LUGO ANTICORRUPCIÓN

LUGO DEJÓ QUE LA EMPRESA DE LA GRÚA FUNCIONASE 5 AÑOS SIN LICENCIA
La jueza investiga por qué la Policía Local no llevó a cabo inspecciones

Xosé Carreira / la voz  

31 de marzo de 2014

El Concello de Lugo permitió que una empresa encargada de un servicio público, como es el de la grúa para retirar vehículos mal aparcados, funcionase cinco años sin contar con la preceptiva licencia de actividad. Ese es el caso de Cechalva, la polémica sociedad lucense cuyos cuatro socios figuran entre los imputados en la operación Pokémon, la investigación contra la corrupción municipal que dirige la jueza Pilar de Lara. Uno de esos socios declaró que de la caja B de la empresa podrían salir mensualmente 1.000 euros para el alcalde.

La jueza De Lara encargó a los investigadores de Vigilancia Aduanera que rastrearan todos los pasos dados por la institución municipal y, además, que traten de saber por qué no se llevó a cabo ninguna inspección por parte de la Policía Local de Lugo, que es la que debe actuar cuando se detectan situaciones de este tipo de características. Las indagaciones se centrarían en saber si alguno de los imputados pertenecientes a la Policía Local pudo tener algo que ver en esa falta de controles.

Los agentes de Vigilancia Aduanera comprobaron que Cechalva solicitó licencia de instalación en una nave del polígono industrial de O Ceao a finales del año 2005. El permiso le fue otorgado por el Concello de Lugo en mayo del año siguiente. Los investigadores entienden que esa licencia tiene una caducidad de tres meses y que la empresa debería haber obtenido la de apertura. Sin embargo, eso no se produjo hasta el mes de diciembre del 2010, cuando la grúa llevaba ya funcionando cinco años y cuando había estallado la operación Carioca contra la trama de los burdeles, en la que la misma jueza investigaba a uno de los socios de la empresa.

Inicialmente, el Ayuntamiento de Lugo informó a Vigilancia Aduanera de que la licencia de actividad había sido otorgada en una junta de gobierno celebrada el 13 de julio del 2010. Los agentes solicitaron ese acuerdo, pero no llegaron a encontrarlo. Esa circunstancia provocó que la jueza reclamase el expediente e incluso solicitase al secretario del Ayuntamiento una copia compulsada del libro de acuerdos, pero en el año 2010 no había sido otorgada licencia alguna a Cechalva. En algún momento alguien de la institución municipal justificó que la fecha del 13 de julio del 2010 se debía a un error de «corta y pega», pero los investigadores comprobaron que en ese día no se celebró ninguna reunión de la junta de gobierno del Concello lucense.

La investigación refleja que la licencia en precario concedida a Cechalva en el 2006 estaba supeditada a subsanar diversos problemas. Sin embargo, Vigilancia Aduanera no halló ningún movimiento hasta el año 2010. La jueza trata de determinar si la supuesta dejadez municipal pudo deberse a que la superficie de la parcela de la empresa de la grúa había sido manipulada para tener los metros que exigía el concurso para la concesión del servicio.

Un plazo de verificación

Como consecuencia de la situación planteada, la jueza llamó a declarar, en calidad de testigo, a la jefa del departamento de licencias del Ayuntamiento. La funcionaria recordó que una empresa no puede iniciar actividad «hasta que se llevan a cabo las verificaciones pertinentes del local e instalaciones, previa certificación de instalación y cumplimiento de proyecto técnico, y solo cuando tiene licencia de apertura puede iniciar su actividad». También expresó que las licencias de instalación «normalmente establecen un plazo de caducidad de tres meses [...], pero soy incapaz de verificar el cumplimiento del plazo».

«¿Podía funcionar Cechalva entre diciembre del 2005 y julio del 2010?», preguntó la jueza. «No. Porque a dicha fecha todavía no tenían la licencia de apertura», explicó la funcionaria. La investigación sobre este caso está todavía abierta y, de hecho, la jueza ha solicitado más documentación.

"«¿Cómo no se dieron cuenta?»"

«Tratándose de una empresa de servicio público, ¿cómo es posible que en el Ayuntamiento nadie se diese cuenta?», planteó la jueza a la jefa de licencias. «No sé qué contestar. Imagino que como son muchas actividades, pocos trabajadores... No sé, es una opinión personal. Una cosa es lo deseable y otra la vida real», dijo la funcionaria, que reconoció que no supo que la empresa era Cechalva hasta el día antes de ir a declarar, el 18 de abril del 2013. La jueza le preguntó qué sanción correspondería a la empresa por la situación. «Supongo -dijo- que deberían de ordenar el cese de la actividad y la reposición, más lo que correspondería por la sanción, pero no le puedo decir». Los investigadores sospechan que alguien no quiso darse cuenta porque no interesaba.