicamente imputados. Son un inspector del área de Patrimonio, dos agentes de la oficina de denuncias y el módulo de presos del hospital y un policía liberado sindical, que actualmente es secretario en Galicia de la Unión Federal de Policía (UFP).
Las acusaciones contra estos son menores, pero probablemente también acarrearán medidas disciplinarias, porque la Dirección General de Policía tendría difícil explicar que el trato fuera diferente. La suspensión podría extenderse al abogado de Extranjería también imputado.
Alarma social
La razón que se argumenta desde Madrid para suspender a los agentes es la alarma social que produjo la investigación del juzgado que dirige Pilar de Lara. El hecho de que hasta diez policías de una comisaría de 180 -es decir, más de un cinco por ciento, y además de diferentes brigadas y con distintos cometidos- resultasen implicados en delitos relativos a la prostitución, y su consiguiente reflejo en los medios de comunicación, desencadenó en que las suspensiones se hiciesen efectivas ya.
La respuesta a un oficio del juzgado pudo ser clave
La presencia del inspector jefe de Extranjería en los juzgados a los pocos días de declarar como imputado pudo ser clave en estas suspensiones. E.R. acudió en persona al despacho de la jueza para llevarle en mano documentación que la propia magistrada había requerido al jefe de Extranjería, es decir, él mismo, a pesar de que está imputado. Pilar de Lara se mostró sorprendida de que esta persona, en su condición de policía, respondiera a un oficio del juzgado en la misma causa en la que está imputado. A los pocos días fue suspendido junto a los otros cinco policías.
... Y EN LA GUARDIA CIVIL
El cabo encarcelado sigue cobrando y también su jefe, que está de baja.
La Benemérita abrió expedientes a los agentes implicados, pero ninguno acarreó por el momento medidas cautelares
La medida adoptada por el mando único de la Policía y la Guardia Civil no se extendió hasta el momento al instituto armado, cuyo régimen disciplinario es diferente al de la Policía.
El cabo A.L.T., que cumple 14 meses entre rejas, sigue cobrando a fin de mes su salario como agente en la reserva, a la que había pasado unas semanas antes de su detención después de más de 35 años de servicio en el instituto armado. Al parecer se le abrió expediente y éste fue paralizado hasta que se produzca una sentencia firme, a pesar de que él ni siquiera tiene notificación de tal medida.
En diferente situación está su jefe directo, el subteniente J.B.R., por doble motivo. Primero, porque no está en la reserva y segundo porque se encuentra de baja médica desde el día siguiente a su detención. Esto hace que cobre su sueldo íntegro y también evita que tenga que trabajar en su puesto en la Policía Judicial, lo que cualquier día podría llevarlo al despacho de la jueza en condición de investigador de la Guardia Civil, lo cual resultaría paradójico.
Los otros dos guardias imputados son el anterior jefe de la comandancia de Lugo, actualmente destinado en Canarias, y otro comandante que también trabaja fuera de Galicia. En ambos casos se les mantiene en su puesto porque su labor en teoría no interfiere con la operación Carioca.
La Policía Local si tomó medidas con el inspector J.R.V.R., también encarcelado desde hace más de un año, que cobra únicamente un 70% de su salario base. Además, tiene embargada parte de la nómina por una deuda que reconoce y asume.
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