EL FISCAL NO ASISTIÓ A LA DECLARACIÓN DE UNO DE LOS IMPUTADOS DE LA CARIOCA
Un arquitecto lucense testificó ayer durante casi dos horas ante la jueza
La Voz 4/12/2010
Ningún representante de la fiscalía lucense se presentó ayer para asistir a la declaración de uno de los imputados en el marco de la investigación que lleva a cabo la jueza Pilar de Lara para descabezar la trama de los burdeles. La instructora había citado previamente al arquitecto lucense Manuel Martínez y éste compareció acompañado por un letrado coruñés. Declaró por espacio de dos horas y a la salida se negó a hacer cualquier tipo de declaración, amparándose en la existencia de secreto de sumario. El arquitecto, al parecer, fue acusado por dos mujeres con las que supuestamente estuvo relacionado.
El imputado negó todas las acusaciones que le efectuó la jueza. Así lo puso de manifiesto el letrado coruñés que le asistió, Antonio Platas, quien señaló, además, que su cliente estaba tranquilo. El letrado evitó hacer cualquier tipo de comentario sobre las acusaciones que le efectúan, alegando la existencia de secreto del sumario. En tal sentido recordó que ni tan siquiera se le facilitó a las partes copia de lo declarado.
Incomparecencia de fiscal
Al margen de la declaración de ayer, en la que la fiscalía podría no haber comparecido por no apreciar indicios de delito, los acontecimientos de las últimas semanas en el caso Carioca reflejan, al menos aparentemente, que la fiscalía no está en sintonía con la jueza en lo que respecta a esta operación, la más importante que se lleva a cabo en los juzgados lucenses en años. Además de faltar a declaraciones de imputados, la fiscalía no se mostró partidaria de reclamar el ingreso en prisión de variosde los policías imputados en su momento, a pesar de que la jueza sí era partidaria de ello y llegó a convocar al efecto reuniones entre las partes. Los jueces no pueden acordar la prisión de los imputados si el fiscal opina lo contrario. La instructora de la operación Carioca, después de escuchar sus declaraciones, era partidaria de pedir prisión para algún miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero el fiscal se mostró en contra, alegando entre otras cuestiones que no existían riesgos de fuga.
La fiscalía, en cambio, si pidió prisión para otros detenidos como porteros de los establecimientos de alterne y diversos empleados; aunque finalmente todos ellos fueron quedando en libertad después de que sus abogados interpusiesen recursos y pagasen fianzas.
Un arquitecto lucense testificó ayer durante casi dos horas ante la jueza
La Voz 4/12/2010
Ningún representante de la fiscalía lucense se presentó ayer para asistir a la declaración de uno de los imputados en el marco de la investigación que lleva a cabo la jueza Pilar de Lara para descabezar la trama de los burdeles. La instructora había citado previamente al arquitecto lucense Manuel Martínez y éste compareció acompañado por un letrado coruñés. Declaró por espacio de dos horas y a la salida se negó a hacer cualquier tipo de declaración, amparándose en la existencia de secreto de sumario. El arquitecto, al parecer, fue acusado por dos mujeres con las que supuestamente estuvo relacionado.
El imputado negó todas las acusaciones que le efectuó la jueza. Así lo puso de manifiesto el letrado coruñés que le asistió, Antonio Platas, quien señaló, además, que su cliente estaba tranquilo. El letrado evitó hacer cualquier tipo de comentario sobre las acusaciones que le efectúan, alegando la existencia de secreto del sumario. En tal sentido recordó que ni tan siquiera se le facilitó a las partes copia de lo declarado.
Incomparecencia de fiscal
Al margen de la declaración de ayer, en la que la fiscalía podría no haber comparecido por no apreciar indicios de delito, los acontecimientos de las últimas semanas en el caso Carioca reflejan, al menos aparentemente, que la fiscalía no está en sintonía con la jueza en lo que respecta a esta operación, la más importante que se lleva a cabo en los juzgados lucenses en años. Además de faltar a declaraciones de imputados, la fiscalía no se mostró partidaria de reclamar el ingreso en prisión de variosde los policías imputados en su momento, a pesar de que la jueza sí era partidaria de ello y llegó a convocar al efecto reuniones entre las partes. Los jueces no pueden acordar la prisión de los imputados si el fiscal opina lo contrario. La instructora de la operación Carioca, después de escuchar sus declaraciones, era partidaria de pedir prisión para algún miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero el fiscal se mostró en contra, alegando entre otras cuestiones que no existían riesgos de fuga.
La fiscalía, en cambio, si pidió prisión para otros detenidos como porteros de los establecimientos de alterne y diversos empleados; aunque finalmente todos ellos fueron quedando en libertad después de que sus abogados interpusiesen recursos y pagasen fianzas.
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